1 Abril 2008
Para que una sociedad pueda progresar tanto en los aspectos económicos y sociales como en los políticos, ambientales y culturales es necesario que las entidades estatales cumplan de manera adecuada las responsabilidades que le han sido encomendadas. Cuando se presentan deficiencias en el desempeño de esas obligaciones se retrasa el desarrollo de los países.
En el caso de las instituciones públicas costarricense sus deficiencias pueden resumirse en cuatro categorías. Primero, la ineficacia en el logro de objetivos generales y específicos, segundo, la baja productividad de los recursos, tercero, la ineficiencia en la asignación de los factores de producción, consecuencia del predominio de intereses privados, y cuarto, la reducida participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.
La solución de estos problemas demanda cambios para que el aparato estatal sea mas eficaz, eficiente y productivo. Esos cambios se han denominado reforma del Estado, y de ellos se habla en Costa Rica desde hace mas de veinte años sin que hasta el momento se vean resultados concretos que beneficien a los ciudadanos.
El objetivo de la reforma debe ser construir un Estado democrático y una administración solidaria, profesional, eficiente, transparente y de calidad.
De acuerdo con Humberto Ruocco, especialista en estos temas, todas las políticas de reforma institucional plantean desafíos cuya respuesta requiere cambios en los sistemas de gestión. Los diez principios a tener en cuenta al realizar las transformaciones son los siguientes:
– Los cambios en las instituciones oficiales deben guardar una relación positiva y armónica con los intereses de las personas.
– La gestión institucional debe apoyarse en un enfoque moderno del derecho, que preserve la tradición democrática y adopte mecanismos para perfeccionarla.
– La administración pública debe conducirse por medio de políticas activas que permitan el cumplimiento pleno de sus cometidos con eficacia, eficiencia y calidad.
– La elaboración de las decisiones estatales debe garantizar la participación de los diferentes agentes económicos y actores sociales.
– La gestión de los entes del Estado debe asegurar la dignificación del funcionario y combatir la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y la corrupción.
– El manejo de la información por parte de las instituciones debe hacerse resguardando los valores esenciales de personas y derechos humanos.
– Se debe eliminar el informalismo y la inequidad en la administración pública, con arreglo a la transparencia y vigencia de las normas de derecho.
– Se debe impulsar una política de descentralización que se combine con la desconcentración y una mayor gestión local.
– Los recursos del Estado deben administrarse según criterios rigurosos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos de solidaridad social y crecimiento económico.
– Las instituciones públicas deben preocuparse por la sostenibilidad social y ambiental y por el avance científico y tecnológico.
Estos principios se sustentan en la concepción de que las instituciones públicas no puede considerar a las personas como simples destinatarios de sus normas y de sus órdenes, por el contrario, deben ser el instrumento encargado de la satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos.
