En lo conceptual, un plan nacional de empleo debe reafirmar al menos tres criterios: primero, que el trabajo, en todas sus expresiones, no es solo un factor de producción sino el medio que permite sustentar una vida digna; segundo, que el mercado laboral es el ámbito en el que se realiza la distribución primaria del ingreso y donde se integra lo económico y lo social; y tercero, que el empleo no puede ser un subproducto derivado de otras políticas públicas, sino parte esencial de una visión integral de desarrollo.
En lo institucional, cualquier iniciativa que pretenda crear nuevos
puestos de trabajo justamente remunerados y que se ejerzan en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana, como señala la OIT, debe ser el resultado de un proceso de concertación tripartita, en el cual las organizaciones laborales y
empresariales, junto con el gobierno, negocien acuerdos generales y sectoriales que tomen en cuenta tanto los intereses particulares como los nacionales.
Estos acuerdos deben lograrse dentro de un marco normativo que garantice su cumplimiento y que permita no solo el monitoreo y evaluación de los resultados, sino también la revisión y ajuste de lo convenido conforme se modifica el contexto macroeconómico.
El Consejo Superior de Trabajo, que existe como órgano consultivo del Ministerio de Trabajo, podría ser el mecanismo institucional en el cual se dialogue y se concreten acuerdos de carácter vinculante. Se requeriría, sin embargo, que el Consejo evolucionara de órgano
deliberativo a decisorio, y que se incorporaran otros actores de la esfera oficial y del sector productivo.
En lo sustantivo, una política de empleo debe tomar en cuenta tanto la demanda como la oferta de trabajo, así como las condiciones en que el trabajo se realiza.
Desde la perspectiva de la demanda, hay una diversidad de temas a considerar, incluyendo los más globales que tienen que ver con los cambios en la estructura productiva, donde la innovación tecnológica impone nuevas modalidades de empleo y la inserción internacional exige respuestas diferenciadas del capital y de la mano de obra, realidades a tomar en cuenta sin vulnerar garantías y derechos esenciales.
Otros aspectos tales como estímulos a la inversión, incentivos para zonas marginales, desarrollo de micro y pequeñas empresas, apoyo al sector de economía social y fomento productivo en general, deben ser incluidos también en el análisis de la demanda de trabajo y en los compromisos tripartitos.
Por el lvado de la oferta de mano de obra, un objetivo básico refiere a mejorar las capacidades de las personas para su inserción en el mercadode trabajo, por lo que la formación ocupacional debe ser prioritaria. De igual manera se requiere crear condiciones adecuadas para que las personas puedan superar barreras de entrada. La conformación de una “red de cuido” sería un paso importante en esa dirección.
Finalmente, en lo que corresponde a la calidad del empleo y el entorno en que este se materializa, debe asegurarse el respeto a las normas laborales, ambientales y sociales; aplicarse una política salarial que tome en cuenta las variaciones en la productividad; y las garantías laborales reconocerse como inversión social y no como gasto que amenaza la competitividad.
