Efectivamente, durante ese período y concretamente en el año 1943, se promulgó la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. A 60 años de vigencia de esta estratégica legislación social, varios de sus máximos postulados se encuentran amenazados en el Gobierno “socialcristiano” del Presidente Pacheco de la Espriella.
El ataque a los preceptos principales del Código de Trabajo en la etapa actual, tiene una explicación lógica: La imposición del denominado tratado de “libre” comercio entre los países centroamericanos y los Estados Unidos, “obliga” a Costa Rica a bajar el impacto de sus estándares sociales y laborales, considerando que el dogma de la “competitividad” no le permitiría igualdad de condiciones con sus homólogos centroamericanos. Desde tal perspectiva, para el presente Gobierno es imperioso acelerar un proceso de reversión y/o relativización de la normativa actual del Código de Trabajo, expresado en situaciones como las siguientes:
I. Reiterados intentos por eliminar las convenciones
El ataque sistemático, debidamente articulado y feroz contra el sistema de negociación colectiva imperante en una pequeña parte de la actual Administración Pública; descalificando, desprestigiando y satanizando las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Luego de varios intentos fallidos ante la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, procurando su abolición total; la nueva estratagema está enfocada hacia minimizar los alcances de tales instrumentos colectivos de trabajo, en la vida cotidiana laboral de las respectivas instituciones donde todavía sobreviven.
Tal ataque, articulado desde poderosos medios de comunicación colectiva, vinculados a la actual estructura de poder en la sociedad, ha tenido su manifestación más reciente en una acción judicial emprendida por la extrema derecha de corte fascista con representación parlamentaria.
Para sorpresa de muchos, la Procuraduría General de la República (el “abogado” del Estado), respaldó en sede constitucional el cuestionamiento indicado; destacándose su respaldo a la tesis extremista de impedir el reconocimiento de cesantía más allá de los ocho años que dicho Cogido de Trabajo consagra.
La Procuraduría General de la República, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia (Gobierno Central) y, por ende, bajo mando directo del Presidente de la República, borra de un porrazo la vieja aspiración socialcristiana de toda una vida, para una cesantía real; sueño que, en parte, cristalizó con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, que estableció un rompimiento parcial del 3 %.
II. El ataque a la histórica jornada de ocho horas
La actual Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley para “flexibilizar” la histórica jornada de trabajo de ocho horas; transformándola en una de 4 × 3 ó 3 × 4, es decir, cuatro jornadas continuas ó alternas de doce horas cada una, a cambio de tres de descanso; ó a la inversa.
Se quiere darle cobertura legal a una práctica ya establecida aunque de carácter ilegal, por el momento, en varias empresas de maquila electrónica que, como condición para establecerse en el país, demandaron tal cambio.
La denominada flexibilización de la jornada de trabajo, no es más que una exigencia de “competitividad”, según el “libre” comercio que presupone el famoso Tratado de Libre Comercio (TLC). Por un lado, queda eliminada la obligación patronal de pago de horas extra; por otro, se incrementaría un supuesto aumento en la productividad del trabajador pero a un costo mayor de desgasto físico-mental, en detrimento de la salud ocupacional del propio trabajador.
Además, podría generar un desplazamiento de mano de obra femenina pues la doble y hasta triple jornada de la mujer en nuestra sociedad, implicaría un nuevo factor de discriminación de género a la hora de “competir” por un empleo en tales condiciones.
III. La liquidación del derecho de organización sindical
Es claro el objetivo estratégico de la cúpula político-económica, de carácter bipartidista, que ha manejado a Costa Rica en los últimos veinte años, un sueño dorado todavía no realizado: extinguir a los sindicatos en Costa Rica.
La profundización del modelo neoliberal que esta gente quiere imponerle al pueblo costarricense, ahora que se creen fortalecidos con el proceso del famoso TLC, impone la anulación de toda resistencia, especialmente la que provenga de la clase trabajadora.
La nueva fase de explotación de la fuerza de trabajo según el citado tratado, no puede darse el lujo de permitir que una fuerza sindical activa, esté en constante movimiento de denuncia y de movilización.
Si bien es cierto que la represión sindical sistemática, abierta y solapada en el Sector Privado de la economía, ha logrado la casi total extinción del derecho constitucional de libre asociación sindical en las empresas privadas; vencer la resistencia feroz de los sindicatos del Sector Público, a la fase de profundización del ajuste estructural, plantea un reto estratégico para avanzar en la reversión, relativización, anulación de las conquistas laborales que expresa el actual Código de Trabajo.
Precisamente, atacando las Convenciones Colectivas de Trabajo, representa avanzar en la dirección deseada por los actuales sectores dominantes.
Queda claro cuál es la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Luchar es la respuesta.
Diciembre del 2003.
