No es un acuerdo perfecto y, quizá, tampoco sea el óptimo, aunque esto último es discutible. Al fin y al cabo, se trataba de una especie de operación de maximización de una función sujeta a restricciones. Más o menos eso fue lo que se hizo.
En principio el acuerdo le permitiría a las universidades sacar provecho de una eventual, aunque improbable, expansión económica en los próximos años, como también las proveería de una nada despreciable protección en el caso de un bajón de la economía. Pero aquí aparece, de nueva cuenta, otra función cuya optimización está sujeta a restricciones. Es importante tenerlo claro. Intento aportar al respecto con los siguientes 8 puntos.
1) El compromiso central es, evidentemente, el de elevar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al 1,50% del PIB, desde el 1,23% actual. En principio, es esto lo que garantizaría un crecimiento de los presupuestos universitarios mucho más alto que el crecimiento de la economía en su conjunto. El compromiso de una tasa mínima garantizada del FEES (7% los primeros dos años; 4,5% los siguientes), representa una inmunización relativa frente a la eventualidad de una recesión como la de 2009. Sin embargo, es importante no olvidar un detalle crucial: la meta del 1,5% está ligada a otra: la elevación de la carga tributaria (relación porcentual entre ingresos tributarios del gobierno y PIB) del 13,4% al 15,9%. La imposibilidad de cumplir con esta última meta generaría, por parte del gobierno, una justificación para no dar cumplimiento al compromiso del 1,5%.
2) El que no se cumpliera la meta de elevar la carga tributaria al 15,9% no implica que no vaya a aumentar el porcentaje FEES/PIB. Podría aumentar, aunque no necesariamente hasta el techo del 1,5%. Lo que sí es claro es que ello abre un espacio de negociación política que, con seguridad, será complejo y, con alguna frecuencia, conflictivo. El gobierno se resistirá a incrementar los presupuestos universitarios a la tasa que se requeriría, aduciendo que la recaudación tributaria no alcanza las metas propuestas, y a las universidades no les quedará de otra sino presionar en sentido inverso.
3) Alcanzar esa meta de una carga tributaria equivalente al 15,9% del PIB no será, con seguridad, tarea fácil. En su contra juegan tanto factores económicos como políticos.
4) Los factores económicos están vinculados a la posibilidad, nada descabellada, de que tengamos al frente un período prolongado de relativo bajo crecimiento económico mundial, lo cual, en el caso de Estados Unidos, Europa y Japón, arriesga ser de virtual estancamiento, con probables recaídas en la recesión. Visto el elevado grado de vinculación entre nuestra economía y la de Estados Unidos, es muy seguro que si este país no sale del agudo marasmo económico en que está hoy día atrapado –y no le será fácil lograrlo – la suerte de nuestra economía será mucho menos halagüeña de lo que querríamos. Entonces podría estar cuesta arriba la posibilidad de lograr un incremento sostenido y significativo de los ingresos tributarios del gobierno.
5) Por su parte, los obstáculos políticos son obvios: una reforma tributaria seria y de contenido realmente progresivo (y progresista), choca con intereses muy poderosos que, por supuesto, se movilizarán en su contra. En ausencia de tal reforma –incluyendo, por supuesto, el problema de la evasión de impuestos- lograr aumentar la carga tributaria se vuelve tarea improbable, menos aún en un contexto económico poco favorable. Por lo demás, es esta una historia muy vieja: la del fracaso reiterado de cualquier intento por cuanto menos atemperar el sesgo regresivo e injusto del sistema tributario de Costa Rica.
6) Si quisiéramos buscar en todo esto alguna faceta positiva, esta podría estar en el esfuerzo propositivo que las universidades deberíamos desarrollar. De la academia deberían salir propuestas que alienten un debate serio y responsable sobre el tema fiscal, las cuales, además, deberían brindar insumos que puedan ser aprovechados por los sectores progresistas que promueven una reforma tributaria justa.
7) Supongamos, con cierto grado de optimismo, que se dieran condiciones económicas y políticas que permitieran hacer valedero el compromiso de elevar la relación FEES/`PIB al 1,5%. En tal caso, habría que reconocer que las universidades estaríamos gozando de una posición relativamente ventajosa. La pregunta clave ahí debería ser: ¿cómo lo justificamos ante el pueblo de Costa Rica? Planteo esto intentando llamar la atención sobre lo siguiente: la necesidad de la autocrítica por parte de las universidades y la exigencia –ineludible en grado cada vez mayor- de profundizar el compromiso con las necesidades de nuestro pueblo. Es indudablemente cierto que el cultivo del pensamiento, la ciencia, el arte y la cultura es un valor en sí mismo, deseable en cualquier sociedad que aspira a niveles superiores de desarrollo civilizatorio. Mas, sin embargo, no basta con que digamos ser grandes universidades. Es igualmente necesario que efectivamente lo seamos y, sobre todo, que dejemos testimonio vivo de que es así.
8) A lo largo de su historia, las universidades públicas de Costa Rica han vivido reiterados episodios de acoso financiero y mediático. Nunca les hemos agradado demasiado a los grupos conservadores ni a los grandes intereses económicos y ello, sin duda, habla bien de nuestro trabajo. Al cabo siempre hemos salido airosas de esas dificultades. Ese es un bagaje que debe ser aprovechado y potenciado para enfrentar exitosamente los desafíos que planteará el próximo quinquenio, el cual será posiblemente un período turbulento.
*especial para ARGENPRESS.info
