Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social UNDECA
Partido Frente Amplio
COMUNICADO DE PRENSA
Jueves 22 de febrero, 2007.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en conjunto con el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río descubrimos que el pasado 7 de febrero la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA) solicitó la imposición de sanciones comerciales en contra de Costa Rica.
Esta solicitud formal la presentó ante el Representante Comercial de Estados Unidos, bajo el argumento de que no se aplican las normas de protección a las patentes sobre medicamentos, contenidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En el documento solicitan a las autoridades comerciales del país norteamericano que tomen acciones agresivas “en todos los niveles” contra Costa Rica, porque, en su criterio, no protegen adecuadamente sus intereses en materia de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos.
“En concreto PhRMA y sus afiliados piden que nuestro país sea incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria, la cual, precisamente, implica la amenaza de sufrir sanciones comerciales por parte de Estados Unidos”, explicó el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría.
La solicitud que busca que nuestra nación sea sometida a dicho procedimiento, se fundamenta en que no aplicamos las normas “ADPIC-plus” contenidas en el Capítulo 15 del TLC, a pesar de que dicho Tratado no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.
Es decir, comentó el secretario general de ANEP, Albino Vargas, que nos quieren sancionar porque no les hemos dado beneficios adicionales a estas empresas, las cuales, están dejando de percibir ganancias por unos $112 millones en Centroamérica.
Con esta situación, quedamos claros que hay un reconocimiento expreso, público y formal de las farmacéuticas estadounidenses de que la aprobación de las normas contenidas en el TLC, implicarían un gran beneficio económico directo, que hoy no perciben.
A su vez, es posible concluir que, si la Asamblea aprueba este Tratado y Costa Rica asume la obligación internacional de adoptar tales medidas, las compañías farmacéuticas percibirían esos millonarios ingresos.
“Este informe es revelador y determinante a la hora de analizar el conflicto de intereses de diversos diputados, como es el caso de la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, Mayi Antillón, de quien hemos demostrado con pruebas documentales, que es cónyuge del representante de Pfizer Inc. y otras compañías farmacéuticas estadounidenses, en Costa Rica”, señaló el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río.
Pfizer Inc. y esas otras compañías farmacéuticas estadounidenses son miembros de PhRMA, por lo tanto, las actuaciones que realice la diputada Antillón en el ejercicio de su cargo a favor de la aprobación del Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC, en la práctica, producirán millonarios beneficios para las compañías de las cuales su esposo es representante, encargado de la defensa de sus intereses en asuntos de patentes y propiedad intelectual.
Es decir, encargado de la defensa de los intereses de estas compañías en los asuntos que producirán tales beneficios económicos, en los asuntos relacionados con el Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC.
Le recordamos a la diputada liberacionista que la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en su artículo 48, sanciona con cárcel de uno a ocho años al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos que otorguen beneficio directo a su cónyuge o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.
NUEVAS EVIDENCIAS DE CONFLICTO DE INTERESES DE DIPUTADA ANTILLON GUERRERO
