En función de ello, dos de las primeras medidas más necesarias que debería tomar el nuevo Gobierno para atacar, de raíz, semejante flagelo en contra de la integración social y, por ende, en contra de la democracia misma; tienen que ver, por un lado, con el diseño y la implementación de una Política Nacional de Empleo. Por otro, una Política Salarial Digna basada en los conceptos de Trabajo Decente que pregona la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el primer caso, el diseño e implementación de una Política Nacional de Empleo, pasa por la generación de condiciones para el relanzamiento de la política pública dirigida con vigor hacia el estímulo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas.
Se buscaría así que los emprendimientos productivos de tales dimensiones que hoy existen y los que lleguen a crearse, tengan un ambiente de alta confianza y de certeza de soporte estatal, aprovechando infraestructuras financieras de gran calibre, como el Banco Popular, al que sería necesario aplicarle una regulación financiera diferenciada.
Esto podría llevarnos hacia el fomento a gran escala de la Economía Social para que, por ejemplo, los movimientos cooperativo, solidarista y sindicalista (los grandes aglutinadores organizativos de la clase trabajadora), jueguen roles determinantes en esa estrategia de integración; misma que, a no dudarlo, tendría en las potencialidades del mercado interno un motor productivo todavía insuficientemente explotado.
En el plano del diseño de una Política Salarial Digna, aparte de emigrar de su sesgo restrictivo en vigencia, hacia uno de carácter expansivo para servir de sostén al renacimiento productivo del mercado interno; debería comprender la concepción de que los salarios son un mecanismo de redistribución de riqueza y de paz social de altísimo valor político.
Habría que atacar, para empezar, la grave circunstancia que presenta la realidad actual de los Salarios Mínimos, no solamente para revisar su fórmula de cálculo en función de un concepto redistribuidor de riqueza; sino que sería imprescindible hacer una relanzamiento estratégico de la inspectoría de Trabajo para combatir la pésima actitud de no pocos patronos de violentar tal derecho constitucional al salario mínimo, lo cual hoy está golpeando la estabilidad económica familiar de una de cada tres personas asalariadas con empleo formal y, en esencia, todas laborando para el sector Privado de la economía.
Por otro lado, las enormes desigualdades salariales en el propio sector Público obligan al desarrollo de una estrategia de negociación con los gremios laborales representativos para dar los primeros pasos sólidos a fin de corregir tan graves injusticias. El más reciente informe contralor al respecto es una riquísima base de partida. Se trata de una temática salarial que, necesariamente, habrá que vincularla con la iniciativa de Mideplan sobre un proyecto de “ley de empleo público”.
En todo caso, hay un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que ya conoce la señora Presidenta Electa. Se trata del proceso social “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Para nosotros es un asunto completamente relevante y de alto contenido estratégico, si se ha de desarrollar un Diálogo Social de nuevo tipo.
Desde una perspectiva sindical, como firmes creyentes en el diálogo y con pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, estamos listos para entrar en un proceso así, algo sumamente necesario para los tiempos actuales.
Las dificultades que presenta la integración social y los diversos y calificados indicadores objetivos del crecimiento de la desigualdad, del crecimiento concentrado de la riqueza y del deterioro de la promoción del bien común como eje central de toda política pública; implican un abandono radical de las posiciones autoritarias, del personalismo verticalista subjetivo y de la instauración del tráfico de influencias para apuntalar negocios privados de dudosa reputación con la cosa pública. Así han sido los cuatro años de administración de los hermanos Arias Sánchez.
La señora Predidenta electa, doña Laura Chinchilla Miranda, ha estado enviando señales importantes de que la acción gubernativa podría ser distinta de todo ello a partir del próximo 8 de mayo.
Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, le hemos tomado la palabra y le presentaremos un planteamiento integral al respecto cuando ella nos haga el honor de hacerse presente en la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, prevista para este viernes 5 de marzo.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Fuente: “Página Abierta” de Diario Extra
Publicado este martes 2 de marzo de 2010
