…el camino paralelo al Río San Juan, que la Presidenta Chinchilla Miranda ordenó ejecutar como respuesta a la “_invasión_” nicaragüense. Este asunto amenaza con convertirse en el más grande escándalo de corrupción del presente Gobierno. Estamos hablando de que se habrían gastado ya unos ¡20 mil millones de colones! Pero podrían ser más, mucho más.
Nadie sabe todavía los nombres de esas personas; nadie sabe quién las escogió, quién las designó; que atestados reunían; si tenían vínculos, directos o indirectos, con empresas constructoras, consultoras y otras del mismo tipo. No se conocen sus actas, no se sabe cómo procedían para determinar qué se pagaba y qué no se pagaba. Todo indica que las respuestas a estas y otras preguntas conexas están en la propia Casa Presidencial.
Lo más importante de esta indignante y vergonzosa situación es que no la dejemos en el olvido. Sería un crimen contra toda la sociedad que el asunto se desvanezca con el tiempo y que los verdaderos responsables, los gestores políticos, los que tomaban las decisiones del gasto de tanta plata, queden en la impunidad.
Aunque ya se conocen los tres nombres de los presuntos implicados, pareciera que no son los peces “_gordos_” en todo esto. Falta mucho por salir a flote. Que la junta directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente público encargado directo de la obra, haya sido dejado de lado, “_ninguneada_” como diría nuestro pueblo, es una de las más delicadas situaciones de esta “_piñata regalona_” que debe ser esclarecida.
El Conavi debería ser intervenido por una junta ciudadana sin vínculos partidistas ni gobiernistas y su junta directiva destituida. Si ya estaba “_ninguneada_” para qué mantenerla.
El exministro del MOPT, don Francisco Jiménez Reyes, debe explicar demasiadas cosas. Es difícil de entender cómo la Presidenta Chinchilla Miranda lo echó del Gobierno si fue él quien le dijo del chorizo, de la “_piñata regalona_” en que se estaba convirtiendo la construcción de la trocha norte. Al indicado jerarca siempre se le consideró una de las figuras ministeriales más poderosas del presente gobierno, razón de más para considerar que su conocimiento del asunto es profundo y que es imposible creer que sus subalternos en el Conavi procedieran tan a la libre como para que él no estuviera al tanto de sus movimientos.
Y qué decir con relación a las empresas constructoras contratadas, muchas de las cuales no estaban registradas como lo ordena la ley, por ejemplo, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los pocos datos que se tienen indican que el tortón ya se veía venir, al punto de que una viceministra del MOPT y el jerarca ejecutivo de máximo nivel del Conavi salieron de sus cargos, así como en carrera, pocos días antes de que quedara en evidencia hasta qué punto habría llegado la “_piñata regalona_” de la trocha norte y sus 20 mil millones de colones evaporados.
Bien es sabido la especie de triángulo perverso que se ha venido desarrollando en este asunto de la infraestructura pública: el MOPT, la política tradicional y las empresas constructoras privadas. La figura de la concesión y la figura de la desconcentración vía consejos ha generado una especie de negocio redondo para ciertos grupos de gran poder económico cuyos tentáculos han llegado hasta las mismas instancias de control del gasto público y contaminado la transparencia con que éste debe ser manejado.
Parece que como país hemos protagonizado un ridículo internacional ante la controversia que este gobierno desató con su homólogo del norte con respecto a la isla Calero; un asunto que por suerte no involucró a los respectivos pueblos más preocupados en la lucha por su sobrevivencia diaria que en esos pleitos de palacio generados para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales de ambos países.
Seguimos sin comprender cómo es que la manipulación patriotera de esta situación que hizo el gobierno costarricense, haya llegado al punto de que la construcción de esa trocha fuese declarada como un asunto de “_emergencia nacional_”; a sabiendas de que cuando se emplea esta figura para disponer de recursos públicos quedan eliminados todos los procedimientos de contratación y todos los controles quedan, prácticamente anulados, quedando en poquísimas manos el manejo de cuantiosas sumas de dinero con todos los riesgos que ello conlleva.
Una buena acción investigativa de parte de los órganos judiciales competentes debe mostrar profunda contundencia e implacabilidad. Si la “_piñata regalona_” de la trocha norte generó tantas dádivas, el pueblo necesita saber toda la verdad de quienes son sus protagonistas directos e indirectos.
En esto de las dádivas queda mucha tela que cortar. Recordemos, por ejemplo, que el propio Oscar Arias Sánchez, en su gestión gubernativa anterior, ofreció una de 80 mil millones de colones a la clase trabajadora de Japdeva para que ésta aceptara la privatización de los muelles de Limón y de Moín. Una acusación al respecto duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Ojalá que no pase lo mismo con las dádivas de la “_piñata regalona_” de la trocha norte.
