San José, 30 de mayo de 2011.
S.G. 09-11-1701-11
Doctor
Fernando Herrero Acosta
Ministro
Ministerio de Hacienda
Estimado señor Ministro Herrero:
Con el respeto de siempre, reciba usted nuestro más atento saludo.
Hoy más que nunca, en un escenario de creciente desigualdad social que representa, según nuestra visión, el problema número uno del país en las actuales circunstancias sociohistóricas y económicas, la imperiosa necesidad de una profunda transformación tributaria estructural emerge con incuestionable potencia y legitimidad. Al respecto, compartimos con usted unas primerísimas ideas al respecto.
I. ¿POR QUÉ COSTA RICA NECESITA ESA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTUURAL EN LA CUESTION TRIBUTARIA-FISCAL?
Cualquier comparación internacional con países de desarrollo similar, muestra que no existe una relación razonable entre lo que esperamos del Estado y lo que contribuimos para su financiamiento. Debemos alcanzar una mayor carga tributaria por medio de ingresos tributarios que fortalezcan la progresividad del sistema y nunca su regresividad, es decir, que graven a las personas con mayores ingresos y no a los de menores ingresos.
Sin embargo, mejorar los ingresos del Estado no lo es todo. Casi todos los gobiernos proponen y consiguen aumentar sus ingresos por medio de lo que, comúnmente, hemos denominado “paquetazos tributarios”. Esto generalmente se ha logrado por medio de impuestos indiscriminados, que perjudican a todas las personas por igual sin importar sus ingresos; que además son utilizados de manera arbitraria por economistas y gobernantes, y por medio del recorte arbitrario de los gastos y de la inversión social y productiva. En particular, se han venido imponiendo tesis que reflejan su fundamentalismo fiscalista; es decir, se nos ha impuesto la tesis de que es más importante la “salud” de los números de la economía, en general, que el bienestar socioproductivo de las personas, en particular.
II. CON RELACIÓN AL AUMENTO DEL GASTO
¡Claro que se necesita mayor eficiencia en el gasto, pero indudablemente se requiere más gasto por persona!
• El país no ha recuperado el nivel de inversión social por habitante que tenía antes de los años 80. En el 80 el Estado invertía más de 268 mil colones por persona. En el 2009 invertía 244 mil colones por persona, es decir, no se ha alcanzado el nivel de gasto por persona de 1980, es decir, antes de la crisis. Más bien, se redujo.
• Con esos menos recursos se debe financiar todo lo que se hacía antes, y además cosas nuevas, como nuevos derechos: por ejemplo necesidades de personas con discapacidad que antes el Estado no tenía en cuenta.
• Otra línea de cosas nuevas tiene que ver con nuevos riesgos sociales: la necesidad de una red social de cuido no existía de la misma manera que ahora hace 25 años, ya que en ese entonces sólo tres mujeres de cada diez eran parte de la Población Económicamente Activa (PEA), a diferencia de lo que sucede actualmente cuando cerca de 5 mujeres de cada diez forman parte de la PEA.
• También la emergencia de nuevos tipos de familias; el alargamiento de la esperanza de vida que, por suerte, ha aumentado, en buena medida, por el éxito del Estado Social de Derecho, pero plantea nuevos desafíos.
• Ni la oferta educativa que tenía antes el Estado es suficiente, ni la atención de las personas adultas mayores se reduce a una pensión.
• En 25 años la sociedad ha cambiado mucho y, por lo tanto, no sólo existe el reto de hacer bien lo que antes hacía, sino asumir nuevos retos que requieren mayor inversión social y productiva.
• Además, Costa Rica hoy, si nos fijamos en la distribución primaria, es decir, en lo que recibe la gente por sus ingresos por salarios, es en este momento un país promedio en Latinoamérica. Si es el segundo país más equitativo en América Latina, después de Uruguay y sacando a Cuba, es por el papel del gasto social que compensa en alguna medida la desigualdad social. En este momento tenemos la mayor desigualdad social desde 1987: 0,43 según el coeficiente de Gini, pero si se quitara el gasto social, el coeficiente de Gini sería superior al 0.50 (este índice va de 0 a 1, y mientras más cercano a 0 se esté el país es más igualitario, y mientras más cerca de 1 esté el país es más inequitativo).
