CARTA DE APOYO PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
“La administración de ia justicia social continúa siendo el clamor de las sociedades actuales marginadas por el exceso del poder político. Una sociedad mundial que irrespeta el derecho a la participación, desde quienes ejercen el poder, solo puede generar pensamientos cobardes y condenar a las generaciones presentes y futuras a la pobreza y el subdesarrollo” (*Ing. Víctor Ml Montoya S.*)
Este servidor de la Iglesia de Cristo ha escuchado y seguido con atención las denuncias que los medios de comunicación reiteradamente han transmitido sobre irregularidades en el Instituto de Desarrollo Agrario. Más recientemente, con honda preocupación, he conocido del informe de la Contraloría General de la República, en el que emite un dictamen extremo, recomendando al Consejo de Gobierno el cierre de la Institución.
No me voy a referir a los alcances de la legalidad del mencionado informe, por no ser experto en el tema. Más bien en el presente documento externaré mi voto de apoyo al casi cincuentón Instituto, como testigo presencial de su ingente labor en la Provincia de Guanacaste y en el Cantón de Tilarán, desde donde he servido durante mucho tiempo.
Mal haría en tratar de pasar por alto los posibles actos de corrupción en que haya incurrido el Instituto en su larga trayectoria, trabajando por ejercitar la política agraria del Estado Costarricense. De esos casos deben encargarse las autoridades del Instituto y el fallo definitivo estará en manos de los tribunales de justicia. Estos actos revelan la condición limitada de la persona humana, cuando no está de por medio el mandamiento del amor al prójimo. Cuál de las instituciones creadas por el hombre, aquí en Costa Rica y en cualquier sociedad, está exenta de errores y de posibles abusos?. Sin embargo, Cristo mismo, condenó el pecado y al pecador le indicó el camino del cambio y el arrepentimiento. Entonces, por qué ensañarse con una institución por las faltas cometidas? Más importante sería revisar su legislación, su misión, mandato y su forma de operar enfrentándola a las demandas de la sociedad rural actual.
A la luz de los logros que el Instituto ha promovido durante más de cuarenta y cinco años de ejecutar proyectos de adquisición, titulación y desarrollo de tierras, con los cuales ha beneficiado a más de 70 mil familias, que en su conjunto representan un 20 por ciento de la población rural costarricense; puedo referirme al impacto social y económico positivo que ha causado en una región, como a la que pertenezco: el Cantón de Tilarán. El Instituto ha establecido en las últimas décadas, los asentamientos Monseñor Morera, Quebrada Azul, Quebrada Grande (Campos de Oro), Península de Arenal, Península de Tronadora, Sombrerito, Parcela 12, Cabeceras y Solania, con una cobertura de 1.013,5 hectáreas y una población beneficiada de 337 familias campesinas, que anteriormente vivían en condiciones marginales, sin poder optar a una parcela. Hoy por hoy, sin que estas familias engrosen las filas de productores y productoras calificadas como grandes empresarias, se puede aseverar sin lugar a dudas, que su condición humana se ha dignificado; que contribuyen a la producción nacional, con productos básicos y algunos, hasta para la exportación. Todavía hay mucho por hacer en procura del mejoramiento de las condiciones de producción de estos asentamientos, pero ahí es donde justamente se requiere reformar no solo al Instituto de Desarrollo Agrario, sino a las instituciones de los sectores agropecuario y social, para que provean sus servicios con amplia cobertura, con calidad y en forma expedita. Solo así, podremos combatir la pobreza y dignificar a las familias habitantes de los asentamientos.
La Costa Rica del siglo XXI, con todo y sus dolorosas carencias no sería la misma sin la labor que, especialmente en los años setenta y ochenta realizó el entonces ITCO, transformado luego en el IDA; labor que ha impactado a más de 70 mil familias, que en su conjunto representan un 20 por ciento de la población rural costarricense. El Instituto ha provisto alimento y tranquilidad a las familias pobres del agro y estabilidad social al país.
El país no puede apostar a un desarrollo del agro, sustentado exclusivamente en la operación de las grandes compañías exportadoras. El pequeño y el mediano productor seguirán siendo por mucho un eje importante de la economía y seguirán teniendo un espacio mayoritario en el mapa social del país. Por eso el ordenamiento del agro, el fortalecimiento de las instituciones públicas del sector como el Instituto de Desarrollo Agrario, la asistencia técnica, la investigación, la banca de desarrollo, la modernización tecnológica y las políticas de comercialización, son una inversión pendiente, de implicaciones profundas y el IDA y el resto de las instituciones del agro, deben transformarse para cumplirlas.
Cerrar el Instituto o transformarlo en una institución minimizada, sin verdaderas competencias en el ejercicio del desarrollo rural, significa condenar a los pequeños y medianos productores y productoras rurales a un empobrecimiento y a su exclusión de los mercados nacionales e internacionales. Es necesario reactivar un debate público y transparente sobre las necesarias reformas estructurales del Sector Agropecuario enmarcadas en el proyecto que requiere el país para el mediano y largo plazo.
Por esto insto al Honorable Consejo de Gobierno que al analizar el Informe de la Contraloría General de la República y tomar las decisiones que se deriven del mismo, lo hagan en función de la conveniencia nacional y que en los posibles enfoques de tratamiento del problema se incorpore a representantes de la sociedad civil, políticos visionarios y respetuosos del status-quo de nuestra Nación, de la Academia, expertos en la temática del desarrollo rural, la Iglesia y, por supuesto, a los representantes organizados de los asentamientos y de las comunidades rurales del país.
Apoyo una transformación transparente del Instituto de Desarrollo Agrario, en un instituto de desarrollo rural; incorporando la voz de quienes más urgen de estas transformaciones: los campesinos costarricenses.
Me pongo a disposición del Gobierno de la República para dialogar sobre este tema tan urgente.
Clamo al Dios Todopoderoso, para que Él ilumine las decisiones del Consejo de Gobierno en todos los campos de la vida nacional.
En la Unidad del Amor de Cristo, les saluda, fraternalmente,
Monseñor Héctor Morera