Referentes básicos
Honduras es un país centroamericano fronterizo con Nicaragua y Guatemala. Su población, más del 40% rural, es algo inferior a los 8 millones de habitantes. Es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe. Los otros son Haití y Nicaragua. El ingreso per cápita hondureño es de 2.793 dólares, pero propiedad e ingreso están muy mal distribuidos (coeficiente de Gini de 0.568, quinto puesto entre los más inequitativos de América Latina). Casi un 60% de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza y un 36.2% por debajo de la línea de pobreza extrema. Recientemente, en los años 2005-06, Honduras consiguió ser admitido en la iniciativa para los países pobres muy endeudados (FMI/Banco Mundial) y cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda. Forman también parte de este grupo, de los países latinoamericanos, Nicaragua y Bolivia. Acceder a los beneficios de la Iniciativa implica quedar sujecionado a las políticas económicas de las instituciones internacionales que la administran.
Las diversas formas de poder social en Honduras tienen su eje interno en unas 13 familias opulentas en relación con las cuales se mueven, con diferentes matices, las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos, la jerarquía clerical y hoy, de nuevo, las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen señorial, oligárquico y ‘cristiano’ (cuyo otro eje es la inversión extranjera y el flujo económico internacional) que se presenta como un Estado de derecho y realiza periódicamente, desde inicios de la década de los ochenta (legislativas en 1980, presidenciales en 1981), elecciones que se valoran, y su población saluda, “democráticas”. Honduras es una de las ‘democracias’ implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución popular sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha revolucionaria armada en El Salvador. Por supuesto su vida social y política nada tiene que con igualdad ante la ley (Estado de derecho), igualdad de participación e igualdad de riqueza que, como tendencias, podrían considerarse básicas para un régimen de gobierno democrático o para una sociedad democrática.
Con independencia de su carácter oligárquico, ‘cristiano’ y su tradición dictatorial, aunque vinculada a estos factores, la sensibilidad política de los grupos dominantes en Honduras sería cómica si no fuese por sus efectos sociales dramáticos. En los años 80 del siglo recién pasado se cultivó la idea de pasar a ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, tal como Puerto Rico. Como la ocurrencia no prosperó en el país que debía aceptar el regalo (administración Reagan), en los noventa se abrazó, por los “partidos” Nacional y Liberal (son solo nombres para apetitos) el modelo neoliberal, lo que inevitablemente concentró aun más la riqueza y aumentó el empobrecimiento de los sectores vulnerables al mismo tiempo que enflaquecía a sectores medios. El esquema ‘tecnócrata’ (es solo otro nombre) tuvo sin embargo un logro: abolió, hacia la mitad de la década de los noventa, el servicio militar obligatorio y buscó reestructurar las Fuerzas Armadas para que dejaran de ser un sector relativamente autónomo de clase y se refuncionalizaran como el “brazo armado” del poder oligárquico. Por supuesto, esto no las hace más profesionales, pero les quita capacidad para disputar los buenos negocios o apoderarse de ellos. Las reformas en la institucionalidad militar culminaron en 1998 con una cláusula constitucional que hace que el Presidente hondureño sea el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Los militares que hace unos días (28 de junio) asaltaron y capturaron al Presidente en ejercicio de su país, para luego expulsarlo de Honduras, “no podían hacerlo” (en términos normativos) porque éste era, en una institución de mando vertical, su máximo jefe. Solo podrían haber actuado así si él (el Presidente Zelaya) se los hubiese ordenado. O si deseaban romper la institucionalidad. Situación que, en efecto, produjeron.
La economía hondureña es una economía muy abierta centrada en la exportación de productos agrícolas y manufacturas. Esto la torna extraordinariamente vulnerable no solo a una crisis recesiva global (o estadounidense), sino a presiones económicas determinadas por razones políticas, como la suspensión de giros que ya ha resuelto el Banco Mundial debido al golpe militar y empresarial. De hecho, si los países centroamericanos, Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, resolvieran cortar todo tráfico con Honduras, excepto ayuda humanitaria, tanto la economía como los aparatos militares hondureños se desquiciarían aceleradamente. Honduras es extraordinariamente sensible a su entorno internacional y carece de la capacidad para crear escenarios alternativos si éste se torna abiertamente hostil. El capital extranjero (Zonas Francas) aposentado en su territorio sería incluso un potencial aliado de un bloqueo (o huiría) debido a la disparidad de fuerzas en pugna.