III. PRINCIPIOS A CONSIDERAR PARA ESTA TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL-FISCAL:
Los siguientes principios de lo que comúnmente se denomina como “Pacto Fiscal”, deben ser leídos con criterios de gradualidad e integralidad:
1. El gasto público en general, y el gasto social en particular, incluyendo el destinado a fortalecer el sector de economía social, debe, por una parte, promover la productividad, la movilidad social ascendente, la integración social, y la reducción sistemática de la pobreza; y por otra, a proveer a la sociedad con aquellos bienes y servicios indispensables y estratégicos para el bienestar de todos sus habitantes.
2. El país debe aumentar sus ingresos corrientes, incluyendo su carga tributaria por el lado de “los de arriba”; así como asegurar la racionalidad y la efectividad del gasto, tendiendo a que los gastos corrientes sean financiados con ingresos corrientes, salvo de manera temporal y debidamente justificada. Sólo los gastos de capital se financiarán mediante endeudamiento, entendiendo éstos en sentido amplio, que no se restringe a la inversión en bienes depreciables.
3. El nivel de endeudamiento requerido para financiar la inversión pública debe definirse en función de las prioridades nacionales de desarrollo, del retorno social de las inversiones que se van a financiar, de la capacidad de endeudamiento del sector público y de las consecuencias sobre las tasas de interés internas y la estabilidad macroeconómica del país, y no en función de límites arbitrarios en cuanto al peso de la deuda con relación al PIB.
4. Los ingresos tributarios cumplen un papel en la distribución de los ingresos de la sociedad. Por ello, los ingresos tributarios deben ser progresivos y diseñarse en función de la capacidad económica de quienes contribuyen.
5. Los presupuestos públicos tienen que responder a la planificación estratégica, ejecución y evaluación de políticas de Estado, y no sólo de políticas de gobierno. Para ello, además de presupuestos nacionales anuales, deben prepararse periódicamente presupuestos de mediano y largo plazo relacionados con las áreas estratégicas de gasto e inversión, en concordancia con el plan nacional de desarrollo, la programación macroeconómica, y los planes sectoriales e institucionales de desarrollo.
6. Los presupuestos nacionales deben ser un instrumento de desarrollo, y no simplemente el reflejo de las decisiones de gasto y los compromisos adquiridos en el pasado. El conjunto de medidas comprendidas por un “Pacto Fiscal”, debe tener como uno de sus resultados una considerable flexibilización de los presupuestos nacionales (que en la actualidad se encuentran en buena medida predeterminados), de manera que el debate parlamentario sobre el presupuesto sea un ejercicio democrático de discusión de prioridades, objetivos y métodos de la acción pública, en el marco del plan nacional de desarrollo de largo plazo, y no un ejercicio burocrático en que no queda más remedio que aprobar lo que ya es inevitable pagar.
7. La sociedad civil tiene derecho a conocer y a decidir sobre el uso que se hace de los recursos públicos. El seguimiento, la evaluación de impacto e incidencia de los fondos públicos y la rendición de cuentas sistemática y periódica, constituyen un componente de los presupuestos nacionales y de las políticas y acciones definidas en el plan nacional de desarrollo. Para ello debe existir información oportuna, completa, válida, relevante y verificable, tanto gerencial como ciudadana, así como mecanismos que sancionen o reconozcan el adecuado cumplimiento de la función pública.
Con base en estas consideraciones, sumamente generales, se podría desarrollar un constructivo debate en condiciones de definición compartida. A la ANEP no solamente le interesa ahondar en lo que aquí planteado; sino, en insistir en nuestros planteamientos expuestos ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el pasado 8 de febrero del año en curso, con ocasión de nuestra comparecencia sobre el proyecto de impuestos por usted defendido; sino que, será una interesantísima oportunidad para reiterar ante la opinión pública nuestra propuesta integral de “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, cuyos contenidos globales y particulares siguen fuertemente vigentes.
Con el mayor respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
C.c.
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
Lic. Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa.
Honorables señores y señoras, Ministros y Ministras de Estado, Consejo de Gobierno de la República.
Honorables Fracciones Parlamentarias, Asamblea Legislativa.
Honorable Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Honorable Consejo de Presidencia de Seccionales de la ANEP.
Honorable Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Honorables Juntas Directivas Comités Seccionales de la ANEP.
Estimables compañeros y compañeras Anepistas.
Grupos socio-productivos, “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
Movimiento Sindical Costarricense y organizaciones de la sociedad civil.
Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
Honorable Comisión Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica.
Honorable Iglesia Luterana Costarricense.
Honorables señores y señoras Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
Honorables señores y señoras, Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
Honorables señores y señoras, Cámara de Empresarios Por Costa Rica.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.
