El actual gobierno de Costa Rica y las empresas transnacionales del oro han vuelto a imponer a la Zona Norte la decisión de desarrollar proyectos de minería de oro a cielo abierto en esta región. Esta actividad constituye un riesgo social, económico y ambiental para la zona, por lo que debemos sostener una posición digna y valerosa de oposición a estos proyectos. Quienes los promueven no sufrirán directamente los problemas y las consecuencias negativas de esta actividad, además de que serán los únicos que le sacarán ganancias. Veamos, entonces, en qué consiste y cuáles son los impactos que nos acarrearán.
El legado de daños y problemas de la minería de oro
Las técnicas de la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro (MCA) hacen rentable la explotación de yacimientos de oro de muy poca concentración, como el yacimiento de la Mina de las Crucitas, donde es necesario extraer y triturar una tonelada de tierra para obtener un poco más de un gramo de oro.
La MCA es insostenible por definición, tanto porque el aprovechamiento del oro conduce a su agotamiento, como por su enorme impacto ambiental (destrucción de la capa vegetal, eliminación del espacio vital de cientos de especies, destrucción del suelo, apertura de cráteres, liberación de metales pesados, empleo de cianuro, etc.), social y cultural (llegada repentina de nuevas personas, desplazamiento de las actividades productivas tradicionales, prostitución, alteración de las relaciones sociales y familiares, entre otros).
La literatura especializada documenta de manera categórica que la MCA es la actividad industrial más destructiva que existe, tanto en los países pobres como en países ricos. Dos ejemplos de que estos problemas son propios de las minas a cielo abierto lo constituyen las minas Mi-sima y Porgera, ubicadas en Papúa, Nueva Guinea, ambas propiedad de la corporación a la que pertenece Placer Dome, propietaria original del proyecto de las Crucitas.
Los problemas nunca fueron detectados por la SETENA y la empresa ha decidido despedir a casi todos sus empleados, a la vez que están retirando las máquinas y el equipo. Si bien el gobierno se comprometió a entregar un informe sobre el desastre, al día de hoy no hay ningún documento oficial, y muchos estudiosos aseguran que la situación puede desencadenar uno de los peores desastres ambientales en la historia de Costa Rica.
Entre los principales impactos identificados hasta el momento están:
- destrucción de bosque, en medio de una zona de recarga acuífera y de alto riesgo sísmico;
- ruptura de la membrana que retiene los metales pesados contenidos en 100 millones de toneladas de desechos de la mina, con lo que se liberan metales pesados y aguas cianuradas, y contaminando aguas subterráneas y superficiales, particularmente el río Ciruelas, con el riesgo de que esta espiral de envenenamiento alcance el Golfo de Nicoya, fuente de vida de miles de pescadores artesanales;
- desecamiento de varias nacientes y pérdida de caudal del acueducto municipal;
- sedimentación de ríos y quebradas, especialmente el “taponamiento” del cañón del río Ciruelas, provocando una represa que podría ceder ante la presión del agua y generar una gran inundación;
- nubes de polvo en la zona de influencia del proyecto, incluído el casco urbano de Miramar.
Las Nefastas Experiencias de la Minería de Oro en Costa Rica
Aunque Costa Rica no ha sido un país de tradición minera, como sí lo han sido Chile, Bolivia, México o Perú, todas las experiencias de minas de oro que han operado en nuestro país han generado profundos impactos negativos a nivel social, ambiental y cultural, ya fueran que usaran técnicas a cielo abierto, técnicas tradicionales o de túneles, o los mismos coligalleros del Parque Nacional Corcovado.
En todos los casos, las experiencias de minería han dejado estelas de envenenamiento de ríos y acuíferos, destrucción de bosques y montañas, contaminación y destrucción de suelos, envenenamiento del aire y deterioro de la salud de obreros mineros y vecinos de las minas. Como contrapartida, las poblaciones residentes nunca han visto mejoradas sus condiciones de vida, como lo evidencia hoy la situación social y económica de Abangares, que ha sido un distrito minero desde el siglo XIX. La riqueza y los beneficios de estas actividades siempre quedan en manos de los inversionistas y de los testaferros nacionales que favorecen y facilitan la actividad, quienes, además, suelen abandonar los sitios una vez agotados los yacimientos, dejando los daños y problemas a las poblaciones locales.
Si bien en Costa Rica solo han operado tres minas de oro a cielo abierto, los daños ambientales que han provocado han sido profundos, y décadas después el pueblo costarricense sigue a la espera de su reparación.
Estas minas son la mina Macacona, la mina Beta Vargas y la mina Bella Vista. Veamos los probelmas y daños que han ocasionado:
1. Mina Macacona: fue la primera mina de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro que operó en nuestro país hacia la década de mil novecientos ochenta en la comunidad de Macacona en Esparza de Puntarenas.
Después de 9 años de operación, esta mina, propiedad de la transnacional Hearned Limited, repentinamente abandonó el país sin indemnizar un solo cinco por los daños provocados durante su operación.