Pese a su historia de dominio oligárquico y transnacional, y también en parte a causa de él, la población hondureña ha resistido la explotación y la exclusión con organización social y movilizaciones de lucha. Desde 1964, y pese a que la organización sindical ha sido considerada “subversiva”, existe una Confederación de Trabajadores de Honduras, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), que coexiste con una Central General de Trabajadores, la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras y la Federación Independiente de Trabajadores. También existen organizaciones en el trabajo agrario: el Frente Nacional de Campesinos de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la “Tela Railroad Company” (alias hondureño de la United Brands) y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula que, con los trabajadores organizados de la Tela Railroad, enfrentan los vaivenes de la producción bananera. El Movimiento Cooperativo (jurídica y constitucionalmente forjado entre 1921 y 1987) se ha dado una Confederación Hondureña de Cooperativas (1971) que se orienta actualmente a entregar respuestas locales a los desafíos globales.
Los grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodistas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, y el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras, han destacado en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. Las organizaciones campesinas han preparado, además, marchas hacia las ciudades para reforzar esta protesta. Lo hacen, como muchos otros ciudadanos y trabajadores, no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino, como enfatiza un dirigente de la Vía Campesina hondureña, porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatizaciòn de activos públicos hondureños, como la energía eléctrica, los puertos y el sistema de salud y, más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que potencie la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda trans-formación de la institucionalidad oligárquica del país.
Sobre esta situación, el insospechable Banco Mundial, reseñando favorablemente el programa original del presidente Zelaya, lo puntualizó de la siguiente forma: crecimiento económico con equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y la participación ciudadana; protección ambiental y gestión de riesgos (Honduras es un país boscoso y por su territorio pasan huracanes), y desarrollo del capital humano (educación, salud). A la reseña del Banco Mundial habría que agregar que, poniéndose a tono con la sensibilidad gestada principalmente por el proceso venezolano en este siglo, a la participación ciudadana se la articuló con la participación social. El gran “defecto” de Zelaya para los diversos grupos tradicionales (nacionales, liberales, jerarquías clericales, magistrados, aparatos armados, medios masivos, parlamentarios, y, probablemente la embajada de Estados Unidos en Honduras, que, en este caso, no representa a la administración Obama) es que asume que el necesario proceso de “modernización” del país debe incluir la participación social y ciudadana de la mayoría de su población. Inclusión social y ciudadana universal. Los posicionamientos respecto de este punto antioligárquico (que no es ni socialista, ni anticonstitucional, ni una chifladura, ni un intento de entronizar una dictadura) condujo al enfrentamiento que culminó con un golpe de Estado. El punto de la “cuarta urna”, en la que la ciudadanía podría pronunciarse sobre la necesidad de convocar a una eventual nueva Constitución es, visto aisladamente, un detalle en procesos más amplios.
No se trata, por tanto, de la opción “bolivariana” o “chavista” de Zelaya, o de la amistad y admiración que manifiesta hacia el proceso cubano por su carácter nacional/inclusivo, sino que su propuesta desafía el eje local del statu quo hondureño: la dominación oligárquica, por definición excluyente, aderezada en este último período con ‘tecnocráticas’ prácticas neoliberales en las que ‘el’ mercado determina ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Zelaya estima que bajo este modelo Honduras no llegará nunca a ser competitivo. Y tal vez valora que estar en la presidencia le permitirá ocupar un lugar preferencial en el nuevo modelo. Esto abre, sin duda, un crispado frente (de intereses y personalidades) al interior de la oligarquía.
El problema que enfrenta el presidente Zelaya es que no ha realizado el trabajo sociopolítico que le permitiría avanzar en su idea modernizadora. Por eso los trabajadores organizados, probablemente una minoría, lo defienden, pero no le tienen especial confianza ni estima.
