Montesquieu, en “El Espíritu de las Leyes” alertó sobre los males que acarrea el maridaje entre los poderes del Estado.
“Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.
La concentración de los poderes del Estado es una de las más nocivas tentaciones que enfrentan los gobernantes. El deseo de algunos presidentes de imponer sus criterios y decisiones (que de manera equívoca llaman gobernabilidad) los lleva a aplicar múltiples mañas para dominar y controlar a las otras instancias de poder estatal, una de ellas es el nombramiento de acólitos o timoratos en puestos clave.
Pero en las sociedades modernas, además de los tres poderes republicanos, existen otros poderes, denominados fácticos, que son tan importantes como los constitucionales.
Los poderes fácticos han sido definidos como los que “se ejercen al margen de los cauces institucionales del Estado y se sirven de su autoridad informal o de su capacidad de presión para influir políticamente. Se practican de hecho y la esencia de su ejercicio es la capacidad de controlar mecanismos externos a la política para lograr poder político”.
Entre los poderes fácticos reconocidos están los medios de comunicación, que no solo informan sino que influyen en la opinión pública; las cúpulas empresariales (gran capital) con injerencia en las decisiones económicas, tributarias y comerciales; y el sector financiero y bancario, cuyas ganancias dependen de las normas regulatorias y de las políticas monetarias y cambiarias que aplican los bancos centrales. La Iglesia, los partidos políticos y los sindicatos son otros poderes fácticos con intereses particulares.
Cuando los poderes fácticos se apropian o dominan los poderes formales del Estado, entonces la institucionalidad pierde legitimidad porque las decisiones de los órganos estatales ya no responden al interés público (bien común) sino a los intereses privados de esos grupos de poder. Es la forma más depurada y espuria de privatización.
En los últimos años hemos visto en Costa Rica como el sector financiero se ha convertido en uno de los poderes fácticos con mayores prerrogativas y privilegios, lo cual es indicio de sus vinculaciones políticas y de su capacidad de cabildeo y maniobra para afectar leyes y decisiones que le permiten rápido crecimiento y altas tasas de ganancia.
Basta con examinar las menores cargas fiscales, el auge que tuvieron las offshore y la política de encaje de dos décadas; así como los saltos entre lo privado y lo público de connotados banqueros y su relevancia en las campañas electorales. Eso nos permite entender mejor quienes han sido los verdaderos ganadores de la liberación financiera y como lo han hecho.
08/12/2009