Los principales daños provocados fueron:
- contaminación de la quebrada Turbina por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas;
- reducción y alteración del cauce de la Quebrada Turbina;
- deforestación de la zona de extracción del oro y la zona destinada a la construcción de la infraestructura;
- apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto.
2. Mina Beta Vargas: se localizó en la cuenca del Río Lagarto, en la Pita de Chomes de Puntarenas, y fue propiedad de la transnacional canadiense Lyon Lake Mines. La mina operó de manera ilegal durante 1997 y 1998, ya que nunca contó con la patente comercial de funcionamiento municipal. Después de operar un poco más de un año, repentinamente cesó sus actividades sin autorización del gobierno.
Al día de hoy, el proyecto se encuentra abandonado y los daños ambientales aguardan su restauración. La empresa no ha indemnizado al país un solo cinco. Entre los principales impactos que provocó la mina se identifican:
- destrucción del bosque donde se levantó la planta industrial, la zona de los tajos o cráter y la zona destinada a las escombreras y pilas de lixiviación;
* contaminación del Río Lagarto por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas;
- apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto;
- destrucción y pérdida de biodiversidad.
3. Mina Bellavista: está ubicada en la parte alta del distrito central de Miramar de Puntarenas, en una zona de pendientes y de alto riesgo sísmico. También es propiedad de otra transnacional canadiense (Glencair Gold Corporation). Después de dos años de operación, a mediados del año 2007 suspendió sus actividades de manera repentina, a raíz del deslizamiento de más de cien toneladas de materiales. Solo para el año 2006, la empresa reportó ganancias cercanas a los tres mil millones de colones, pese a lo cual los beneficios para el país se redujeron al pago de unos cuantos salarios no calificados de costarricenses, dado que, desde el inicio de sus operaciones, la empresa se acogió al régimen de Zona Franca, que la eximía del pago de impuestos, tanto municipales como nacionales.
Diversas organizaciones australianas, como la Fundación Australiana para la Conservación y numerosos grupos ambientalistas, han denunciado sistemáticamente la contaminación de ríos por el uso de mercurio y cianuro y por descargas de desechos sólidos, así como contaminación atmosférica en estas minas. Además, según el Ministro Ambiental de Papúa, tanto la mina Misima como la mina Porgera han provocado serios daños a la salud, en tanto que, según el Instituto de Política Minera de Sidney, en Australia, la mina Porgera ha contaminado el ambiente de 7 mil personas con metales pesados en niveles 3 mil veces más altos que los permitidos en Nueva Guinea.
Además de los inevitables impactos que produce la MCA, la operación de estas minas constituye una fuente permanente de producción de desastres ocasionados por accidentes, tal como ilustran los casos de la mina de Summitville, en Colorado, Estados Unidos, en 1990, que produjo un escape de cianuro que mató toda la vida acuática a lo largo de treinta kilómetros del río Alamoza, o el caso de la mina Omai, en Guyana, en agosto de 1995, donde 685 millones de galones de aguas contaminadas con cianuro y varios metales pesados tóxicos se derramaron en el Río Omai, contaminando decenas de kilómetros, por mencionar solamente dos.
“Las naciones ricas, en persecución de las riquezas mineras de nuestros países pobres, los violan, abren profundos y dañinos huecos, se llevan todas las riquezas. Solo dejan hoyos hediondos y oscuros, nidos de plagas, enfermedades, hombres transformados y embrutecidos. ¿De riqueza? NADA (José Martí).
¡Todos/as contra la Minería en la Zona Norte!
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Gobierno de los Arias revive proyecto minero en Las Crucitas
Fiel a su actitud dictatorial y filibustera, irrespetando y desconociendo la voluntad de las comunidades de la Zona Norte y del país en su conjunto, el gobierno de Oscar Arias Sánchez dio vida nuevamente a la mina de oro “Las Crucitas”.
Mediante el Decreto ejecutivo Nº 217- 2008-MINAE del 21 de abril del 2008, firmado por el Presidente de la República y el Ministro del MINAE, el gobierno acordó “otorgar la concesión de explotación minera (…) por un plazo de 10 años para explotar oro, plata, cobre y minerales asociados…” a favor de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la transnacional canadiense Vanessa Ventures Inc.
El gobierno de “Los Arias”, mediante resolución de la SETENA (Secretaría Téc-nica Nacional Ambiental) Nº 170- 2008-SETENA, de las 12:50 horas del 4 de febrero del 2008, aprobó la nueva versión del proyecto minero y su Estudio de Impacto Ambiental.
Además, “Los Arias” acordaron derogar el decreto promulgado por el Dr. Abel Pacheco, que prohibía la minería de oro a cielo abierto en nuestro país.
En qué consiste el Proyecto Minero de Las Crucitas
La decisión del gobierno de Oscar Arias le da luz verde a la transnacional canadiense Vanessa Ventures Inc. para que desaparezca los Cerros La Fortuna y la Botija en las Crucitas, así como el bosque primario y secundario que se encuentra en su entorno.
La nueva versión autoriza a la transnacional a hacer huecos de más de cien metros de profundidad en busca del oro diseminado en el yacimiento, usando dinamita y otros explosivos, así como el uso de gigantescas vagonetas y maquinaria para remover y trasladar hasta de cuatro mil toneladas diarias de material.
