Poco a poco, de manera sistemática, se va confirmando nuestra reiterada tesis de que la suerte final del TLC se decidirá en las calles de nuestro querido país. La subversión del orden constitucional, una vez más, se ha originado en el mismísimo parlamento, antes conocido como el “Primer Poder de la República”. Así sucedió en 1999, con ocasión del Combo ICE y así sucedió en el 2005, con el proyecto del Pacto Fiscal.
En ambos casos, fue la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que se encargó de indicar la gravedad de las violaciones antidemocráticas al procedimiento legislativo. Hemos de suponer que en el TLC, ese alto tribunal no tendrá otra salida que indicar la naturaleza perversa de la serie de violaciones constitucionales que en torno a su trámite han ocurrido en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa.
Esa reiterada subversión de la institucionalidad democrática del parlamento costarricense, le da a nuestra tesis del Referéndum de la Calle, una legitimidad estratégica. La práctica de la Democracia de la Calle cobra así una extraordinaria vigencia política, potenciada por la más extraordinaria alianza de sectores sociales, cívicos, patrióticos y políticos jamás vista en la historia nacional de las últimas décadas. Ni siquiera con ocasión del histórico movimiento popular por la derrota del Combo ICE, en el año 2000, habíase formado una convergencia de fuerzas como la que hoy se da en el caso del TLC.
Los nombres de Janina Del Vecchio Ugalde, de María de los Ángeles Antillón Guerrero, de Evita Arguedas Maklouf, de Lorena Vásquez Badilla, de Fernando Sánchez Campos y de José Angel Ocampo Bolaños, jamás serán olvidados por la conciencia patriótica costarricense, como no fueron olvidados los nombres todos aquellos y de todas aquellas de sus pares que en el 2000 votaban el Combo ICE, traicionando la Constitución Política y arrojándose para sí una soberanía que no era suya, sino del pueblo.
El pueblo se los recordó en las calles en los gloriosos días de marzo y abril de dicho año y, más tarde, la Sala Cuarta se encargaba de darle institucionalidad a la protesta cívica por la recuperación de la soberanía que al pueblo le había sido robada.
Así sucederá en próximas semanas y meses cuando en las calles de Costa Rica, la soberanía popular que esos seis personajes usurparon, en las sombras de la noche del 12 de diciembre de 2006, será recuperada nuevamente.
La legisladora Elizabeth Fonseca Corrales y los legisladores Ronald Solís Bolaños y Francisco Molina Gamboa, sólo honor han de recibir de las conciencias cívicas de un pueblo rebelde como el costarricense, que se resiste a que lo “homogenicen a la centroamericana”, sin que se suene a una expresión despectiva.
Es que ellos tres sí han comprendido, a carta cabal, que hemos sido siempre un país diferente, una sociedad especial que supo encontrar fórmulas creativas para una convivencia en paz, basada en la búsqueda del bien común.
Igualmente, ese honor también hay que dárselo a la legisladora Andrea Morales Díaz y a los legisladores José Merino del Río y Oscar López Arias, quienes estuvieron siempre con la Constitución Política en la mano, defendiéndola de las arbitrariedades de la representación diputadil de la oligarquía financiera, hoy aliada con los más sangrientos capitales centroamericanos afincados en el país.
La subversión y la sedición del orden constitucional no procede, ni procederá, del lado de los sectores sociales, cívicos, patrióticos y políticos, hoy en potencia alianza contra ese TLC. El Referéndum de la Calle ha de restaurar la institucionalidad constitucional que anoche, 12 de diciembre de 2006, fue violentada con todo cinismo.
San José, 11 de diciembre de 2006.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
