Guatemala, 4 de Diciembre del 2009
Debemos dejar de ver al Estado como botín de unos pocos y ubicarlo en su correcta función de servidor para el bienestar de la nación y de su población antes que de las empresas, las fincas y las transnacionales
Al Congreso de la República no le dio la gana aprobar el presupuesto para el año 2010, razón por la cual el Gobierno tendrá que trabajar con el mismo con el que operó durante el 2009. Ese es, al final, el resultado de una larga serie de truculentas maniobras politiqueras, en las cuales lo que menos tuvieron en cuenta todos los partidos políticos de derecha fueron los intereses del pueblo.
Interpelaciones eternas e insustanciales, demoras de todo tipo, reiteradas faltas de quórum, incluso la aplicación de órdenes de captura emplearon las bancadas como recursos para atrasar el proceso de debate. Al final, la UNE, el Patriota, Líder, la GANA, el FRG, en fin, todas las derechas lograron salirse con la suya y mandaron al cesto de la basura la propuesta presupuestaria que había sido presentada para el año 2010.
Bien sabido es que este año que está por concluir, el 2009, para sufragar sus obligaciones hasta Diciembre, el Estado se vio forzado a emitir una considerable suma en bonos del tesoro y a endeudarse con un fuerte crédito destinado a funcionamiento, hecho que era inédito en la vida nacional. Es decir, que no le alcanzó el dinero contemplado en el presupuesto y tuvo que ver qué hacía. Es fácilmente deducible, por lo tanto, que menos aún le alcanzará para cubrir sus gastos en el año próximo, debido al inevitable crecimiento de la demanda y al previsible incremento en los costos.
Este inevitable desfinanciamiento del Estado, del cual pueden generarse severos problemas para la población, no puede mirarse como asunto de poca importancia. Como ocurre en la vida de miles de familias, cuando se gasta más de lo que se recibe, la crisis se agudiza y los efectos de la misma sin duda alguna pesarán, con especial énfasis, sobre los hombros de los más vulnerables, que en este caso son los sectores populares.
Al igual que ocurre en la vida familiar, ese problema sólo encuentra solución cuando se mejoran los ingresos, cuando se reducen los gastos o una combinación de ambas políticas.
En términos del Estado, entonces, el desfinanciamiento sólo se solucionará a través de dos vías complementarias:
(i) mejorándose la recaudación, o sea, incrementándose los montos que el Estado percibe y,
(ii) reduciéndose el gasto público en todos los campos que no afecten la prestación de servicios públicos indispensables, lo cual es obligación indelegable e irrenunciable del Estado mismo.
Para la primera alternativa, es decir, para mejorar la recaudación, a su vez hay distintos caminos por los que puede optarse: (i) Uno es la reforma fiscal, o sea, redefinir los impuestos. (ii) Otro es el de desprivatizar o nacionalizar actividades generadoras de ingresos que fueron entregadas a manos de la codicia de empresas nacionales y extranjeras. (iii) Además, debe considerarse como una urgencia nacional el combate a la evasión, al contrabando y a la corrupción, males generalizados en los cuales diversos sectores privados, incluso del crimen organizado, juegan un rol protagónico. La corrupción no es patrimonio exclusivo del sector público. No olvidemos que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper.
El Gobierno ya planteó una propuesta respecto a la reforma tributaria, pero no ha dicho ni media palabra sobre las otras opciones.
A.- La reforma fiscal:
La actual propuesta del Gobierno contempla nuevos impuestos que, por efecto de cascada, terminan por afectar los bolsillos de los sectores populares. Por ejemplo, los 15 centavos al minuto en la telefonía celular, cifra que las empresas privadas simplemente trasladarán a sus costos de operación y, con ello, a la tarifa que paga mes a mes cada usuario.
Desde el Frente Nacional de Lucha proponemos la urgente necesidad de que, en la reforma fiscal, se contemplen campos como los siguientes:
1.- Gravar con nuevos impuestos las exportaciones de las empresas mineras y petroleras que ya operan. Es sabido que las empresas que extraen recursos desde las entrañas de la Madre Tierra pagan un mínimo ridículo de impuestos, con lo que sólo destruyen el medio ambiente, sin aportar nada al desarrollo del país. El oro, la plata, el níquel, el uranio, el petróleo, entre otros minerales afines, el país simplemente los regala a estas poderosas empresas, cuya avaricia no tiene límite. La Montana, por ejemplo, deja un 1% de su ganancia en el país y se lleva tranquilamente el 99%.
Cierto es que la lucha que ha venido dando el pueblo para que estas empresas depredadoras se vayan del país debe continuar. Pero, mientras estén aquí instaladas, que por lo menos paguen impuestos que compensen el daño que hacen al robarse nuestros recursos sin dejarle al país ni siquiera las migajas. Ya tenemos al ladrón metido dentro de la casa. Habrá, pues, que sacarlo. Pero, mientras tanto, no dejemos que nos siga robando lo que le de la regalada gana.
Nada justifica que la CGN, la Montana, la Basic Resources, entre otras transnacionales afines, se llenen las manos y bolsillos con nuestros recursos naturales, con nuestro sudor e incluso con nuestra sangre. Deben ser expulsadas del país, pero, mientras estén aquí instaladas, que paguen lo que deben pagar. Al Estado le corresponde cobrarles lo que deben, en lugar de ampararlas bajo un manto de impunidad fiscal y penal.
2.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de agro-combustibles. Guatemala ya se convirtió en país exportador de agro-combustibles hacia mercados estadounidenses. El Ingenio Palo Gordo, por ejemplo, exporta ya 120 mil litros diarios de etanol a mercados estadounidenses. Este negocio sólo beneficia a los empresarios que producen y exportan estos productos, y no genera nada en absoluto para el desarrollo del país. Por el contrario, conduce a que la tierra se emplee para producir combustibles que llenen tanques de vehículos en otros países, en lugar de producir el alimento que se necesita para llenar estómagos de niños desnutridos en nuestro propio país. Es una actividad generadora de hambre y pobreza, cuya plus-ganancia nace desde los salarios miserables que pagan durante la zafra. A esa ganancia, construida con el sudor del pueblo, debe cargársele una tasa impositiva que haga justicia.
3.- Cargar con nuevos impuestos a licores y a cigarrillos. Bien sabido es que los licores, (hijos también de la caña de azúcar), así como los cigarrillos, son productos dañinos para la salud. El abuso del licor ha causado enorme daño a la vida de millares de familias. Se trata de artículos sobre los que deben pesar más impuestos.
4.- Aumentarle los impuestos a la publicidad. La publicidad comercial (y dentro de ella debe incluirse a la publicidad para la política, porque los candidatos se venden igual que un desodorante o una gaseosa), en todas sus múltiples manifestaciones, no le deja absolutamente nada a la sociedad. Las vallas publicitarias, los anuncios en la prensa escrita, los spots televisivos, las campañas radiofónicas, todo ello, no genera nada que redunde en beneficio de la sociedad ni, mucho menos, de los sectores populares. Lo que si generan es contaminación visual, auditiva y consumen grandes cantidades de energía eléctrica.
Son meros mecanismos de inducción hacia consumos en muchos casos innecesarios. Son artimañas que se emplean, también en muchos casos, para promover un estilo de vida más que un producto. Y ello con el agravante de que, al final, es cada ciudadano quien sufraga cada centavo de inversión en esas campañas, porque sus costos simple y sencillamente se trasladan al precio de los productos. Es preciso, por ende, ponerle nuevos impuestos a la publicidad para, con ellos, financiar la prestación de servicios públicos esenciales.
5.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de los bancos. El sistema financiero, en su conjunto, no solamente se ha convertido en una trampa para los usuarios del mismo, (los casos de BanCafé, del Banco de Comercio, de los Bancos Gemelos, del IPM, etc., lo demuestran), sino que se ha convertido en una forma de usura legal que genera inmensas ganancias. Estas ganancias deben pagar más impuestos destinables al beneficio del pueblo, aunque, claro, ello no les guste a los dueños de los bancos ni al CACIF.
De hecho, tenemos la certeza de que el CACIF pondrá el grito al cielo y se opondrá con toda su energía a cualquier propuesta de reforma tributaria. Para ellos, “impuestos” es sinónimo de mala palabra. La lucha para que se aplique una reforma que no lesione los derechos de los sectores populares, por lo tanto, no se dará sólo ante el Estado sino, además, ante esa minoría poderosa que se representa en las cámaras empresariales.
6.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de alimentos de los grandes exportadores no así a los pequeños y medianos productores. Los alimentos que se producen en suelo nacional deben destinarse, sobre todo, para satisfacer las necesidades de nuestro propio pueblo. Toda la exportación de alimentos, sobre todo en el caso del azúcar, significa que menos tierra se dedica a la producción de los alimentos que necesita, con urgencia, nuestro pueblo. En consecuencia, deben fijársele nuevos impuestos a estas exportaciones, por cuanto contribuyen a la multiplicación del hambre y de la desnutrición crónica a lo largo y ancho del país.
7.- Cargarle fuertes impuestos a la comercialización, tenencia y portación de armas y municiones. Es obvio que la creciente violencia se estimula a partir de un fácil acceso a armas y a municiones. Ambos rubros deben gravarse con nuevas cargas impositivas que limiten su trasiego, su tenencia y su portación.
8.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de las empresas de televisión monopólicas. En Guatemala, un solo dueño controla todas las frecuencias de televisión nacional. Y se trata de un empresario mexicano. Las jugosas ganancias que extrae del país este señor deben ser sujetas a mayores cargas tributarias, aparte de que se debe legislar para romper con ese monopolio.
Pero, además de los nuevos impuestos a los que se ha hecho mención, es necesario garantizar que el Estado destine los recursos que obtenga por esa vía, de manera exclusiva, para cubrir los costos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad alimentaria, trabajo, vivienda, caminos y otros afines. Son abundantes los ejemplos de mal uso o destino de los recursos del Estado. Deben, por ende, fijarse candados legales que impidan que los recursos captados se desvíen hacia otros fines. Deben, necesariamente, destinarse hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales para la prestación de servicios púbicos de calidad, accesibles y suficientes, para lo cual es preciso que se inviertan en ellos mejores presupuestos.
B.- Reducción del gasto público:
Para financiar las obligaciones sustantivas del Estado, el gasto público puede reducirse, sin afectar los derechos irrenunciables del pueblo, a través de varias vías:
1.- Reducción de salarios de funcionarios de alto nivel en todo el aparato estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), quienes, a pesar de ser este un país no desarrollado, ganan salarios principescos en todas las instituciones públicas.
2.- Reducción de gastos de representación y gastos confidenciales en todo el Estado. Estas partidas presupuestarias, que abundan, deben desaparecer por cuanto se prestan a todo tipo de corruptelas.
3.- Reducción de gastos en publicidad en todo el Estado. De esta manera, además, se elimina, por lo menos en alguna medida, la posibilidad de que, desde el día mismo en que se sientan en las sillas en las que el voto popular los ubica, los políticos de derecha empleen los recursos del Estado para hacerse propaganda.
4.- Reducción de gastos en eventos públicos desde el Estado.
5.- Reducción del gasto en un ejército que no presta ningún servicio al desarrollo del país y que, más bien, se ha convertido en una carga pesada e inútil al presupuesto. Se necesita invertir en medicinas, no en municiones. Es preciso poner más camas en los hospitales y no en los cuarteles. Se debe invertir en ambulancias y no en vehículos militares. Debe pagarse personal entrenado para dar vida y no para matar.
C.- Nuevas fuentes de ingresos:
Para mejorar la recaudación a favor del Estado y que se cuente con recursos financieros suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos adecuados, accesibles y de calidad, debe plantearse la nacionalización de áreas estratégicas que han sido entregadas a manos de empresas privadas, de consorcios, que se llevan del país jugosas ganancias, con las cuales se podrían pagar todos los gastos necesarios en salud, educación, vivienda, etc.
1.- Nacionalización de la telefonía. Más que un impuesto a la telefonía celular, debe procederse a la nacionalización de esta actividad económica. Telefónica, Claro, Tigo, etc., no le han dejado al país nada bueno. Solamente han servido para encarecer los costos y llevarse cuantiosas ganancias. A cambio, incluso, de un pésimo servicio de telefonía, que emplea todo tipo de maniobras y artimañas sin control para estafar al usuario.
2.- Nacionalización de la energía. Unión Fenosa e Iberdrola han saqueado al país. Solamente por concepto de VAD, se llevan anualmente más de 400 millones de dólares, (3.200 millones quetzales), cantidad suficiente para abastecer debidamente a toda la red hospitalaria del país. Y eso es sólo por el VAD. La ganancia que al final se llevan puede llegar al doble de eso. Esos recursos deberían ser administrados por el Estado, y eso es lo que piden las comunidades en todo el territorio nacional.
Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestro firme apoyo a una propuesta de reforma tributaria que contemple los conceptos arriba descritos. Con idéntica firmeza rechazamos cualquier impuesto que termine por salir desde los bolsillos del pueblo.
Instamos al Gobierno de la República a promover una reforma como la descrita y a no permitir que el CACIF se siga saliendo siempre con la suya.
¡LA LUCHA SIGUE!
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Organizaciones españolas exigen a gobierno de Zapatero y a Unión Fenosa responder por muerte de trabajador en Guatemala.
