Si bien el Presidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, actuó de manera correcta al solicitar la renuncia del señor Jorge Arturo Sánchez, no se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que no hubiese sido el mismo ex-Presidente Ejecutivo del INVU, quien presentara su renuncia de forma inmediata una vez ocurridos los hechos, sin que mediara solicitud en tal sentido.
Nuestra organización sindical exhorta al Presidente de la República, para que de conformidad con la Directriz de Principios Éticos (Decreto N°33146-MP) emitida a inicios de su gobierno, obligue al señor Jorge Arturo Sánchez Zúñiga a “rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los actos y decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio que resulte apropiada para su cargo.”
Sin lugar a dudas, la prensa, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general, tenemos derecho a exigir la rendición de cuentas de este ex-funcionario público, pues sus actuaciones personales irresponsables trascendieron la esfera de lo privado, pusieron en peligro la vida de la señora Lorna Martínez Aguilar y de muchas otras personas y causaron daños a un bien público.
Compartimos la preocupación de la señora Ministra de Salud al afirmar que estamos en presencia de un funcionario público con problemas de alcoholismo y que requiere ayuda. No obstante, este padecimiento no se debe convertir en un óbice para el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, incluyendo aquellas de índole patrimonial con respecto a la hacienda pública, toda vez que el vehículo que utilizaba el señor Sánchez Zúñiga el día de los hechos, es propiedad del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos.
Hacemos un respetuoso pero vehemente llamado a la señora María Luisa Ávila Agüero en su condición de Rectora del Área Social, para que con base en sus afirmaciones, fortalezca las políticas institucionales de prevención y tratamiento de la problemática relacionada con la dependencia del alcohol, políticas que muchas veces ni se defienden ni se aplican de manera igualitaria para los funcionarios públicos de menor rango.
San José, 23 de junio del 2009.
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
