Nuestra organización sindical, durante cinco años de denuncia sistemática, ha puntualizado las irregularidades que contiene el proceso de concesión de Puerto Caldera:
1- Inicio. El hoy cuestionado Expresidente de la República, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, pactó con dos organizaciones sindicales la compra de conciencia de los trabajadores para que no se opusieran a la entrega del puerto a manos privadas y renunciaran a defender su derecho fundamental al trabajo.
2- La emisión del reglamento que regularía el proceso, casi un año después de haberse publicado las licitaciones y cuando ya se conocían las ofertas. ¿Un traje hecho a la medida?.
3- Más de 100 modificaciones sustanciales a los carteles de licitación por la vía contractual (incluyendo los dos adendum presentados a última hora).
4- Las presiones de 41 diputados y diputadas a la Subcontralora para que hiciera una aplicación “proactiva” del derecho; sea, para que refrendara los contratos. ¿Funcionó?.
5- Las manifestaciones públicas del Presidente Ejecutivo del INCOP, jactándose de negociaciones extraoficiales con los personeros de la Contraloría, que a lo postre pudieron terminar en dos adendum modificando cláusulas.
6- El incumplimiento por parte del concesionario, de requisitos legales previos, como el estudio de viabilidad ambiental y la aprobación de la estructura tarifaria.
7- El hecho de que el monto inicial pagado por los concesionarios sea insuficiente para cubrir la indemnización prometida a los trabajadores. Seremos los y las costarricenses quienes terminaremos pagando para que empresas privadas se hagan de un jugoso negocio.
Ante esas denuncias, la institucionalidad costarricense ha prestado oídos sordos.
El Presidente de la República ha procedido a acusar recibo y ha guardado un silencio cómplice, que ha permitido que las autoridades del INCOP y del MOPT continuaran con un proceso vergonzoso que culminará con el aumento de la exclusión y la pobreza en la provincia de Puntarenas.
La Asamblea Legislativa, con algunas distinguidas excepciones (como los diputados José Miguel Corrales Bolaños y Humberto Arce Salas, así como los y las de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana), lejos de cumplir con su deber de control político y conociendo de un informe rendido por la Diputada Joyce Zurcher Blen, desnudando los vicios del proceso; le pide a la Subcontralora General de la República que apruebe el contrato, porque no hay otra opción a corto plazo para resolver el “colapso” en el que ha caído el puerto. Se “olvidó” que ese colapso, precisamente, ha sido provocado por los políticos-empresarios y empresarios políticos de los partidos que han controlado el PLUSC bajo el esquema ideológico neoliberal.
Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante Resolución DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, a través de la Subcontralora General, Marta Acosta Zúñiga y del señor Manuel Corrales Umaña, han otorgado refrendo a un contrato que mantiene, en lo sustancial, los vicios de las dos versiones anteriores que fueron rechazadas.
La única esperanza que nos queda para resguardar la alicaída y violada institucionalidad de este país, es el Ministerio Público. Confiamos en que la Fiscalía General de la República proceda conforme a derecho, con las denuncias penales que hemos presentado a raíz de las barbaridades que han ocurrido en este proceso.
No podemos dejar pasar por alto, el papel de alguna prensa nacional que responde a los intereses de aquellos que solo piensan en desmantelar y hacer negocio con las instituciones públicas.
Por ejemplo, el periódico La Nación, gran enemigo de las Convenciones Colectivas de Trabajo, anuncia con bombos y platillos, que los 1.000 empleados del INCOP recibirán indemnizaciones por el orden de los 30 millones de dólares (más de 15 mil millones de colones). Por lo visto tratándose, de proteger un negocio, la Convención Colectiva del INCOP es “buena”, cae al pelo y, por tanto, La Nación la ve como “amiga”.
CALDERA: Otro RITEVE y otra ALTERRA. Ante el refrendo al Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera, nuestra organización sindical se pregunta ¿A dónde acudir en un país en donde los mecanismos institucionales resultan inútiles para hacer respetar el “Estado de Derecho y proteger el interés público” Impotencia, desilusión, frustración, indignación”. Tenemos razón para estar de luto.
Anhelamos, sinceramente, en lo más profundo de nuestro corazón, que el día de mañana a ninguno de esos políticos-empresarios, empresarios-políticos con gran influencia en la institucionalidad vigente; se les ocurra plantear que la Contraloría General de la República “colapsó” y que, por tanto, hay que “darla” en concesión.
Finalmente, muy pronto, muchas familias costarricenses, de esas que ya están en la dolorosa pobreza ó en gran riesgo de caer en ella (muchas encabezadas por mujeres solas); probablemente no entenderán la razón por la cual tendrán que pagar más caro el pan, las galletas y los macarrones (de los pocos artículos alimenticios que se pueden comprar con presupuestos familiares sensiblemente modestos). Seguramente ni se imaginarán que el negocio de la privatización de Caldera se los están cobrando a ellas por esta vía.
San José, 30 de marzo de 2006.
¡Herida de muerte, la patria llora!
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP
