En el proyecto de ley de presupuesto extraordinario enviado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, se incluyen más de 5 mil millones de colones sin especificar su destino, constituyendo estas partidas encubiertas “cheques en blanco” para que el gobierno las reparta a su antojo, denunció el diputado José Merino del Río.
“Mientras el Tribunal Supremo de Elecciones se niega a brindar garantías democráticas para un referéndum limpio y honesto sobre el TLC, el gobierno sigue disparando el gasto público en la campaña a favor de este tratado”, aseguró el legislador del Frente Amplio.
Se ha denunciado que el presidente de la República, ministros y diputados ofrecen, en actos oficiales, bonos de vivienda, becas, pensiones y otro tipo de recursos públicos, financiados por todos los costarricenses, a cambio de votos por el sí en el referéndum, a lo que ahora se sumarían cuantiosos recursos del presupuesto, lo que para el diputado Merino es “ilegal e inmoral”.
En el proyecto de ley de presupuesto extraordinario se incluyen partidas, asignadas sobre todo a los Ministerios de Trabajo y Gobernación, por más de 5 mil millones de colones, para transferencias a asociaciones, fundaciones y municipalidades, sin que se indique las beneficiarias, ni los montos, ni para qué se utilizarán, explicó.
“Una muestra evidente de que se trata de un botín político y de que se están utilizando estos recursos para hacer campaña a favor del sí en el referéndum, es la denuncia publicada en el Semanario Universidad, donde un asesor de la diputada Antillón Guerrero, admite que en este presupuesto están incluidos 7.5 millones de colones para una asociación de Curridabat a través de DINADECO, al igual que la constatación sobre la inclusión de recursos para la fundación familiar de un diputado”, dijo el diputado Merino.
“Por qué el Ministerio de Hacienda no desglosa y especifica quiénes serán los beneficiarios y para qué se destinarán los recursos contemplados en las partidas de transferencias? ¿Serán los diputados y diputadas del PLN quienes distribuirán estos dineros?” se preguntó.
El diputado Merino indicó finalmente que este proyecto de ley “no cumple con el principio de programación presupuestaria”, lo que no es casualidad, ya que se hace con el fin de que no se pueda efectuar una labor de efectivo control político, al desconocerse cuáles son las metas del Poder Ejecutivo y el destino de los recursos.
