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“Estamos indignados por la defensa de la minera destructora del ambiente que realizan los jerarcas que se suponen deben defender el ambiente” dijo Heidy Murillo, presidenta de la Federación Ecologista.
Ese fué el tema central de la concentración que se dió ayer frente al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET, y la Asamblea Legislativa en donde el Ministro Dobles rendía cuentas sobre su proceder en contra del Ambiente.
Un proyecto nefasto
“Llevamos muchos años tratando de detener este proyecto y aunque estamos contentos por el recurso que detuvo a la empresa canadiense, sabemos que todavía no esta ganada la batalla y es por eso que estamos hoy lunes aquí, exigiendo la renuncia de quienes están en cargos de defensa de la ecología y al contrario atentan contra ella” dijo Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de ANEP, y agregó que “lo que sucede en San Carlos no es un caso aislado, ya vemos como en Sardinal, Barva, Guanacaste, las islas, los Parques Nacionales, también están en la mira de estos depredadores neoliberales.
La actividad fué convocada por Frente de Oposición a la Minería de la Zona Norte, la Federación Ecologista y otros grupos y personas. Al mismo asistieron gran cantidad de personas interesadas en defender el ambiente y los recursos naturales fundamentales para la vida.
Heidy Murillo, Presidenta de FECON dijo que “ exigimos que tanto el Ministro como el Viceministro de Ambiente renuncien, con un mínimo de dignidad, a sus cargos ya que no pueden cumplir con la responsabilidad de sus cargos, exigimos la renuncia de aquellos funcionarios que en vez de proteger nuestros recursos atentan contra ellos.”.
El tema ha sido centro de debate de los últimos días, e incluso, una investigación de la Fiscalía pretende delucidar si hubo delito de prevaricato por parte del presidente Oscar Arias y el ministro Roberto Dobles que declararon “de utilidad pública y conveniencia nacional” la actividad minera en Crucitas. Esto provoca serias dudas con respecto a los “intereses” que se ocultan detrás de una disposición que contraviene las Leyes nacionales.
Al día de hoy las operaciones de tala de las 260 hectáreas están paralizadas a la espera de la resolución de la SalaIV, aunque la actividad de la empresa minera continúa.
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