La Insignia. Chile, octubre del 2006.
La inmensa mayoría de los campesinos mexicanos rechazan la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) y las políticas agrarias del gobierno. Organizaciones como la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y la Central Campesina Independiente, entre otras, se movilizaron desde que empezó a aplicarse el tratado comercial.
Los campesinos y agricultores mexicanos demandaron al gobierno de Vicente Fox una moratoria en la implementación de las cláusulas agrarias del TLCAN, la entrega de subsidios de emergencia hasta el año 2020, la asignación de un 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el desarrollo productivo de la tierra y un 1,5 por ciento más para el desarrollo social y ambiental del sector rural, además del reconocimiento de los derechos y la cultura de la población indígena, hasta ahora marginada y olvidada.
Señalan haber perdido la “soberanía alimentaria”, pues la importación de alimentos desde Estados Unidos se duplicó llegando a 3.2 mil millones de dólares entre 1997 y 2001. Antes de la entrada en vigor del NAFTA, México era en gran parte autosuficiente cubría más del 80 por ciento de sus necesidades alimentarias, hoy esa cifra ha descendido a un 68 por ciento. Un 70 por ciento de la carne que consumen los mexicanos también es importada. La situación de los trabajadores agrícolas sigue empeorando. De los 3,2 millones de obreros agrícolas en México, más de 1,2 millones son trabajadores temporales y migratorios.
La UNTA, una de las organizaciones más importantes, agrupa a 150 mil campesinos y productores de México Álvaro López Ríos es su secretario general.
Acuerdos rotos
-¿Qué ha significado para los campesinos en México la aplicación del TLC con Estados Unidos y Canadá? – El principal problema que tiene el campo mexicano es el modelo económico impuesto, que depreda y saquea nuestros recursos naturales y humanos. Y, por otro lado, la falta de políticas de desarrollo y fomento para el campo de parte del gobierno neoliberal, que ha dejado a nuestros campesinos abandonados a su suerte y a las reglas que impone el libre mercado. En ese sentido hay demasiado abandono, falta un presupuesto suficiente, existe una brutal competencia desleal con los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, nuestros ‘socios comerciales’. Ellos subsidian su producción agropecuaria con importantes recursos, y nosotros tenemos que competir con una producción que mantiene grandísimas dificultades y menos tecnificación. Nos obligan a competir en el marco de este acuerdo comercial o NAFTA, que desde su origen fue desventajoso para México por las enormes asimetrías que había. Esas diferencias se mantienen y no fueron consideradas en la negociación, a la que nadie nos invitó.
-Pero estos problemas que usted señala existían antes que el NAFTA se negociara en 1993 y entrara en vigor el 1º de enero de 1994…
-Sí. Existían problemas antes que México firmara el acuerdo comercial con América del Norte, pero eran menos graves. Con posterioridad a la entrada en vigor del NAFTA, México se abrió de manera casi absoluta con Estados Unidos y Canadá, y aunque se lograron plazos de desgravación en aranceles de hasta de 15 años, lo cierto es que con un gobierno tecnócrata y neoliberal como los que hemos tenido y tenemos, las protecciones arancelarias y los plazos de desgravación simplemente no se respetaron. Tenemos por ejemplo el maíz, que es un producto asunto de consumo nacional y base de nuestra alimentación. El maíz fue ‘protegido’ con 250 por ciento de arancel y una desgravación paulatina que terminaría en 15 años, sin embargo, desde el primer momento en que entró en vigor el Nafta y que México empieza a importar maíz, no se aplicaron esos aranceles y, al no aplicarse, se afectó la producción nacional por la desleal competencia entre un maíz subsidiado y otro que no lo estaba (el nuestro). Eso significó el comienzo de una disminución drástica en la producción nacional de este grano, y todas las consecuencias que ello implica para nuestros campesinos e indígenas.
-¿Esto sólo ocurrió en el caso del maíz?
-No. El maíz es sólo un ejemplo. Lo nombro porque fue el grano con más protección y mayor plazo pactado en el NAFTA, pero esto sucedió con todas nuestras ramas productivas. En el tratado se establecían compromisos de inversión, de capitalización, de fomento que se señaló iban a permitir que el campo mexicano se colocara en condiciones de competitividad y productividad. Sin embargo, nuestro gobierno en razón de la crisis económica que nos afectó en 1995 y de la irrupción del movimiento que apareció en Chiapas, abandonó sus compromisos. Ahí se entró de lleno a una etapa abandonar el campo a su suerte. Y esto finalmente nos ha generado un campo con mayores problemas que los que teníamos antes.