Algo parecido ocurre con otros sectores populares que “huelen” que una dictadura empresarial-militar encabezada por Micheletti u otro es mucho peor para sus intereses que el gobierno ‘democrático’ de Zelaya. Un sector de la población hondureña está asimismo contra los golpistas porque defiende ‘la’ democracia. Pero si, mágicamente, los golpistas mejoraran las condiciones de existencia, esta ciudadanía respaldaría con entusiasmo su mandato. Esta tibia y ambigua relación entre sectores sociales populares, el presidente Zelaya y las instituciones democráticas puede tener alcances negativos para la resolución de la actual pugna. Sin embargo la violenta represión contra los opositores y manifestantes, y la directa arremetida contra derechos humanos (tránsito, expresión, derecho a la información, por ejemplo) podría acercar y fortalecer el carácter de movimiento social popular de estos actores. Por supuesto, los golpistas carecen de todo interés (y, por sus intereses inmediatos, también de factibilidad) para realizar las acciones que podrían al menos paliar, si no mejorar, las actuales condiciones de existencia de los hondureños.
Cuestiones específicas
Esta sección del trabajo se limita a examinar, desde el panorama anterior, algunos aspectos que parecen relevantes para una comprensión política más básica de la realidad latinoamericana a partir de la actual situación hondureña. No se les ha dado ningún orden especial y no interesa tanto la específica forma que asumen en Honduras sino el utilizarlos como material referencial de apoyo en relación con las actuales sensibilidades políticas en América Latina.
1.- Declaraciones grandielocuentes y procesos reales
El gobierno golpista que encabeza Micheletti ha reiterado, en los primeros días de su ejercicio (junio/julio), al menos tres declaraciones ostentosas y que provienen de su imaginario señorial y oligárquico: en la primera ha revelado que su Fiscalía General prepara un “abultado expediente”, encargado a 15 fiscales al mando del Fiscal General, para acusar de 18 delitos a Manuel Zelaya si éste retorna a Honduras. La acusación justificaría su detención. Los delitos incluyen “traición a la patria” y “abuso de poder”, pero, por el momento, no se incorpora narcotráfico.
Los cargos detallados por el Fiscal General en sus declaraciones a la prensa son precisamente los que atraen la sensibilidad oligárquica (con independencia de sus rasgos jurídicos). Para el imaginario oligárquico, “la patria” consiste básicamente en sus propiedades, intereses, familia y, eventualmente, “su” Dios. Desde este fuero interno puede extender ‘la’ patria a amigos, socios y a quienes le resulten útiles o simpáticos. Como función de este imaginario pre-moderno (únicamente una indicación, no una valoración) quienes afecten sus intereses, propiedad, familia, Dios resultan antipatria. Las relaciones sociales para el imaginario oligárquico se determinan desde intereses y fueros personales y eso incluye una apreciación negativa sobre la juridicidad (porque ella ‘obliga’ desde fuera (o sin considerar) de los rangos (privilegios) personales y también ‘a todos’ por igual o sea universalmente) y lo vincula también positivamente con una ‘religiosidad’ que no lo compromete socialmente y que le permite llegar individualmente a un ‘Cielo’ más allá de este mundo en tanto ‘alma buena’ y litúrgicamente cumplidora. La declaración de Micheletti sobre el “voluminoso expediente” legal (jurídicamente monstruoso) permite así introducir la consideración sobre el carácter antidemocrático de la sensibilidad oligárquica básica (que aflora hasta con grosería en situaciones de crisis), puesto que las instituciones democráticas descansan en las instituciones y lógicas de un Estado de derecho y, también, en la complementación ‘sobrenatural’ que a este rechazo de las instituciones y lógicas democráticas ofrecen las iglesias espiritualizadas y personalizadas, como la católica y muchas protestantes. La cuestión introduce a la complejidad y fortaleza subjetiva del pegamento que constituye y favorece la reproducción del ethos oligárquico (señorial, autoritario, clerical-‘cristiano’, en el límite despótico) en las sociedades de América Latina.
El punto no permite leer, por tanto, las acciones políticas del golpe como expresión de la ‘ignorancia’ o ‘grosería’ (catrachada) de los actuales grupos golpistas hondureños (ignorancia y grosería que sí existen), sino que apunta a los complejos caracteres de la cultura oligárquica latinoamericana y puede rastrearse, con sus matices específicos, en toda el área.
