…y desde que fuera fundada en el año 1943, como parte de las reformas sociales de la década de los cuarenta del siglo pasado.
Diversos grupos sociales han venido analizando esta situación y han preparado un documento que ya ha empezado a circular: “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”. De él hablaremos en sucesivas entregas. Como adelanto comentamos que se han detectado tres grandes conflictos que carcomen a la Caja: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.
El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles, según el citado documento, “_…ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un altísimo costo, como en el caso de la radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja contrata servicios a las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite luego venderle servicios a la Caja…_”. En realidad, es mejor llamar esto con la palabra que emplea el pueblo: “_chorizo_”.
Esta barbaridad, esta monstruosidad contra el interés público representado en la Caja, estuvo ocurriendo durante mucho tiempo en el Hospital México con su servicio de radioterapia, tan imprescindible para el tratamiento del cáncer.
Manos criminales, con poderosos tentáculos políticos, especialmente vinculados a lo que podemos denominar como la “_realeza médica_”, obligaron a que la Caja pagara durante los últimos nueve años, unos 15 millones de dólares a una empresa privada para que atendiera pacientes con necesidades de servicios de radioterapia; pudiendo la institución misma haber construido su propio servicio, como ahora lo está haciendo, con una inversión parecida: 15 millones de dólares, unos 7 mil 500 millones de colones.
El que la Caja brinde tal servicio de manera directa tiene un costo por paciente, entre los 600 mil y los 800 mil colones. Por el contrario, la Caja está pagando por ese mismo servicio, comprado a una empresa privada, millón y medio de colones por paciente. ¡Negocio redondo! con la salud (más bien enfermedad) de las personas. Y lo más grave de todo: personal médico y técnico que labora para la Caja (Hospital México) en ese servicio, es el mismo que ha estado trabajando para esa empresa privada. ¡Qué más constatación que ésta del conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen negocio con la salud de las personas!
Pero aquí no para el asunto… más bien, el negocio. Resulta ser que la Dirección Médica del Hospital México prorrogó el contrato con esa firma privada, que se llama Radioterapia Irazú, pese a que la Junta Directiva de la CCSS emitió un mandato para que no lo hiciera.
Según parece se habían detectado fallas en la calidad de servicio que tal empresa venía brindando, lo cual generó que se determinara que no convenía prorrogarle el contrato. Nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza de ese poder médico que desacata una orden de la máxima autoridad política de la Caja: su Junta Directiva? Según nota periodística aparecida en el diario La Nación, la empresa privada de radioterapia “_…no contaba con Contraloría de Servicios, ni se tramitaban las quejas, además de la inexistencia de controles de calidad sobre los tratamientos. También se detectó que un grupo de los pacientes no tuvo citas de seguimiento ni hubo control radiográfico posterior a los tratamientos en acelerador lineal_”. ¿Entonces? ¿Cómo es que la Dirección del Hospital México le pasó por encima a estos “_detalles_” de incumplimiento de la empresa privada en algo tan vital en el tratamiento de pacientes con cáncer?…
Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “_suavemente_” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “_estamentos reales_” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales.