“No se nos consultó para nada”
Según López, la Comisión para el Desarrollo Rural de México advierte que sobre el 71 por ciento de la población sufre de desnutrición. “La crisis en el campo es parte de la crisis económica que enfrenta nuestro país. Además, más del 12 por ciento del presupuesto nacional se debe destinar a pagar los intereses de la deuda externa”. Muchas fábricas filiales de compañías norteamericanas se han trasladado de México a China debido a los bajos salarios que pagan en el gigante asiático, lo que ha significado la pérdida de 287 mil empleos desde octubre de 2000 hasta ahora. La agricultura mexicana está experimentando rápidos cambios que no son causados por el TLCAN, sino que han sido acelerados por su aplicación: Un millón de campesinos han abandonado sus tierras en la década pasada y las explotaciones de empresas agroindustriales continúan creciendo.
– Muchos pequeños agricultores quebraron, ¿pudieron competir ante gigantes como Estados Unidos y Canadá? ¿Aumentaron los niveles de pobreza?
-Aumentaron dos cosas, primero, los niveles de migración desde el campo hacia la ciudad y el extranjero, y, segundo, la pobreza. Por otra parte, ha habido una quiebra casi generalizada de la pequeña producción frente a la apertura comercial y la imposibilidad de competir con productores tecnificados y subsidiados por sus gobiernos, y con una producción mucho mayor que la nuestra. Hoy estamos padeciendo un proceso de ajuste y readaptación. Nosotros señalamos que el gobierno debiera invertir en los productores de autoconsumo para que éstos tengan alimentos a la mano.
Estamos en esa etapa. Hemos demandado para que el gobierno haga mayores inversiones en el sector productivo para el mercado interno para que se logren mantener ciertos niveles de autosuficiencia alimentaria y soberanía. Por otro lado exigimos que las autoridades apoyen las exportaciones en las que México ha crecido. El sector agropecuario tiene una balanza favorable y un crecimiento de casi de un 5 por ciento. Nosotros decimos que a los competitivos hay que mantenerles el apoyo, pero hay que invertir mucho más en el mercado interno y recuperar la producción para obtener una soberanía alimentaria. No se puede abandonar a los pequeños productores porque eso significará despoblar una parte importante del campo y condenar a un genocidio a 14 millones de mexicanos e indígenas.
-¿Cuánta es la población total de México y cuál es su relación con el campesinado?
-Somos más de 105 millones de personas. Y el sector campesino es importantísimo en la economía nacional. Un 28 por ciento, casi 30 millones de mexicanos, son campesinos.
-El NAFTA se negoció sin consultarle a los indígenas, campesinos ni a la sociedad civil o sus organizaciones. ¿Cómo ha sido la irrupción de las transnacionales en la agroindustria? – No se nos consultó para nada En México se ha dado el mismo fenómeno que en el resto de América Latina. Con la firma del NAFTA se provoca una reconstitución de la gran empresa agropecuaria, ahora con fines de exportación. Pero es un sector muy pequeño, según los estudiosos. Se dice que es menor al 2 por ciento del total de los productores nacionales. Sin embargo, es el sector más favorecido y el que más crece. Creemos que si bien los males que afectan al campo no son imputables totalmente a la apertura comercial y el NAFTA, este vino a complicar la existencia del 98 por ciento de los productores, quienes entramos obligadamente a lidiar con esquemas de producción, comercialización y exportación que nos permitieran lograr ciertos grados de competitividad para poder sobrevivir y mantener la economía campesina”.
Según las organizaciones campesinas los programas y reformas agrarias que se han implementado son completamente cuestionables. El Banco Mundial intenta “actualizar” el mercado de tierras y según dicen “llevar los beneficios de una tenencia segura a zonas marginales”, y establecer instituciones que faciliten la “administración de terrenos comunales que puedan tener un valor de biodiversidad muy elevada”.
Para el Banco Mundial la idea es colocar en el centro de la agenda la cuestión de la tierra como centro de reducción de la pobreza. Pero organizaciones como la UNTA, Vía Campesina y otras dudan de la redefinición de las políticas de tierra que pretende llevar a cabo el Banco Mundial.
Alvaro López Ríos, pone como ejemplo el Programa de Certificación y Titulación de Tierras (PROCEDE), que costó más de 11 mil millones de pesos mexicanos al Estado y que, no tuvo “ningún efecto social, económico, productivo ni jurídico, ya que no es una titulación o certificación que tenga el rango de título de propiedad”. Tampoco, la intervención del Banco Mundial ha evitado los conflictos agrarios y problemas de límites en ejidos y comunidades agrícolas. “La tierra es más que una mercancía, por eso las reformas agrarias asistidas por el mercado basadas en la comunidad, y que presuntamente están dirigidas al combate de la pobreza según el Banco Mundial y Estados Unidos, siguen siendo cuestionables”, agrega. Desde el 2003, los campesinos se han unido para protestar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en Ciudad de México y Chiapas. Su lema principal es “¡El campo no aguanta más!”. Las consecuencias del tratado han sido devastadoras para los campesinos, indígenas y obreros agrícolas.