Un corolario: este Fiscal General hondureño que dispone de 15 acuciosos fiscalitos para preparar no un expediente judicial sino un “abultado expediente”, igual de obeso podría prepararlo para mostrar el patriotismo de Zelaya y su compromiso con las instituciones democráticas, si alguien se lo encargara/mandara. El personaje es un funcionario autoadscrito personal y socialmente a la lógica oligárquica, carente de autoestima, y que obtiene estima precisamente de los cargos que se le dan y de los encargos que se le hacen. Preparar un expediente contra un ex o actual Presidente rebasa sus sueños. Lo entusiasma. Lo que se desea enfatizar aquí es que la oligarquía no está materialmente sola cuando actúa o golpea. Tiene peso ‘cultural’. Atrae y convoca a otros sectores sociales, capas medias, funcionarios, sectores populares, aunque, como es obvio, por razones diversas que deben estudiarse en cada situación. No es ninguna paradoja que la oligarquía no esté políticamente sola ni siquiera cuando comete grandes crímenes. Posee un “encanto”, aunque nada discreto, entre diversos sectores sociales, encanto que se deriva del seno de una generalizada cultura señorial y espiritualizada. Sus crímenes, por tanto, no expresan “excesos” individuales o de instituciones como las Fuerzas Armadas. Son acciones sistémicas, lo sepan o no sus protagonistas.
Un breve corolario del corolario anterior es que el “abultado expediente” no incluye a esta fecha ninguna acusación de narcotráfico, aunque sí el enriquecimiento ilícito. Una acusación de narcotráfico podría crear un nuevo frente de guerra. El tráfico ilegal de drogas tiene aliados internos poderosos (y a veces asociados) en todos los países centroamericanos ya que éstos son utilizados como “corredores” y “bodegas” para la droga destinada principalmente a Estados Unidos. En menor medida estos países constituyen mercados. Pero el nuevo frente de guerra podría alcanzar el corazón político mismo de los golpistas: congresistas, magistrados, Fuerzas Armadas, medios masivos, aparato financiero. Y en este frente, las traiciones, errores y “soplos” se cancelan con la muerte. Como se advierte, los golpistas consiguen también discernir cuando se trata de sus intereses. El enriquecimiento ilícito, en cambio, es la forma ‘jurídica’ que contiene el odio y la voluntad de destruir a un miembro de la oligarquía que ha “traicionado” personal y socialmente a su sector de clase. Al igual que en un círculo mafioso, se trata de ‘ajusticiar’ al traidor.
La segunda declaración altisonante de los golpistas es que a Honduras no le importan ni interesan ni afectan las presiones internacionales ni las declaraciones de organismos “extranjeros”. Honduras puede solita. Pareciera una locura. Pero tiene su racionalidad. Es la carta “nacionalista” que todos los latinoamericanos conocemos (puesto que se utiliza cada vez que conviene) y que, en situaciones de crisis, apela a una ‘nación’ que no existe puesto que nunca se ha intentado política y culturalmente construirla como un emprendimiento colectivo común (el esfuerzo más persistente, tal vez, se ha producido en Cuba). “¡Si se puede!” “¡Somos independientes!” “Si nos unimos conseguiremos el desarrollo”, etc. son lemas antiguos y renovados en el subhemisferio. La apelación a la ‘unidad de la Patria’ ante las amenazas de ‘los otros’ funciona como convocador ideológico que apela a signos externos, mágicos o vacíos, ante la desoladora realidad social excluyente: la Madre Patria, la selección de fútbol, la bandera, la canción nacional, el desprestigio de los vecinos, las Fuerzas Armadas, el boxeador campeón, el American Idol de Sony. Es un discurso ideológico que desafía a los sentidos más inmediatos puesto que la vestimenta o físico de Micheletti o Ricardo Martinelli (nuevo presidente de Panamá, en estos días), o también de Zelaya, sus estilos de vida, y, en general las fisonomías y actitudes de todas las ‘autoridades’ de estos países, difiere sustancialmente de los aspectos, vocabularios y estilos de sobrevivencia o malamuerte de muchos de sus cautivos ciudadanos. Martinelli y Micheletti o Zelaya parecen lo que son: oligarcas. Si no lo fueran, se disfrazarían de tales, como el diligente Fiscal General que sirve a los golpistas o los “periodistas” que los avivan.
Pero ahí está el valor ideológico de la carta ‘nacional’. Conmueve y agita precisamente porque no existe. Manosea la esperanza.
El tercer discurso ostentoso expuesto por los golpistas es la mención de que solo serían sacados del Gobierno mediante una guerra en la que resultasen derrotados. Se subentiende que los agresores serían los socios del ALBA, en este caso, Nicaragua y Venezuela. Pero el interlocutor interno son las Fuerzas Armadas locales. Por supuesto, éstas no sirven para una guerra moderna. Tienen capacidad de muerte ante civiles desarmados o con poca organización. No son efectivas, en cambio, ni siquiera contra una insurgencia política y militarmente bien plantada. Pero el imaginario eleva a estas Fuerzas Armadas a símbolo heroico de la resistencia de ‘la’ nación. Este discurso complementa y cierra el recurso a la carta ‘nacional’. Localmente remite a la ‘historia patria’ y al papel de los militares en ella. Internacionalmente es un guiño a Estados Unidos. Honduras podría ser un sitio clave, como en la década de los ochenta, para detener y derrotar al Imperio del Mal. Si la administración Bush se hubiera prolongado hasta el 2010, tal vez los golpistas hondureños hubieran tenido alguna probabilidad. Con la administración Obama, por el momento, no parece factible.
El planteamiento anterior contiene un corolario. Es probable que los golpistas hayan tenido el apoyo de algunos funcionarios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa. La administración Obama ha reposicionado la política exterior de EUA, pero ha sido lenta (y algunos aspectos de la tarea están, tal vez, fuera de su alcance) para realizar los cambios requeridos por el nuevo enfoque en las embajadas específicas.
En ellas hay, además, funcionarios del Departamento de Estado y de instituciones de espionaje cuya línea puede no coincidir, al menos durante algún tiempo, con la del Ejecutivo de su país. En Honduras está instalada, además, una base militar estadounidense, la de Soto Cano, de dudosa legalidad. Por ello resulta obligatorio que al menos algunos funcionarios hayan estado informados del detalle de la conspiración contra Zelaya. Es asimismo dudoso que los golpistas hondureños se hayan comprometido en su acción sin haber tenido algunas señales de apoyo de la embajada estadounidense. De hecho es el apoyo/rechazo/ambigüedad (que sería políticamente una forma de sostén) estadounidense lo único que internacionalmente les interesa. Si ese Gobierno dice sí, no hay ningún problema. Si dice no y actúa en consecuencia, tampoco hay nada que hacer. Es el dueño del área. Los demás son comparsas. Por supuesto, esta apreciación podría contener errores. Uno, por ejemplo, es que Estados Unidos resuelva, pese a ser el dueño geopolítico de la región, actuar como si fuera uno más en un bloque. Por esto el interés golpista en la reiteración del discurso que sugiere como agresores militares y geopolíticos a los países del Eje del Mal. Una división interna o, mejor, varias, podría paralizar y tornar del todo ineficaz a la OEA. Por ello, los guiños a Estados Unidos seguirán produciéndose.
Hasta aquí los discursos estentóreos de la racionalidad hondureño-golpista. Interesa ahora destacar, aunque sea solo por mencionarlos, algo de lo que efectivamente hace.
En relación tanto con los procedimientos jurídicos como con la idea/valor de la nación hondureña, los golpistas materializan un estado de excepción con toque de queda. Ambos factores, que suponen acción militar y policial, permiten desagregar y reprimir a los opositores y, especialmente atemorizar a la población para que no sea ‘ganada’ por el “enemigo”. El estado de excepción se utiliza para silenciar a los medios no favorables o censurarlos mediante el control militar, y también para suspender derechos fundamentales (libre circulación, asociación y reunión, apresar, apremiar y torturar sin orden judicial, en el caso hondureño). El toque de queda deja a la población inerme ante ejecuciones sumarias extrajudiciales, estimula las ‘desapariciones’ y los Escuadrones militares y paramilitares de la Muerte. Pero su función básica es acentuar en la población su experiencia de total desamparo ante el poder.
Aunque tanto el estado de excepción como el toque de queda parecen estar en conflicto con los mensajes ‘nacionales’, para la sensibilidad y el discurso oligárquicos esto no es así. Aunque en el caso hondureño no se lo reconoce, los golpistas actúan desde el siguiente posicionamiento: lo que vive el país es una guerra que enfrenta a amigos contra enemigos en una disputa por el control de Honduras. Los “amigos”: militares y empresarios, políticos, iglesias, etc., son nacional/patriotas y se pliegan a las acciones del aparato militar, las excitan y aplauden. Este aparato militar es el principal depositario (o único) de los valores patrios (dan su vida por ellos, según el imaginario). Los otros, los ‘zelayistas’, chavistas, “extranjeros”, son antiHonduras y antipatriotas, quieren el control sobre el país para dividirlo y destruirlo en función de sus intereses mezquinos. En el esquema maniqueo de virtuosos y malvados no existe cabida para argumentos, reservas o terceras posiciones. En una guerra, se está o no se está.
