Primero, la preocupación que les genera la posibilidad de incumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, el interés por encontrar un pretexto para presionar a favor de la aprobación legislativa de endeudamiento externo que permita cubrir posibles faltantes para así mantenerse dentro de los límites acordados con el FMI. Ello también ha dado pie para que el neoliberalismo criollo intente reverdecer sus marchitos laureles, y saque a relucir –como en los viejos tiempos- advertencias histéricas sobre una probable hecatombe macroeconómica.
Las tendencias que se observan a lo largo de este año apuntan a un déficit que, para el conjunto del sector público, muy probablemente se mantendrá abajo del 4% respecto del PIB. En el contexto fuertemente recesivo del último año, y a la luz de las evoluciones en curso hacia el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, eso no constituye crisis fiscal alguna. Más bien debe ser interpretado como signo de insuficiencia en las políticas aplicadas para paliar los efectos de la crisis mundial. Si realmente interesaran las condiciones de vida de la gente, de seguro se habría optado por un déficit fiscal más elevado, mediante formas de gasto e inversión pública que promovieran la creación de empleos decentes, la protección de las condiciones de vida de nuestra gente y el apoyo a las empresas nacionales, en especial las pequeñas y las de economía social. Conviene enfatizar que, en el actual contexto recesivo, la evolución de diversas variables económicas –en particular la inflación y la balanza de pagos- concede suficiente margen de maniobra para la aplicación de esa política anti-recesiva.
La verdadera crisis fiscal está en otro lado y es asunto que las oligarquías y sus economistas oficiales procuran ocultar. Me refiero a dos datos estrechamente vinculados entre sí.
Primero, la insuficiencia en el nivel de tributación, es decir, el hecho de que el monto de los ingresos que el sector público percibe por conceptos de impuestos es limitado, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) –la así llamada carga tributaria (15% en 2008)- , como relativamente a las necesidades que deben ser atendidas por el sector público que, entre tantos otros asuntos de similar importancia, incluye salud y educación; seguridad pública; políticas sobre niñez, juventud y tercera edad; infraestructura de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; vivienda popular; protección del medio ambiente, incluyendo, entre tantos otros, parques nacionales y agua; apoyo a la agricultura, así como a las pequeñas empresas nacionales y a las de economía social; investigación científico-tecnológica; infraestructura de cuido.
Segundo, la regresividad del sistema tributario, es decir, el hecho de que este principalmente se basa en impuestos que, por sus características inherentes, tienden a afectar sobre todo a los grupos sociales medios y, en especial, a los más pobre. El impuesto sobre las ventas es el mejor ejemplo de eso. En cambio, los impuestos sobre las ganancias empresariales, sobre la propiedad o sobre el consumo suntuario, constituyen alternativas que ponen el peso principalmente sobre los grupos que más riqueza tienen y mayores ingresos perciben. Este segundo tipo de impuestos no solo resultan más justos, sino que, además, tiene un mayor potencial de generación de ingresos, ya se dirigen hacia aquellos sectores de la economía donde se concentra la mayor parte de la riqueza.
Los datos demuestran con claridad que los impuestos en Costa Rica descansan principalmente sobre las espaldas de quienes menos tienen. Con base en cifras de la Contraloría General de la República, se observa que en 2008 los impuestos sobre ingresos y utilidades aportaban tan solo un 28,6% del total de los ingresos tributarios. Entretanto, los impuestos sobre bienes y servicios –generalmente de carácter muy regresivo- constituían un 59% del total. Dentro de este último componente, el impuesto sobre las ventas –seguramente el más injusto- aportaba por sí solo casi el 46% del total, mucho más de lo que da (menos del 20%) el impuesto sobre ganancias empresariales.
Otro componente al que debemos ponerle atención es el de los impuestos sobre las transacciones del comercio exterior, en especial exportaciones e importaciones de mercancías. Como consecuencia de los procesos de liberalización y apertura externa de la economía, los aportes que dan ese tipo de impuestos se han reducido sustancialmente. A mediados de los años ochentas del siglo pasado, aportaban cerca del 30% del total de los ingresos tributarios. En 2008 tan solo representaban un 8%. Recordemos que este tipo de impuestos, en conjunto con la exención de impuestos sobre las ganancias de actividades exportadoras (más otras exenciones al turismo), constituyen los dos componentes principales de la política tributaria del neoliberalismo. Ello ha contribuido decididamente a abrir un hueco fiscal gigantesco, lo cual está teniendo efectos terribles sobre la capacidad del sector público para atender necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Con los TLC este proceso simplemente se ha consolidado y profundizado.
Esto plantea varios retos fundamentales, que resumo en lo siguiente:
– profunda modificación del sistema tributario: gravar principalmente a los grupos de mayores ingresos y a los sectores que más riqueza concentran, con lo que, además, se logrará mayor capacidad de generación de ingresos fiscales. Los impuestos principales deben ser los gravámenes sobre ganancias, propiedades, consumo suntuario y actividades ambiental y socialmente dañinas. Una meta posible es que estos lleguen a representar entre el 65% y el 70% del total de ingresos tributarios
– lo anterior debe complementarse y reforzarse mediante un esfuerzo destinado a profundizar los limitados avances logrados en los últimos años en materia de control de la evasión tributaria (especialmente en relación con los impuestos sobre ventas y ganancias)
– la carga tributaria (porcentaje del monto de impuestos recaudados relativamente al PIB) debe aumentar de forma significativa. Una propuesta para discusión: aumentarla del 15% (en 2008) al 20% en el próximo quinquenio, y hasta el 25% en el quinquenio siguiente.
– reformas profundas en el sistema político-institucional de Costa Rica que fortalezcan de forma sustancial los mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano –desde revocación de mandato y elecciones de medio período a formas diversas y creativas de auditoria ciudadana- a fin de garantizar el cumplimiento de varios objetivos: extirpar la corrupción; garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos; establecer mecanismos democráticos que orienten el gasto e inversión pública en función de las necesidades de la gente, respetando la rica pluralidad de los movimientos y organizaciones ciudadanas en la Costa Rica actual.
Es obvio que llevar estas propuestas a la realidad exige tener capacidad para poder hacerlo. Y ello sería factible solamente con base en una amplia, plural y muy democrática e inclusiva alianza, a la vez político-partidaria y cívico-ciudadana. Debo reconocer que en Costa Rica estamos muy lejos de contar con algo que ni remotamente se parezca a tal cosa.
Luis Paulino Vargas Solís,25 de Octubre de 2009