El TLCAN entró en vigor en 1994, elogiado por sus signatarios como el acuerdo más beneficioso para la población y economías de Canadá, México y Estados Unidos. Desde entonces, los campesinos reclaman más ayudas económicas y moratorias en la ejecución de las políticas sobre producción industrial y el comercio. Algunas de las disposiciones más perjudiciales que entraron en vigor en México, han significado eliminar los aranceles en 20 productos alimenticios de importación que incluyen al trigo, el arroz, la papa y el café. Una cuarta parte de los 100 millones de habitantes de México vive en el campo y según el Consejo Agrícola Nacional organización patronal, más de 700 mil empleos simplemente desaparecerán al entrar en vigor las nuevas disposiciones del TLCAN este año; agregan que ya se han perdido ya unos 600 mil empleos desde que entró en vigencia el 1º de enero 1994, el mismo día que irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas.
Los más pobres entre los pobres
-¿Cómo ha sido la lucha contra el gobierno? – El año 2000 hubo un cambio en los administradores del poder. Se terminó con la hegemonía de un partido que gobernó durante 70 años, el PRI. Ganó un partido de derecha. Hoy se dice que esto es una transición y una alternancia. El nuevo gobierno es en su origen anticampesino y contrario a la propiedad social, ejidal y comunal. Por la posición histórica que este partido tiene quisieron entrar en una fase de aniquilamiento de las organizaciones y el movimiento campesino, y radicalizar la contrarreforma regresiva que sus antecesores hicieron en el campo.
Empezó un debate al interior de las organizaciones campesinas. Debate que tenía que ver con levantar un Programa de Emergencia que el gobierno debía aplicar frente a la entrada en vigor de la Ley Agrícola de Estados Unidos. Esa ley significó una inversión de 180 mil millones de dólares en los últimos 10 años hasta el 2009, para los agricultores norteamericanos.
Esta tamaña inversión y subsidios tienen impactos con sus ‘socios’ comerciales como nosotros, que no tenemos capacidad para invertir siderales cantidades de recursos. La ley iba a tener un impacto negativo en México. En el 2003 se quedaban solamente protegidos por aranceles tres productos: maíz, frijoles y azúcar. El resto de los productos entraba a la_ ‘libre competencia’_.
“Estas dos cosas y la propuesta gubernamental de un presupuesto aún más reducido para el campo significaban la posibilidad de que fuera el ‘tiro de gracia’ para los productores. Esto nos llevó a un reagrupamiento de organizaciones y a pactar un Acuerdo de Movilización frente al gobierno. Lo iniciamos con dos eventos: la toma del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2002, y luego la toma de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre. Diez mil campesinos y productores indígenas nos movilizamos para obligar al Congreso a aumentar el presupuesto para el campo y que, como parte de los poderes del Estado, llamara al Presidente de la República y lo convocara a negociar con los campesinos y aprobar el Programa de Emergencia. Estas movilizaciones lograron sensibilizar a la sociedad civil y el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entre la toma y la negociación pasaron tres meses, con un estado de alerta de todas las organizaciones y los campesinos para obligar al gobierno a resolver nuestras demandas”.
-¿Hubo mucha represión de parte del gobierno neoliberal?
-Sólo amagos y amenazas. Afortunadamente no pasaron a mayores. Si el gobierno hubiese llevado a cabo las amenazas que hizo… en su momento dije que iba a ser la chispa que incendiaría México. Lo obligamos a negociar lo que denominamos un Acuerdo Nacional para el Campo, que es un conjunto de 282 artículos que contienen compromisos y definiciones de políticas y de desarrollo. Un decreto que tiene rango de ley por haber sido suscrito por el Ejecutivo, avalado por el Congreso y 24 organizaciones campesinas.
-¿Cuál es la situación actual de los indígenas en México?
-Los derechos indígenas en México están pendientes. En el último gobierno del PRI, en el diálogo realizado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el gobierno federal a través de una ley de concordia y pacificación que obliga a las partes a dialogar y a un cese al fuego, se establecieron los acuerdos de San Andrés. El gobierno tenía la obligación de darle a esos acuerdos un rango de ley. Sin embargo, esta iniciativa fue incompleta porque los partidos Acción Nacional (AN) y el PRI, se opusieron a plasmar en ley los acuerdos que eran un conjunto de normas que protegen los derechos y cultura indígenas y daban autonomía en sus territorios originarios. Esto no se plasmó cabalmente en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, y se mantiene latente porque lo que se aprobó no fue lo aceptado por las organizaciones indígenas.
Entonces, la marginación, la incomunicación de los pueblos y nacionalidades indígenas se mantiene. Si acaso paleado por políticas específicas de inversión, en infraestructura, caminos, escuelas y salud, pero el problema fundamental de la autonomía e independencia no se ha resuelto todavía. Y eso mantiene latente un conjunto de problemas. El diálogo social no ha sido muy fructífero. Es un asunto de justicia el que los pueblos indígenas cuenten con políticas que permitan su desarrollo y se respeten sus derechos. 14 millones de mexicanos son indígenas y siguen siendo los más pobres entre los pobres.