La idea de que los “buenos” ganarán la guerra exige tener los poderes sobrehumanos o celestiales con uno. Aquí también el vínculo entre militares/represión/guerra/muerte y las iglesias espiritualizadas/valores absolutos/humildad/salvación en el más allá, muestra su carácter necesario. La suerte de Honduras la resolverá en último término Dios. El agua bendita disolverá todos los crímenes (“acciones santas”, en realidad, puesto que destruyen el Mal) y borrará todas las sangres. Liquidada toda oposición, Honduras, saldrá “purificada” y “bendecida”. Este imaginario ‘religioso’ no es exclusividad hondureña. Se utiliza en cada país latinoame-ricano donde los poderes económico/sociales y político/culturales deciden reprimir masivamente a sectores de la población porque sus intereses y posiciones sociales, y con ello el sistema de inequidad, parecen estar en peligro.
Este punto señala hacia una realidad no siempre señalada ni menos enfatizada en los análisis sobre América Latina: el ‘orden’ latinoamericano ha contenido siempre la posibilidad de una guerra interna. Hoy, de varias. En este sentido, su civilidad no existe. También caracteriza a los golpistas como oligárquico/empresariales, militares y ‘religiosos’. El aroma ‘religioso’ concurre en todos los golpes políticos en América Latina al igual que en la reproducción ‘armoniosa’ del sistema. A diferencia de la guerra abierta, es una desgastante presencia continua.
1.1. Excursus sobre el aparato clerical
La base de este texto (preparado para una discusión universitaria) fue terminada en la madrugada del sábado 4 de julio. Después se le introducirían correcciones puntuales, principalmente de estilo. Sin embargo, durante el mismo día sábado, aunque posterior a la conversación, se hizo pública una Declaración de La Conferencia Episcopal de Honduras fechada el día anterior. La declaración fue leída por el Cardenal de origen hondureño Óscar Andrés Rodríguez quien, tras la lectura, realizó su aporte personal al texto. Casualmente durante la discusión había surgido la pregunta acerca de si la jerarquía católica se había pronunciado específicamente sobre el golpe de Estado. La respuesta había sido negativa. El excursus que sigue se escribió entonces inmediatamente después de la discusión y se añadió en la mañana del 5 de julio al documento base.
El documento de los dirigentes del aparato católico en Honduras titulan su declaración “Edificar desde la crisis”. No existe, por tanto, golpe de Estado sino una crisis.
La primera parte del breve documento no se refiere, sin embargo, a esta ‘crisis’, sino que se ocupa de “probar” que la destitución de Zelaya se dio de acuerdo a derecho y, por tanto, no existe golpe de Estado. Lo sustancial del asunto está redactado en cuatro apretados párrafos gramaticales que concluyen que, de lo sucedido, se sigue que se debe “aprender de los errores para enmendarlos en el futuro”.
La información mediante la que los dirigentes del aparato católico se pronuncian sobre el carácter legal del corte del mandato de Zelaya fue provista enteramente por las mismas instancias que cortaron ese mandato: “(…) nos remitimos a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral)”. Por ello su plena convicción de que “Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”. Hasta aquí la declaración de los obispos puede entender-se como un reconocimiento del carácter legal de las acciones golpistas, reconocimiento que se funda en la información que les entregaron las mismas instancias golpistas. Nada especialmente extraño ni nuevo.
Sin embargo ni golpistas ni obispos pueden disimular (por el momento) que el secuestro de Zelaya y su expulsión de Honduras (si tenía cargos legales debió ser detenido por autoridad competente para iniciársele el proceso pertinente) no coincide con su afirmación de la perfecta continuidad institucional reinante en Honduras.
