Conferencia de Prensa en la ANEP
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Albino Vargas compara el gasto de la “mordida” con el dinero que se necesita para crear una Red de Cuido.
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En conferencia de prensa Albino Vargas Barrantes y el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, dieron a conocer la acción legal interpuesta contra lo que consideran “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal y que dejaron plasmado en una reforma a la Convención Colectiva del Sindicato SINTRAJAP con la complicidad de una junta directiva espúrea, servil”.
Antecedentes nefastos
La legítima Junta Directiva de SINTRAJAP, liderada por el Secretario General Ronaldo Blear Blear, fué destituida por el gobierno de los hermanos Arias Sánchez con el fin de montar a dirigentes dóciles y así poder hacer una modificación en la Convención Colectiva y privatizar los muelles de Limón y Moín.
A esta privatización se opusieron siempre los dirigentes legítimos de SINTRAJAP y los trabajadores y trabajadoras que en su mayoría apoyó siempre esta oposición.
Una vez “legitimada” la espúrea junta directiva, realizaron modificaciones en la Convención Colectiva de Trabajo para lograr la privatización, pagar el chantaje de $137 millones y la pensión juvenil de trabajadores y trabajadoras a los 50 años.
Acción de inconstitucionalidad
Todas esas acciones son consideradas por los dirigentes legítimos de SINTRAJAP, la ANEP y el propio diputado Villalta como de inconstitucional.
Ante ello presentaron el día de hoy ante la prensa el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva reformada.
“Debemos ser claros de que no estamos en contra de las convenciones colectivas de trabajo, no estamos en contra de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA. A lo que nos oponemos es al ilegal chantaje y los privilegios que quedaron plasmados en esa reforma convencional”, dijo Vargas Barrantes, y agregó que_ “no es posible que se diga que no hay dinero para poder poner a funcional la Red de Cuido ofrecida por la Presidenta Laura Chinchilla Miranda y para la cual se requieren $28 millones y para chantajear a 1.500 trabajadores si hay $137 millones. Con esos 80 mil millones de colones se podrían hacer tres veces las Redes de cuido y beneficiar a más de 100.000 niños y niñas de escasos recursos.”_
Por su parte el diputado Villalta fue enfático al decir que “como diputado he decidido interponer este Recurso de Inconstitucionalidad porque considero absolutamente ilegal el procedimiento y el privilegio que se está dando con 1.500 trabajadores, porque considero ilegal e inmoral el chantaje, la compra de conciencia que quedó plasmada en esa reforma convencional”.
El diputado del Partido Frente Amplio también hizo un llamado a aquellos que “sin razón o fundamento alguno, interpusieron recursos contra las convenciones colectivas de varias insituciones, para que ahora aparezcan, que den la cara en contra de este verdadero privilegio y soborno a 1.500 trabajadores.”
