– 80 % de los ingresos lo tiene el 16 % de la población – Formulamos convocatoria pública a acción gremial y laboral unitaria
1- Sin duda alguna, la clase trabajadora asalariada del sector Público se lanzará a las calles para defender su aguinaldo. En la misma línea se actuará para defender el presupuesto de los programas sociales destinados a la población más pobre de nuestro país. Las personas pensionadas cuyo ingreso depende del Estado, en tal condición, harán exactamente lo mismo: en la calle defenderán sus derechos.
2- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formula un llamado unitario de emergencia, a todos los gremios, sindicatos y entidades laborales de los distintos sectores institucionales de la administración central del Estado y de sus entes adscritos a la misma, para que nos alistemos a las convocatorias de calle necesarias y enfrentemos, decida y contundentemente, de manera unitaria, mayores perjuicios, sufrimientos y congojas para quienes nada debemos con relación a la tan traída y llevada crisis.
3- Rechazamos, tajantemente, que los efectos de la crisis sean pagados por la clase trabajadora asalariada con empleo formal; que sean pagados por la clase trabajadora del mercado informal; que sean pagados por las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ninguno de estos sectores es responsable del desastre fiscal que vaticina la señora Ministra de Hacienda, doña Jenny Phillips.
4- Por el contrario, se impone, es urgente, no puede postergarse, la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural por el lado de la renta y que afecte, únicamente a las grandes fortunas, los abultados capitales, la concentración de la riqueza.
5- Es completamente inmoral, antiético, atentatorio de todos los valores sublimes del humanismo cristiano y de la justicia social, que (datos del Estado de la Nación), el 16 % de la población acapare el 80 % del ingreso nacional. Aquí reside la verdadera esencia de la crisis de ingresos fiscales que ya nos anunció la distinguida señora Ministra de Hacienda.
6- Existe un criterio muy fuerte, compartido desde varias visiones sociopolíticas y filosóficas, de que Costa Rica debe aumentar su carga tributaria entre un 2 y un 3 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), si queremos, como país, en verdad y con sentido estratégico, atacar de raíz la pobreza y propiciar condiciones para una recuperación de las sendas de la equidad en combate abierto contra el crecimiento de la desigualdad.
7- Nosotros insistimos en que ese aumento de carga tributaria debe ser por el lado de los grandes capitales acumulados bajo el alero de las políticas macroeconómicas y financieras de sesgo neoliberal, imperantes en los últimos cinco gobiernos.
8- Responsabilizamos desde ya y de manera directa, al señor Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, de todas las consecuencias derivadas de esta fuerte crisis en las finanzas públicas.
9- A cambio de que se diera la aprobación del TLC con Estados Unidos, él se comprometió a propiciar la necesaria reforma tributaria que ello implicaba, absolutamente imprescindible por el impacto negativo en la recaudación arancelaria de ese tipo de TLC. Aprobado lo primero, “renunció” a lo segundo y hoy, su propia Ministra de Hacienda, nos indica las graves consecuencias en las finanzas públicas de esa “renuncia”.
10- Lo más grave del asunto es que la persona sucesora que don Oscar quiere dejar en el cargo presidencial, la señora doña Laura Chinchilla Miranda, ya anunció que la reforma fiscal no será prioridad en su eventual gobierno.
11- Así se lo prometió a uno de los poquísimos grupos ganadores (quizás, el principal), de las políticas neoliberales de los últimos años: la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Es más, se comprometió a dejar al señor Francisco de Paula Gutiérrez, en la presidencia del Banco Central de Costa Rica. Como sabemos, este ciudadano es uno de los principales ideólogos neoliberales, actor directo del proceso de concentración de la riqueza que sufrimos y que amenaza a la democracia costarricense.
12- En este escenario de cataclismo fiscal, según nos lo da a entender la señora Ministra de Hacienda, muestra toda su inmoralidad la aberrante “mordida” ofrecida al personal de JAPDEVA, a cambio de que acepten la privatización de los muelles de Limón y de Moín. La escandalosa pretensión de repartir casi 80 mil millones de colones entre 1.300 personas trabajadoras, merece la más contundente condena política y social.
13- Por tanto, es más que necesario un replanteamiento estratégico para propiciar un cambio de correlación de fuerzas a favor de los intereses de los sectores sociales, populares y medios, los grandes perdedores de un modelo de desarrollo excluyente, concentrador de riqueza y corrupto.
14- Nos encontramos en un urgente período de análisis con relación a las propuestas del Gobierno de la República para enfrentar, superficialmente, este grave problema, según nuestra perspectiva.
15- Nos referimos, por una parte, al préstamo por 500 millones de dólares que se pretende convenir con el Banco Mundial (expediente legislativo No. 17.452), para cubrir faltantes temporales de liquidez presupuestaria; y, por ende, la conveniencia o no, de que se financie gasto corriente con endeudamiento. En próximos días emitiremos nuestra posición oficial al respecto.
16- También, hemos venido analizando la iniciativa del Gobierno para gravar con un impuesto del 2 %, los ingresos totales de la actividad de los casinos, las apuestas electrónicas y las salas de juegos, con las excepciones de rigor por los fines sociales y benéficos de cierto tipo de estas actividades.
17- Por otra parte, será necesario establecer cuánto de la caída en los ingresos fiscales obedece a la implementación del TLC con los Estados Unidos, pues bien se alertó muchísimo desde el Movimiento Patriótico del NO al TLC que ello ocurriría con las reducciones arancelarias, muchas de ellas descomunales, establecidas en ese tratado impuesto al pueblo.
18- Finalmente, destacamos que sí existen opciones para enfrentar la crisis, sin castigar al pueblo trabajador en sus diversas categorías, sin castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
19- La propuesta de diversos sectores sociales sumamente representativos, “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, permite abrir espacios de diálogo social para encontrar salidas compartidas. Lastimosamente, el actual y ya saliente Gobierno, trató con desdén y con prepotencia nuestros llamados en tal sentido.
20- Como indicamos al principio, el escenario de la calle parece que emergerá de nuevo y en época electoral.
San José, sábado 19 de setiembre de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP
