Primero: La parte positiva del proyecto “_Ley de Solidaridad Tributaria_” (expediente legislativo No. 18.270), sus componentes progresivos (como renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras por más “_tímidas_” que fueran), debieron tramitarse primero, en proyecto aparte; de manera tal que la gente, que “_los y las de abajo_”, que la ciudadanía, percibiera que, por vez primera y en muchos años, habría una ley centrada en gravar a las grandes fortunas, a los abultados capitales, a las ganancias generadas en el exterior.
Aquí, también, debió considerarse la aprobación del expediente legislativo No. 17.677, para que la administración tributaria tuviera acceso a las cuentas bancarias en caso de presunción de robo de impuestos, sin que por ello se pusiera en riesgo el secreto bancario.
Es decir, jamás debió mezclarse estos avances tributarios hacia la justicia y hacia la progresividad, con algo tan regresivo como la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA).
Segundo: Debió tramitarse un proyecto de ley de “_contingencia fiscal_”, similar al que se tramitó en la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), gravándose, transitoriamente, altas rentas, consumo suntuario y similares, de forma tal que se habría captado unos dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB); cantidad suficiente para atenuar el impacto actual del déficit fiscal, dando tiempo así a la construcción de soluciones tributarias estructurales profundas con participación ciudadana efectiva.
Tercero: Deberían tramitarse, parlamentariamente hablando, las iniciativas de ley de reforzamiento de la gestión tributaria y de la efectividad, para la satisfacción real de la población, de la inversión y del gasto. Adicionalmente, dentro de estas iniciativas, o bien, separadamente, convendría legislar sobre lo siguiente. A) La creación de una gran comisión político-social, con mandato definido y con término establecido para analizar y emitir recomendaciones y directrices sobre el tema de la evasión y de la elusión tributarias en todas sus manifestaciones, es decir, el robo de impuestos que, según la Contraloría General de la República (CGR), andaría por una cifra entre el 2 y el 2.5 % del PIB. Paralelamente, sobre el tema de las exoneraciones y exenciones de todo tipo, que hoy en día alcanza la escandalosa cifra del 6 % del PIB, según investigaciones de la Universidad Nacional (UNA); dato éste que es validado por el propio Ministerio de Hacienda.
Finalmente, luego de todo este proceso, si hiciera falta, se pondría en discusión lo del IVA, una vez que las señales de que la reforma tributaria se hizo por “_arriba_”, quedaron constatadas debidamente como “_insuficientes_”.
En este asunto del robo de impuestos, impresiona muchísimo la valiente denuncia del señor diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), don Wálter Céspedes Salazar, acerca de la conducta presumiblemente delictiva y evasora, tributariamente hablando, de varios consorcios empresariales del ramo de la construcción, de “_renombre_” en el mercado y que ostentan gran poder político.
El indicado legislador señaló su dedo acusador como grandes deudoras de impuestos a las constructoras Sánchez Carvajal, con 714 millones de colones de “perro amarrado” al fisco; a la empresa Hernán Solís, con 531 millones de colones de deuda; a la firma Pedregal, con 142 millones de colones de deuda.
Igualmente, el diputado Céspedes Salazar mencionó el caso de empresas constructoras que pese a estar en condición de morosas con respecto a sus obligaciones tributarias para con la sociedad, siguen recibiendo contratos de obra pública. Por ejemplo, está el caso de la firma FCC, la cual pese a deber unos 85 millones de colones, se benefició con la adjudicación de la ampliación y rehabilitación de la ruta nacional número 1, en el tramo Cañas-Liberia. O bien, la licitación para el mejoramiento nacional de la ruta No. 152, sección 27 de Abril-Villarreal, se le dio a varias empresas, dentro de las cuales están las firmas RAASA, con una deuda por impuestos de 885 millones de colones; la firma TRAESA, con 324 millones de deuda tributaria y la misma FCC-ALBOSA, con 133 millones de deuda impositiva.
Si bien reconocemos que la gestión tributaria de cobro de impuestos y en contra de la evasión está haciendo un trabajo notable, lo real es que pareciera que tales “_poderes empresariales_” parecen intocables a la hora de demandar cuentas por deudas de impuestos pendientes. Toda la clase política tradicional sabe que este tipo de consorcios empresariales son, por lo general, grandes contribuyentes en campañas políticas para todos los lados, de forma tal que así es como compran una especie de “_inmunidad tributaria_” que hace que el Ministerio de Hacienda les ande de “_larguito_”.
En tal sentido, es inadmisible aceptar que se le pongan más impuestos a “_los y las de abajo_”, si en las alturas ha de continuar el robo, la evasión, la elusión, la exoneración tributarias; y, muy especialmente, la “_inmunidad_” de estos poderes reales para librarse del pago de impuestos.
