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Asamblea de Trabajadoras(es)
Instituto Nacional de las Mujeres
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE QUE NO ES NEGOCIABLE
La aprobación de este proyecto generaría un impacto negativo en el cumplimiento de los mandatos de la ley constitutiva del INAMU (No.7801) y ocasionaría la suspensión o reducción significativa de los servicios institucionales para la exigibilidad y defensa de los derechos de las mujeres, tales como:
• la capacitación y la asesoría a las mujeres para el ejercicio de sus derechos, a nivel nacional, regional y local,
• la atención psicológica, social y legal para las mujeres,
• el servicio de atención telefónica que se presta mediante el 9-1-1 y el Centro de Orientación en Derechos de las Mujeres,
• los albergues temporales para mujeres en riesgo de muerte,
• la formación humana de las mujeres en condiciones de pobreza,
• la coordinación y la ejecución de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género –PIEG-.
• La capacitación para elaborar y ejecutar los planes para la igualdad y la equidad de género.
• El acompañamiento a las mujeres y organizaciones que, en contextos de crisis económica llevan ingresos a sus familias con pequeños emprendimientos productivos.
• La atención a las mujeres de las zonas rurales que atienden las Oficinas Regionales y que coadyuvan para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
El Estado costarricense tiene el mandato internacional, para la protección de los derechos humanos y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas, entre otras.
Por ello, es contradictorio que nuestros gobernantes hablen de justicia y de derechos a nivel externo, mientras que en el país pretenden aprobar leyes que desprotegen y golpean a las mujeres que somos la mitad de la población y que vivimos con mayor intensidad, los efectos de la pobreza, la violencia y la discriminación.
Para el cumplimiento del mandato legal del INAMU debe mantenerse el financiamiento del 2% respetando su ley constitutiva. La reducción del presupuesto institucional no debe ser aprobada, porque significa un retroceso en el desarrollo de la democracia y cercena el mandato constitucional de garantizar los derechos de las mujeres desde su condición de ciudadanas.
La obligación del Estado de proteger los derechos de las mujeres, no puede evadirse ni estar al vaivén de las decisiones de las y los gobernantes. Por ello, demandamos a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República, garantizar el cumplimiento de la ley del INAMU y esperamos el compromiso público de los Partidos Políticos con representación en la Asamblea Legislativa, para evitar la aprobación de la reforma propuesta, en lo referente al INAMU.
La lucha de las y los trabajadores del INAMU por la defensa de los derechos de las mujeres es de hoy y de siempre. No cederemos en nuestro esfuerzo por lograr que los servicios para las mujeres se amplíen y sus derechos se garanticen.
Por la Asamblea de las y los trabajadores del INAMU, firmamos el 3 de agosto, 2009.
