Nos enteramos el día de hoy, 1 de diciembre del 2006, que la Sala Constitucional declaró con lugar 5 Acciones de Inconstitucionalidad, interpuestas por la ex diputada Joyce Zürcher Blen del PLN y hoy candidata a Alcaldesa por ese grupo en la comuna de Alajuela y el ex diputado Libertario, Federico Malavassi Calvo.
Sobre estas resoluciones de la Sala Constitucional, es importante anotar que el voto fue salvado por los Magistrados Armijo y Jinesta, así como por la Magistrada Calzada.
De todos es sabido que el Estado y por tanto el Gobierno de Costa Rica, tiene más de 20 años de estar sentado como acusado en la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar reiteradamente los Derechos Humanos Laborales.
En este largo tiempo de violaciones a estos derechos humanos fundamentales, el país ha sido visitado una y otra vez por las autoridades de la OIT, que han comprobado en el terreno, la veracidad de nuestras denuncias.
La última de estas misiones de la OIT, estuvo en el país hace apenas mes y medio. Esta Misión no pudo callar y con los pies aún puestos en el país, es decir sin esperar la redacción del informe definitivo, pero con los hechos comprobados, manifestaron públicamente, que efectivamente en nuestro país se violan los derechos humanos laborales.
Es importante anotar que el Gobierno de los Hermanos Arias Sánchez ya se había comprometido en Ginebra con la OIT y el sindicalismo nacional a realizar una serie de iniciativas con el objeto de remediar la situación. Sin embargo, a la fecha los Hermanos Arias Sánchez no han cumplido con nada.
De tal suerte que estas resoluciones de la Sala Constitucional, no hacen que echar más leña al fuego y demostrar una vez más ante la OIT y los organismos internacionales que tutelan estos derechos, que el Estado Costarricense y la oligarquía política, económica y jurídica que nos gobierna no tienen ninguna voluntad de hacer valer y respetar los derechos humanos laborales.
Por tanto, notificaremos a la OIT y a la Unión Europea, donde tenemos acusado al Estado y Gobierno de Costa Rica por violación a los Derechos Humanos Laborales y nos prestamos a conversar con todo el Movimiento Sindical costarricense, las acciones y medidas pertinentes para hacer valer este derecho internacional y constitucional.
San José, 1 de diciembre del 2006
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
