La justicia mancillada

“La primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín, y no decimos nada.
La segunda noche ya no se esconden pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada.
Hasta que un día el más frágil de ellos entra sólo en nuestra casa, nos roba la luna, y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta.
Y porque no dijimos nada ya no podemos decir nada”
Maiakovski (1893-1930)

Cuando apenas iniciaba la carrera de Derecho cayó en mis manos un libro que me marcó: Elogio de los jueces escrito por un abogado, de Piero Calamandrei. En sus primeras páginas había un dibujo de una balanza de la justicia. Nada novedoso. Lo original era que uno de sus platillos sostenía un grueso libro y en el otro plato había una flor. El fiel de la balanza se inclinaba hacia la flor y el voluminoso texto colgaba en lo alto. Al ver esa imagen comprendí el significado de aquella expresión de Pascal que, parafraseada, expresaba que hay razones que la razón no comprende.

Hoy un grupo político ha pretendido mancillar a un juez probo (y con él a toda la judicatura) porque “hay que darle una lección al Poder Judicial”. Que el Poder Legislativo tiene, por disposición del constituyente, la competencia y potestad de nombrar y no prorrogar el nombramiento de magistrados del Poder Judicial mediante votación calificada, nadie lo discute. Lo que debe llamar a la reflexión es, si antes, pese a algunos cuestionamientos esgrimidos, nunca se ha usado, ¿por qué, justo ahora, se desempolva esa vieja potestad en la persona del juez-signo-de independencia, rectitud, estudio e inteligencia? Los motivos que subyacen detrás de este acto son, definitivamente espurios y la Razón nunca los podrá comprender. Es claro que lo que se busca es acallar el pensamiento disidente y eso es, ni más ni menos, que antidemocrático…porque se eliminan los pesos y contrapesos, el pluralismo ideológico pero, sobre todo, porque ningún juez, del grado que sea, puede nunca ser destituido, que no otra cosa es este acto, por el pensamiento que exprese en sus resoluciones jurisdiccionales, cualquiera que sea su signo ideológico. Y en el caso de un juez independiente, sin cuestionamientos y signo de independencia judicial, como es don Fernando Cruz Castro, el mensaje en detrimento de la independencia judicial es inequívoco, aunque se logre revertir el acto.

Esta vez el fiel de la balanza se ha inclinado, dejando en alto la flor y el platillo que pesa es el que contiene la irracionalidad política, el poder, los intereses socio-políticos y las inconfesables motivaciones.

Por eso, hoy que en nuestra vida de país podemos contraponer claramente la ética y la legalidad; que un día sí y otro también nos irritamos ante la bendición que, por legales se les da a ciertos actos tan evidentemente censurables desde otras ópticas y que una de las palabras vacías de nuestro diccionario es Patria, insto a la judicatura costarricense para que, por sobre la desazón, la profunda indignación, el dolor y la decepción que produzcan algunos actos y omisiones provenientes de diversos Poderes del Estado, incluyendo, a veces, el mismo Judicial, nos pronunciemos y defendamos activamente la independencia judicial, porque es una de las formas de ser jueces en democracia. El mal llamado “principio de preservación del puesto” no es más que una corruptela más en detrimento de la función social que nos compete. El silencio y la inacción, ahora, son complicidad.

La legitimidad del sistema democrático depende de que seamos capaces de pronunciarnos contra esta nueva afrenta y, a la vez, alejar cualquier sospecha de duda que se cierna sobre nuestra función e institución y podamos replantear, oportunamente, el mismo sistema de nombramientos de la cúpula judicial, y de ésta hacia los otros sectores, a fin de desterrar de las prácticas de “lobbys” previos a los nombramientos caprichosos e indignantes, para apostar por una discusión abierta de las concepciones de país y de justicia. Aunque la designación de los altos jueces es un acto político, no debe ser partidista ni servil. Si se quieren elegir jueces de cierto signo ideológico, que se haga, pero transparentemente, con debates, abiertos y públicos, no a la espaldas de todos. Y que si esta vacante queda, porque no fuimos capaces de revertir lo decidido, el proponer el nombre al cargo sea convierta en un acto de indignidad.

Ojalá que el pueblo costarricense comprenda que la lucha por la independencia judicial no es un privilegio de un gremio sino un derecho humano de todos y todas, para que nuestros conflictos sean resueltos por personas preparadas y no por títeres al servicio de intereses cobardemente inconfensados.