Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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“137 millones de dólares se repartirían entre los 1.400 trabajadores de Japdeva a modo de compensación”. Esta fue la frase de primera plana del periódico de negocios La República, en su edición de ayer martes 23 de febrero, al dar cuenta (como lo hicieron todos los demás medios), de la consumación del Golpe de Estado que se le dio a la dirección sindical legítimamente electa del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque se ha estado oponiendo a la mordida, al soborno que los hermanos Arias Sánchez están ofreciendo a todo el personal de tal institución, a cambio de que se acepte, se_ “entregue”_ (como si fuera propiedad particular de ese personal), los muelles de Limón y de Moín.
137 millones de dólares equivalen a unos 80 mil millones de colones que “repartidos” como dice el citado periódico de negocios, haría que a cada una de las 1.400 personas trabajadoras actuales de Japdeva, les tocara, por cabeza, cerca de 60 millones de colones. A esta enorme cantidad por concepto de soborno, de mordida, hay que agregarle el pago de las prestaciones de ley en cada caso, una vez que Japdeva se privatice (como sucedió con INCOP, con los muelles de Caldera y de Puntarenas); amén de que, como parte de la indicada mordida y del repudiable soborno, también se ha ofrecido “pensión juvenil” a los 50 años de edad.
Los hermanos Arias Sánchez, vía Ministerio de Trabajo, le dieron un Golpe de Estado, así con mayúscula y sin comillas, a la dirección legítima del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque durante muchos meses se opusieron al pago de semejante corruptela.
Es tal la desesperación de los hermanos Arias Sánchez por materializar el negociazo de la privatización de los muelles de Limón y de Moín que por medio de ese Golpe de Estado sindical acortaron, ilegalmente, el período de la actual y legítima directiva de SINTRAJAP que había sido electa, en asamblea general totalmente democrática, para que estuviera al mando de este sindicato hasta enero del año entrante, 2011.
Para que el dueto presidencial haya incurrido en un atropello jurídico contra la institucionalidad y la autonomía sindicales, jamás visto en los últimos 25 años, la única explicación que encontramos es la cuantía de las comisiones, de las mordidas que, por debajo de la mesa, debe haber en todo esto.
Si a nivel público, descaradamente, sin pudor alguno, un periódico habla de que 1.400 personas se “repartirán” entre sí, por la “venta” de un patrimonio público que no les pertenece, 80 mil millones de colones; entonces, ¿cuánto se repartirán los que han urdido la pérfida estratagema que ha fructificado en este Golpe de Estado a una dirección sindical que legítima y democráticamente tenía que terminar su mandato hasta enero del 2011?
Don Oscar Arias y don Rodrigo Arias, particularmente, han quedado en total entredicho desde todo de punto de vista ético y moral, no ya en cuanto a lo legal que les merece el más absoluto desprecio. Porque señores hermanos presidentes, aquí cabe preguntarles públicamente: ¿cuál es la naturaleza inconfesable de las negociaciones privatizadoras de los muelles de Limón y de Moín que ustedes han venido desarrollando, a espaldas de la ciudadanía, como para ofrecer, abiertamente, tanta cantidad de dinero, de manera cínica, descarada y en contra de todo precepto legal?…
¿Serán ustedes, sus empresas, sus amigos y socios de negocios, beneficiarios directos y/o indirectos del negocio portuario del Atlántico ahora que lo pasarán a manos privadas?… ¿Se estarían ustedes aprestando o sus pares de negocios, a recibir comisiones por acelerar tal proceso privatizador, cometiendo un atropello jurídico de tantísima gravedad?… Y si fuera así, de que habría plata de por medio y por debajo de la mesa, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando por concepto de comisiones, si públicamente, tan solo la mordida, el soborno para el personal de Japdeva será de 80 mil millones de colones? Escribámoslo con ceros para que la gente que nos lee se percate, si es que se puede, de la magnitud de la cantidad de que estamos hablando: ¢80.000.000.000.00.
Queremos que usted, que nos lee, conozca este nombre: José Joaquín Orozco Sánchez. Es un empleado público de carrera. Es el actual Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A él le pusieron a jugar el triste papel de “sicario administrativo”, pues firmó la ilegalísima resolución que le dio luz verde al Golpe de Estado contra la legítima directiva sindical de SINTRAJAP.
Sentimos mucha pena por el citado servidor, hasta hoy, con una limpísima trayectoria de servicio público, apegada siempre al Estado de Derecho en materia de inscripción de organizaciones sociales. Sabemos que se le obligó a emitir tal resolución. Pero todavía, don José Joaquín, puede usted salvar su honor y su trayectoria cristalina, aceptando las apelaciones que ya se le están presentando. ¿O echará usted por la borda su prestigiosa carrera de servicio público, como ocurrió con el homólogo en su cargo, allá por 1984, cuando la ANEP fue intervenida, ilegalmente (y así más que demostrado después), por el gobierno de entonces, “curiosamente” también del Partido Liberación Nacional?
¿Cuál sindicato sigue?… ¿Cuál cooperativa, cuál asociación de desarrollo, cuál partido político sigue?… El precedente sentado es nefasto para la democracia. El mensaje que se envió es éste: Si una directiva sindical o social es catalogada como “rebelde”, porque se opone a la realización de un chorizo, de una corruptela, de un soborno, para convertir en negocio privado un bien público, pues entonces, quitémosla del camino: démosle un Golpe de Estado para acortarle su legítimo período directivo; y, en su lugar, ubiquemos a una directiva sindical de testaferros para que, a cambio de la venta de sus conciencias, faciliten el negociazo. ¿Se hará así con los hospitales de la Caja?; ¿se hará así con lo que queda del ICE?; ¿se hará así con los acueductos de A y A?… Más claro ejemplo del “concepto arista” de “dictadura en democracia” no se pudo haber dado. Además, el daño en el plano internacional que los hermanos Arias Sánchez ya le han hecho al gobierno por venir, el de doña Laura, es de consecuencias insospechadas, lamentablemente…