En total, el gobierno autorizó la destrucción, por parte de la empresa, de cerca de doscientos treinta hectáreas, incluida la zona de los “huecos” o tajos, las bodegas, las pilas de colas y la planta de procesado del mineral.
Para la extracción del oro, la empresa ocupará cantidades extraordinarias de electricidad que están negociando con COOPELESCA, así como cerca de treinta y cuatro mil setecientos litros de agua por hora, en momentos en que toda la región sufre de sequía o de problemas de abastecimiento de agua potable.
Aunque parezca increíble, la nueva versión del proyecto fue aprobada sin que la Municipalidad de San Carlos, y mucho menos las comunidades de la región, fueran notificadas sobre estos cambios.
¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!
El Informe de la Contraloría General de la República Nº 04-PFA, “Fiscalización sobre Evaluación de Impacto Ambiental”, del año 2000, y el Oficio Nº 00827-2001-DHR del 29 de enero del 2001 de la Defensoría de los Habitantes concluyen que_ “La SETENA actualmente carece de recursos profesionales, administrativos y financieros que garanticen un análisis profundo y técnico de los estudios de impacto ambiental presentados ante sus oficinas, así como también carece de personal suficiente y capacitado para realizar una labor de control constante y efectiva, que garantice que no habrá afectación al recurso natural existente”_ (folio 418 del expediente Nº 00 007280-0007-CO).
Estos estudios sirvieron de fundamento a la Sala Constitucional para que, mediante la sentencia Nº 2001-13294 del 21 de diciembre del 2001, anulara la adjudicación de los bloques de exploración de hidrocarburos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a la compañía Mallon Oil Company, en la zona del Caribe.
Además, la SETENA desconoce las recomendaciones hechas por las Escuelas de Geología, de Ciencias Sociales y de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quienes, a partir de una consulta hecha por la misma SETENA, recomendaron rechazar el Estudio de Impacto Ambiental por tener problemas de enfoque, por ser parcial, sesgado y complaciente.
Adicionalmente, la SETENA desprecia la voluntad y el rechazo de las comunidades de la Zona Norte y desatiende las preocupaciones externadas por las autoridades del gobierno de Nicaragua que, en voz de la Ministra del Ambiente de ese país, Juana Argenal, ha expresado que “como ministerio nos pronunciamos absolutamente en contra (…) del proyecto”.
Para colmo de males, la SETENA olvida los desmanes y desastres causados por las tres únicas minas de oro a cielo abierto que han operado en Costa Rica minas: la mina Machacona (en Esparza), la mina Beta Vargas (en La Pita de Chomes de Puntarenas) y la mina Bellavista (en Miramar), que después de haber tenido ganancias reportadas, solo en el año 2006, por más de dos mil millones ochocientos mil colones ($5.8 millones), decidieron suspender las operaciones de su mina en el mes de setiembre del año 2007 debido a deslizamientos en la mina.
Con Dios o con el Diablo: no se puede servir a dos amos a la vez
Sacándole brillo y billetes en cantidad a la imagen internacional que tiene nuestro país, el gobierno de “los Arias”, con bombos y platillos, anunció la propuesta de_ “Paz con la Naturaleza”_ como marco de su política ambiental.
Además, en la zona norte ha participado en la creación de la_ “Biosfera de la Humanidad”_ llamada “Agua y Paz”.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, las políticas de la administración Arias están a favor de la destrucción de la naturaleza y al servicio del gran capital transnacional y de sus socios locales.
Las declaraciones del Ministerio de la Presidencia, que han satanizado la legítima lucha por el agua de los hombres y mujeres de Sardinal, evocando transnochados discursos y simplistas explicaciones que reducen al pueblo de Sardinal y del país en general a una masa que no piensa ni analiza, anuncia a nuestro pueblo combatiente, rebelde y digno, la descalificación, la represión y la cárcel.
A la hora de la verdad, no se puede servir a dos amos a la vez, y es claro que el gobierno de los Arias, lejos de velar por los intereses de las mayorías y de las futuras generaciones de este país, se ha mancuernado con el gran capital transnacional y sus grandes socios locales…
La lucha se inicia nuevamente
Es tiempo de recoger la cosecha de años de lucha, estudio, visita a las comunidades y sensibilización de nuestra gente.
Con la ayuda descarada de los Arias, la mina ha ganado una batalla, pero no la guerra.
Antes de que la empresa mueva un grano de arena para destruir el bosque y abrir los huecos profundos, deberán obtener permisos ante el ministerio de Salud, así como el visto bueno para el cambio de uso del suelo y la patente de la Municipalidad de San Carlos… pero, sobre todo, tiene que doblegar la voluntad de nuestro pueblo.
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Si desea colaborar o participar en esta lucha, contacte a las siguientes personas:
Lorenzo Cambronero, teléfono 8390-7647, Jeanete Rojas, teléfono 2478-0324,
Asociación DITSO, teléfono 2224-6780
Material informativo preparado por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y el Frente de Oposición a la Minería de la Zona Norte.
Colaboración solidaria de ANEP
