La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) remitirá para su valoración, en los correspondientes ámbitos de competencia, los informes de la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, números DGA 533-09 y DGA 534-09, relacionadas con el pago de casi mil millones de colones por concepto de “consultorías” contratadas para una reestructuración institucional aplicada en dicho ministerio; reestructuración a la cual se le dio el pomposo nombre de “Desarrollo Organizacional”, conocido bajo la abreviatura de “D.O.”; dineros que le fueron pagados a la Universidad de Costa Rica (UCR).
La ANEP remitirá en la semana que se inicia, simultáneamente, a la Procuraduría de la Ética Pública y al Ministerio Público, ambos informes para que se determine, según las atribuciones legales que son en corresponderle a cada una de estas dos instancias, si habría ocurrido algún tipo de irregularidad y si, eventualmente, hay pertinencia en demandar rendición de cuentas ante erogaciones de fondos públicos que pudieran no ser correctas.
ANEP denuncia que la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud está siendo sometida a presiones impropias, de alto calibre político, para que los contenidos de esos informes se cambien; lo cual resulta altamente peligroso para el imperio de la transparencia en la gestión pública.
Además, se está así desarrollando un ataque gravísimo a la imprescindible labor contralora que desde las auditorías institucionales se ejecuta como acción básica de fiscalización en el manejo los fondos públicos.
Fuentes cercanas a la ANEP, provenientes de las propias entrañas de la actual estructura de poder del Ministerio de Salud, nos indican que los indicados informes de auditoría podrían poner en riesgo la continuación de la actual Ministra de Salud, la doctora María Luisa Ávila Agüero, como funcionaria de alto nivel en el gobierno entrante.
Esta podría ser la razón por la cual la jerarca mencionada está desarrollando un gran ataque contra la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, a la cual se ha descalificado tanto como para acusarla, en la práctica, de ignorante.
El “D.O”. fue impuesto en el Ministerio de Salud en medio de una atmósfera de miedo, con un ejercicio de la autoridad de corte verticalista y autoritario, partiendo de prejuicios en contra del personal institucional, específicamente el de carácter profesional.
A la propia ANEP no le fueron contestadas, de manera directa, una serie de preguntas que a propósito del gasto de esos casi mil millones de colones, se formularon en su debido momento.
Nuestro cuestionamiento tan solo recibió los “descargos” de la señora Directora General de Salud, la doctora Rossana García González, a los indicados informes de auditoría; posición ésta que la propia señora Ministra de Salud, la doctora María Luisa Ávila Agüero, avala a ciegas.
San José, domingo 28 de febrero de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
