En el año 2001, el Gobierno del Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, pactó con el Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles y con la Unión Portuaria y Ferroviaria Nacional, la entrega de la administración y operación de Puerto Caldera a manos privadas, a cambio de cancelar a cada una de las personas trabajadoras una indemnización en dólares además de sus prestaciones legales.
Desde que ese vergonzoso pacto tuvo lugar, nuestra organización sindical se opuso a ello de manera vehemente, sosteniendo que una institución pública no es propiedad de quienes laboran en ella, sino patrimonio de los y las costarricenses. Además, de que la concesión de Puerto Caldera, una de las pocas fuentes de empleo de la Provincia Puntarenense, traería mayor desempleo, pobreza, y exclusión social a los porteños.
En razón de nuestra férrea y decidida oposición a ese negocio, un grupo de trabajadores del INCOP, que se retiraron de los otros sindicatos de la empresa por no compartir lo negociado por ésta con el gobierno, se acercaron a la ANEP, se incorporaron de lleno a realizar trabajo sindical con nosotros y conformaron la Seccional ANEP-INCOP, una de las más combativas en la historia reciente del sindicato.
Desde un principio, esta seccional, respaldada con análisis y posiciones elaboradas en conjunto con la asesoría política y jurídica de la organización, se opuso de manera valiente y decidida, a la entrega del INCOP a manos privadas, denunciando un día si y otro también, todas las irregularidades e ilegalidades que se cometieron en el proceso de concesión.
Eso les costó una sistemática persecución hasta el momento en que fueron liquidados. Nunca se reconoció a la ANEP como organización representativa de los trabajadores y trabajadoras del INCOP, a pesar de que cada día contábamos con más afiliados y afiliadas. A nuestros dirigentes se les mantuvo sin realizar funciones, aislados, discriminados; y a algunos, hasta se les aplicó despidos antisindicales que fueron declarados ilegales posteriormente por los tribunales de justicia.
El proceso previo a la concesión, implicó un debilitamiento en infraestructura, material de trabajo y recurso humano de la institución, precisamente para hacerla cada vez más ineficiente y así justificar su entrega a manos privadas. Incluso la Contraloría General de la República, en alguna ocasión, al realizar la evaluación presupuestaria, reprendió al INCOP por terminar el año con superávit.
Esta situación tuvo un evidente impacto en las condiciones de trabajo de las personas: accidentes laborales en los que incluso fallecieron trabajadores, contratación cada vez más precaria, no se contrataba personal fijo, sino que cada vez más se ampliaba la lista de trabajadores a los que las autoridades institucionales denominaban de manera despectiva “de la calle” o “come cuando hay”, a quienes se les negaba su derecho fundamental a recibir un salario mínimo que les permitiera vivir dignamente.
ANEP, puede enorgullecerse de haber reivindicado los derechos de ese grupo tan importante de trabajadores que se dedicaban a la carga y descarga del muelle. Fue gracias a las gestiones judiciales realizadas por nuestra Unidad Jurídica, que la Sala Segunda reconoció el derecho fundamental de estas personas a recibir salario mínimo y obligó al INCOP a respetarlo y a cancelar la deuda contraída en virtud de la violación aludida. Las sentencias obtenidas no solo resolvieron el problema a las personas afectadas, sino que constituyen valiosa jurisprudencia laboral.
Es así como ANEP, combinó la lucha por preservar el patrimonio nacional, para que una institución pública como el INCOP, continuara siendo instrumento de distribución de riqueza y bienestar para los puntarenenses; con la lucha gremial, defendiendo y promoviendo el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Este último aspecto, nos permitió contar con base social para legitimarnos como interlocutores en el proceso de incidencia política para luchar contra la privatización.
Al final de cuentas, pudo más el poder político y económico que la dignidad de quienes defendemos un modelo de sociedad más justa, equitativa e incluyente. El 11 de agosto de 2006 se consolidó uno de los más vergonzosos negocios de los políticos empresarios que nos gobiernan, comparable solo con ALTERRA, RITEVE o el TLC.
A nuestra organización sindical le queda la satisfacción del deber cumplido, de que nunca, a pesar de la soledad en la que nos mantuvimos en esa lucha, callamos una sola de las irregularidades e ilegalidades que se cometieron. Nuestros dirigentes en el INCOP pueden caminar con la frente en alto y dar la cara a todos aquellos que alguna vez se dejaron engañar con el cuento de los dólares.
El tiempo cada vez más, nos va dando la razón. Puntarenas ya no es lo que era antes de entregar la operación y administración de nuestro Puerto Caldera a manos privadas. Hay más desempleados, hay más trabajadores informales, hay más exclusión social. Pero un grupo muy pequeños de empresarios y políticos, han de haber incrementado sus fortunas a costa de ello.
Cinco años de análisis, resistencia, propuesta, alegrías, tristezas, frustraciones, servirán de ejemplo e inspiración en muchos procesos que los y las costarricenses tendremos que afrontar en el futuro!
* Unidad Jurídica de ANEP
