La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, comunicó al diputado José Merino del Río que la Institución que encabeza solicitará directamente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un estudio sobre el impacto de las normas de propiedad intelectual incluidas en el TLC con los Estados Unidos, en el sistema nacional de salud pública y el derecho humano de acceso a los medicamentos.
De esa manera fructifica con éxito la gestión del parlamentario del Partido Frente Amplio, que antes había intentado que dicho estudio fuera pedido por la Comisión de Relaciones Internacionales y el Directorio de la Asamblea Legislativa, asunto que fue bloqueado sistemáticamente por la fracción oficialista y sus aliados.
Según el diputado Merino el estudio que la OPS efectuó en Colombia, sobre el impacto de fortalecer las medidas de propiedad intelectual en los TLC en el mercado de los medicamentos y en los sistemas de seguridad social, muestra hallazgos alarmantes; ya que establece que si ese país “acepta condiciones similares a las de los países centroamericanos para mantener el consumo de medicamentos tendría que incrementar el gasto en $940 millones hacia el año 2002, la industria colombiana sería desplazada del mercado por las transnacionales farmacéuticas, y los gastos de la seguridad social se incrementarían en $163 millones”.
Igualmente los resultados para Perú según el estudio de la OPS para ese país serían desastrosos, pues según Merino del Río,_ “se ha establecido que 10 años después de la eventual entrada en vigencia del TLC, tendría un gasto adicional en medicamentos de $200 millones, de los cuales $110 millones tendrían que ser cubiertos por las economías familiares”_.
La doctora Quesada indicó en su respuesta al legislador del Frente Amplio que este estudio técnico que solicitará “proveniente de una organización del prestigio de la OPS, tendiente a constatar la forma en la cual la eventual firma del Tratado de Libre Comercio pueda incidir sobre el derecho a la salud de los habitantes de la República y el sistema de seguro social costarricense, merece todo el interés y el respaldo por parte de esta Defensoría”.
