“DIPUTADO CHACÓN GONZÁLEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Yo quería dejar constando en actas y patente la posición de la Fracción del Partido Liberación Nacional y del Poder Ejecutivo, a favor de la reforma del Código Procesal Laboral. No sólo porque eso nos ayudará a cumplir mejor con obligaciones internacionales adquiridas desde hace muchos años, sino porque éste es el producto de un trabajo conjunto de los sectores empresariales, laborales y de gobierno, que ha logrado llegar a un texto consensuado. Por supuesto, que aquí la señora diputada y los señores diputados hemos podido contribuir también a que este texto sea un texto que venga realmente a agilizar el proceso laboral, y a garantizar una serie de derechos de los trabajadores. Pero en esencia es el producto de un trabajo muy arduo de negociación de los sectores empresariales, laborales y de Gobierno. Yo tengo que dejar patente nuestra complacencia, nos sentimos realmente satisfechos por el proceso que hemos llevado aquí en esta Comisión, y que hemos discutido. En donde los diputados de todas las fracciones han puesto su grano de arena y su mejor esfuerzo para lograr llegar a dictaminar el día de hoy. Esto me parece que es un paso realmente importante para los trabajadores y para el sector laboral, y para Costa Rica. Muchas gracias, señor Presidente. Y adelanto, entonces, que yo estaré votando afirmativamente el dictamen de este proyecto”.
Hemos empezado esta segunda parte de nuestro artículo de la semana pasada, con la cita textual que usted acaba de leer. Está en el acta de la sesión No. 22, de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, del 17 de agosto de 2010. Esas frases las dijo, en ese momento, el entonces diputado liberacionista don Francisco Chacón González, quien es hoy una de las figuras políticas (Ministro de Información) de mayor cercanía a la señora Presidenta de la República, junto al también relevante señor Ministro de la Presidencia, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez.
Que una persona de tal calibre político y con tanta responsabilidad en el seno del Gobierno de la República, pasando de un poder a otro del Estado en una misma administración gubernativa, indique que ésta es la tesis oficial en un tema como el que nos ocupa y no otra, representa que hay un altísimo nivel de certidumbre política desde la esfera del poder en ejercicio.
Sumamos a esto el hecho de que la Presidenta Chinchilla Miranda entregó al mismísimo Director General de la OIT, el señor Somavía, el protocolo costarricense que adoptaba el mandato de “Trabajo Decente” con la RPL incluida. Estos hechos políticos son contundentes y se interpretaron como hechos políticos de contenido cierto. Resulta, señores y señoras, que no fue así. Pareciera que el primero fue una tomada de pelo y el segundo una obra de teatro.
Evidentemente sabemos que, con seguridad, a la propia señora Presidenta le debe haber generado mucha molestia nuestra categórica afirmación de que hubo una mentira. Y con seguridad, a sus más cercanos colaboradores y protectores directos de la imagen presidencial, mortificamos mucho con lo que indicamos. Debemos reiterar que no fuimos nosotros quienes originamos la mala noticia ni los hechos. Sencillamente respondimos de oficio.
Nosotros lamentamos que se creyese que estábamos hablando de una especie de conducta “patológica” en el sentido de que la mentira es, algo así, como una “política de Estado”; o, peor aún, parte de la condición humana de la primera mandataria del país en estos momentos. Igual sensación mortificante sentimos nosotros, cuando doña Laura se dejó decir que el eventual movimiento laboral que se daría por parte de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria, obedecería a una maniobra “saca-clavo” de nuestra parte, por lo del veto a la Reforma Procesal Laboral (RPL); una afirmación presidencial sin pies ni cabeza. Otro desacierto informativo.
Pues bien, en el caso de la RPL, hablamos de un hecho político consumado en una situación concreta, a partir de circunstancias sociohistóricas específicas que determinaron el nacimiento de una ley de amplísimo consenso, intra y extraparlamentariamente, como pocas veces se ha visto en la historia nacional. Curiosamente, a la misma se le cuestiona hoy desde los dos ámbitos extremistas del espectro político: por un lado, desde la plumífera derecha neoliberal amanuense; por el otro, desde la ultraizquierda de cabina telefónica.
El proceso que terminó con la RPL, nació desde mucho antes que la actual señora Presidenta de la República pensara que alguna vez estaría en tan alta posición; de manera que al comparar lo que sucedió en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en junio pasado y con ella presente, versus el posterior veto presidencial que estamos comentando, mostró una inconsecuencia política en el accionar del Estado que nosotros calificamos como mentira.
Si había un profundo acuerdo de partes (sector empresarial, sector sindical, sector gubernamental), gestado en el mismo espacio institucional avalado para el Diálogo Social, así acreditado ante la OIT, como lo es el ente nacional denominado Consejo Superior de Trabajo (CST), mismo que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); resultó muy delicado deshonrar ese acuerdo específico salido de su seno, unánimemente, a favor de la RPL.
De tanto impacto fue este acuerdo tripartito que la Administración Chinchilla Miranda optó por agregarlo al protocolo de “Trabajo Decente”; el cual es la política de humanización del trabajo que la OIT impulsa para que se ponga en práctica en todos los países que la integran.
Se debe tener claro que en nuestro país se ha desarrollado una percepción ciudadana de que los estamentos políticos sistémicos no honran los compromisos que firman. Nosotros mismos, en nuestra labor de varios años en estas lides, así lo hemos constatado. Y hay varios episodios en la presente gestión gubernativa que quedan en línea con tal percepción. Nosotros pensamos que si se deshonra un compromiso, entonces, se miente al haberlo firmado.
Ahora bien, la RPL, es una necesidad nacional. Al más altísimo nivel se está indicando que sigue habiendo gran interés, tanto desde el propio Poder Ejecutivo como del Legislativo, para su concreción final, para su materialización plena como ley de la República. Esto es importante porque, de llevarse a la realidad, sería falsa nuestra presunción acerca de los ámbitos empresariales-productivos desde los cuales se estaría saboteando tan grande esfuerzo nacional, desarrollado pacientemente durante muchos años. Ó, al menos, el Gobierno está indicando que las razones para su sorpresivo veto son las que ya se conocen y que, en consecuencia, como hemos afirmado nosotros, no hay “mar de fondo”. Entonces, hay un nuevo espacio para el diálogo y la RPL puede salvarse.
Pese a todo, llamamos al Gobierno, diputados y diputadas, así como a actores sociales responsables, a no perder la oportunidad de hacer una reforma social de tal envergadura. La RPL significa mayor justicia social para Costa Rica. Señora Presidenta: rectificar es de damas y de caballeros. Usted todavía está a tiempo.
