Explicó que los dueños de las patentes son fundamentalmente empresas transnacionales norteamericanas, como Monsanto o Dupont, que de aprobarse este proyecto venderían sus semillas al agricultor costarricense, quien después de recoger su cosecha no tendría derecho a secarlas y volver a sembrarlas, sino que debe de nuevo pagar a la multinacional para continuar produciendo.
Estas empresas manipulan las semillas, mediante cruces y selección, o mediante modificaciones genéticas, y sacan al mercado nuevas variedades que adquieren derechos de propiedad intelectual, mediante un certificado de obtentor o una patente, continuó explicando el diputado Merino.
El día 18 de junio, en horas de la noche, seis diputados/as del PLN, el PUSC y el Movimiento Libertario dictaminaron el proyecto, sin discutir 83 mociones, 49 de la representación del PAC, integrada por Nidia González, Marvin Rojas y José Joaquín Salazar, más 34 del legislador José Merino. Tampoco hubo posibilidad de justificar el voto, mediante las intervenciones por el fondo sobre el proyecto de ley.
A este proyecto que “patenta la vida”, conocido como UPOV, se le está aplicando la vía rápida y no fue consultado a las comunidades originarias, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo el parlamentario frenteamplista.
Tanto este proyecto de Ley como el Convenio UPOV, que se tramita paralelamente, contribuyen a liquidar la agricultura nacional, afectando la soberanía y la seguridad alimentaria del país, manifestó el diputado Merino, para quien la respuesta de los sectores sociales debe guiarse por la sentencia bíblica que pide “expulsar a los mercaderes del templo”, lo cual se puede lograr en las urnas en el referéndum diciendo NO al TLC y en las calles exigiendo que se detenga el trámite de estos proyectos nocivos para la población, que son parte integral del tratado al estar incluidos en la agenda de implementación.
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OBEDIENCIA DEBIDA
Comentario sobre el trámite de votación del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales en la Comisión de Asuntos Agropecuarios
Fracción del Partido Frente Amplio
El día de ayer 19 de junio en horas de la noche se dictaminó, de espaldas a los intereses de nuestros agricultores, el proyecto de “Ley de Obtenciones Vegetales (Expediente 16.327), antesala del Convenio UPOV, rechazado este último en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa, con votos del mismo PLN hoy en el gobierno, ayer en la oposición.
El dictamen se produjo con un trámite sin discusión y el rechazo de noventa mociones pendientes a un nuevo texto sustitutivo, entregado por el COMEX al bloque PLN, PUSC, ML. Este se publicó hace menos de veinte días, con más de 22 nuevos artículos, y la modificación de 21 de los planteados en el texto anterior en discusión. Se trata de artículos referidos a materia sancionatoria, a nulidades, a procedimientos de inscripción de estas “obtenciones” que no son otra cosa que el patentamiento de nuestras semillas criollas y nuestra biodiversidad.
Debe quedar claro para los campesinos y agricultores, que esta Asamblea Legislativa no tiene interés en mejorar sus condiciones de vida y trabajo, al promover leyes con un solo propósito: “SI AL TLC… SI A LOS INTERESES DE LA TRANSNACIONALES SEMILLERAS”.
Este bloque de mociones que la Comisión de Asuntos Agropecuarios ha rechazado sin ningún escrúpulo, es la lápida sobre nuestros agricultores. Para muestra un botón, una moción solidaria con nuestros agricultores para tratar al menos de paliar tanto atropello, presentada por el diputado José Merino del Río y rechazada por la “mayoría mecánica”:
Moción Nº 89-11, del diputado Merino del Río:
“Para que se adicione un Transitorio I al proyecto de ley en discusión, que se leerá de la siguiente manera:
“TRANSITORIO I.- Durante los primeros cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar una campaña de divulgación y educación a fin de informar a las y los agricultores de todas las regiones del país sobre las implicaciones de la presente Ley para sus derechos. Durante ese plazo y hasta tanto esa campaña no se realice, no entrará en vigencia el capítulo VI de esta Ley.”
Ni un solo argumento para decir por qué nuestros agricultores no pueden conocerlos alcances de una ley como esta, compleja y llena de tecnicismos, antes de ser aplicada. Lógica que sí se emplea cuando hablamos de las reformas que afectan a los abogados y notarios o al sistema bancario y sus inversionistas (_a los que se les ha dado plazo antes de entrar a regir la normativa, de manera que les permita tomar las previsiones y ajustes debidos_). Pero a nuestros agricultores no quieren que se les explique con que novedades se enfrentan en el insumo básico para la producción: el acceso a las semillas.
Más grave aún. No solo las mociones se rechazaron sin discusión sino que se sometió el proyecto de ley a votación sin debate por el fondo. ¡Ni siquiera el dictamen del TLC se votó sin antes permitir algún barniz de discusión por el fondo, mediante la intervención de cada diputado!
La Comisión de Asuntos Agropecuarios podía permitirse discutir hasta las 11.55 p.m. del día de ayer, el proyecto, para que al menos quedara constancia en las actas del por qué estaba a favor o en contra de este expediente cada diputado o diputada.
Pero una vez más con atropello absoluto no solo a los derechos de los diputados/as interesados/as en exponer sus razonamientos, sino a la razón y entendimiento de las personas que quieran, necesiten saber, que pensaban sus representantes, le han cercenado los derechos a la ciudadanía, porque cuando en algún momento en el futuro, para efectos de interpretación de los operadores jurídicos, se deba preguntar: ¿cuál era la voluntad del legislador?, no se encontrará ninguna discusión por el fondo o argumentos encontrados, dada esta actuación irrespetuosa del principio democrático de la_ “mega fracción muda del PLN, ML y PUSC”_.
