A pesar de la enorme contribución que aportan los trabajadores y trabajadoras migrantes tanto al país que los recibe como al de procedencia, por concepto de servicios, impuestos y remesas (actualmente USD 315.000 millones) y la rica cultura que llevan consigo, muchos países están muy lejos de cumplir sus obligaciones en cuanto a la protección de los derechos de los migrantes. Este año se cumple el 20o aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Migrantes, junto con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a los trabajadores y trabajadoras migrantes, C97 y C143, constituyen el cuerpo más amplio de normas de derechos humanos en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
“Es muy preocupante ver que muchos países vacilan en comprometerse a cumplir esos derechos, aplazando la ratificación de esos instrumentos fundamentales de derechos humanos y normas laborales. No hay ningún país del mundo que no dependa de la mano de obra migrante para satisfacer sus necesidades de personal. Instamos en particular a los países de destino de los trabajadores y trabajadoras migrantes a que ratifiquen los convenios inmediatamente”, declara Peter Waldorff, Secretario General de la Internacional de Servicios Públicos.
La Internacional de Servicios Públicos representa a 20 millones de personas que trabajan en la prestación de servicios públicos. Cerca de 7 millones de personas afiliadas a la ISP trabajan en servicios sociales y de salud, que se ven frente a un fenómeno de migración que va en aumento.
Actualmente hay una deficiencia mundial de 4,3 millones de trabajadores y trabajadoras de la salud, y ese déficit está distribuido en proporciones desiguales entre los países en desarrollo y los industrializados. Esa falta de personal se exacerba más aún por la emigración de personal de salud de los países pobres. En países donde ya de por sí son deficientes los servicios de salud pública, ese hecho constituye una grave amenaza al bienestar de la gente y puede obstaculizar efectivamente el desarrollo sustentable.
“Si los gobiernos tienen verdaderas intenciones de abordar las repercusiones de la migración sobre el desarrollo, lo mismo que la contribución de la migración al desarrollo, deben empezar por arraigar su política en el marco de los derechos humanos”, dice Waldorff.
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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que agrupa a 650 sindicatos afiliados en 148 países. Representa a 20 millones de mujeres y hombres que prestan servicios públicos en todo el mundo. La ISP es una organización no gubernamental independiente. Actúa en cooperación con las federaciones representativas de trabajadores/as de otros sectores económicos y con la Confederación Sindical Internacional (CSI). La ISP representa oficialmente a los trabajadores/as del sector público ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tiene estatus consultivo ante el ECOSOC y estatus de observador ante otras organizaciones como la UNCTAD y la OMC.
