El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, presentó hoy, a la Asamblea Legislativa, el proyecto Expediente No. 18.259 “_Ley de Contingencia y Solidaridad Tributaria para el Fortalecimiento de la Seguridad Social Costarricense_”, mediante el cual propone cancelar, en un plazo de tres años, la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El parlamentario explicó que, según el reciente _“Informe de Morosidad: Patronal, Trabajadores Independientes, Estado. II Trimestre 2011_”, de esta institución, la deuda del Estado con la CCSS, al 31 de mayo de 2011, incluyendo los montos dejados de girar a los seguros de Seguro de Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte y al Régimen No Contributivo de Pensiones, ascendía a la suma de ¢431.676.100.000.
El proyecto presentado por el Frente Amplio propone recabar ¢132.006.164.438, lo cual permitirá cancelar esa suma en tres años, sin afectar las rentas del salario, mediante impuestos de contingencia sobre las ganancias de capital y al patrimonio, así como por impuestos selectivos al consumo suntuario, como detalla el siguiente cuadro:
Impuestos que se proponen para financiar el pago de la deuda del Estado con la CCSS
El diputado Villalta argumentó que se justifica gravar de manera extraordinaria las utilidades de los Conglomerados y Grupos Financieros porque, estimaciones realizadas a partir de información proporcionada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), durante la década de los 90 y hasta el año 2008, cuando la legislación respectiva varió, estos grupos eludieron el pago del Impuesto sobre la Renta de los capitales que mantuvieron en sus sucursales offshore.
Durante el período 2003-2008, el monto depositado en las offshores, rondaría los 7 billones de colones o un poco más de la tercera parte del PIB de 2011 (7.114.780.462.367 o 34.32% del PIB de 2011).
“_En los años 90 se creó una nueva burguesía en el país, la burguesía financiera privada, y gracias a la existencia de la banca offshore, buena parte de sus capitales nunca aportaron el pago del Impuesto sobre la Renta, lo cual debilitó las finanzas del Estado y enriqueció de manera visible a unos pocos, aumentando la desigualdad en el país_”, reflexionó el diputado.
“_Es, simplemente, un acto de justicia que los conglomerados y grupos financieros aporten hoy al Fisco una compensación extraordinaria, de modo que paguen, en parte, la deuda social que tienen con el país y contribuyan al fortalecimiento de la seguridad social, mediante la cancelación de la deuda del Estado con la Caja_”, agrego Villalta.
Además de este impuesto extraordinario a la renta del sector financiero, el proyecto del Frente Amplio propone una tasa de 22,5% sobre dividendos, acciones en Bolsa, remesas e intereses sobre las ganancias de capital.
También un 0,2% de impuesto al patrimonio, a las apuestas electrónicas, al consumo de cigarrillos, a los aranceles del Registro Nacional y un impuesto progresivo a la propiedad de vehículos.
Todos estos últimos ya demostraron su eficacia recaudatoria cuando fueron aplicados en el año 2002, por la Ley de Contingencia Fiscal.