Aquí sí aparece un elemento novedoso: afirmándose en la Constitución hondureña, los jerarcas católicos reconocen que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”. Lo del rapto y extraditación de Zelaya, entonces, no fue ni constitucional ni apegado a derecho. Pero los obispos abren una puerta a quienes actuaron inconstitucionalmente: “Creemos que todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio”. La “explicación”, no la acción legal, como se ha visto ya y se verá más adelante, procederá también de los golpistas. Sus escenarios posibles son: se trató de un autorrapto montado por Zelaya y sus cómplices. Fue un acto impulsivo de un grupo de militares que no compromete a las fuerzas armadas como institución. Se les juzgará por ello. Se hizo para “evitar un mal mayor”. La dirigencia católica podrá ver en la acción una elección ética y salvífica que honra a quienes, desde opiniones ignorantes y soberbias, son descalificados como “golpistas”, pero llevan, como Jesús, con dignidad, su cruz. Como se advierte, el apoyo de la dirigencia católica a los golpistas no es solo jurídico-política, sino también escatológica. Dios está con ellos. El Espíritu Santo los anima. Prolongan el camino de Jesús.
Los restantes trece párrafos de la declaración de los obispos no traen un exceso de novedad para quienes conocen el discurso católico: todos somos responsables por la injusticia social. Pese a esta injusticia Honduras es un pueblo de hermanos que vive unido en la justicia y la paz. Para confirmarlo hay que entablar un verdadero diálogo para llegar a soluciones constructivas. Este diálogo no puede darse sin respeto a la autoridad. Es necesario globalizar la solidaridad (sic).
Más interesante es que los obispos tienen su propia versión de la carta ‘nacional’: la comunidad internacional (Naciones Unidas, OEA, etc.) está desinformada y no entiende la verdadera realidad de Honduras. La OEA en particular no ha prestado atención “… a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado”. También la OEA ha sido omisa al no condenar las amenazas bélicas contra Honduras. Por último, si la OEA “se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”. ¡Los obispos proponen la reforma de la OEA porque no coincide con ellos! Primero, la OEA, después tendrá que ser El Mundo.
Como los obispos practican lo que predican le hacen una oferta de ‘diálogo’ a Zelaya: “A quienes tienen o han tenido en sus manos la conducción del país les invita-mos a no dejarse llevar por los egoísmos, la venganza, la persecución, la violencia y la corrupción.”. Considerar al ‘otro’ movido por la venganza, el egoísmo, la violencia y la corrupción tal vez no es la mejor manera de invitar a un diálogo. En cuanto a la perse-cución, es un lapsus freudiano. Ya sabemos, por los mismos obispos, que Zelaya no es una víctima, un perseguido, sino un delincuente acusado por la justicia. Bueno, hasta el Espíritu Santo se permite de vez en cuando alguna incoherencia.
La jerarquía clerical no pierde la ocasión para sermonear a la gente sencilla y a los trabajadores: “… los invitamos a continuar en un espacio de participación respetuosa y responsable, entendiendo que todos podemos construir una Honduras más justa y solidaria, con el trabajo honesto” (énfasis nuestro). Para quien no entiende este lenguaje, indiquemos que ‘participación respetuosa y responsable’ significa de acuerdo y sujeta a la autoridad legal y metafísica (ley natural de Dios). Como en última instancia, a Dios lo representan los obispos, se participa respetuosa y responsablemente cuando se les hace caso a ellos y a sus reglas del juego. ‘Trabajo honesto’ quiere decir respetando moralmente la lógica de acumulación de capital. Si en Honduras existiese la esclavitud (tal vez la hay), ‘trabajo honesto’ querría decir, que se subordine moralmente al mejor beneficio del amo. Una traducción más laica diría: obrero, sé feliz con tu salario y ganarás el cielo. Y a la esclava: sé feliz con tu esclavitud. Tu amo, pese a tu indignidad, hasta te alimenta. Dios los recompensará a ambos.
Ya que varios miles de ciudadanos, campesinos y trabajadores, se manifiestan en las calles contra el golpe y los golpistas desafiando el acoso el acoso y la violencia ar-mada de los militares, los obispos sienten la urgencia de aclarar: “Rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres”. Los maestros y profesores, los campesinos, los ciudadanos de a pie… son quienes, con sus protestas pacíficas, aunque irritadas y gritonas, son ‘culpables’ de hacer sufrir a los más pobres. Como ni Micheletti ni los obispos están entre quienes sufren, se entiende que la preocupación de los jefes católicos es por solidaridad generosa. Por supuesto, los obispos no se inquietan por el ‘bloqueo’ social que produce, desde siempre, un 60% y más de pobres en Honduras. No perciben en ello ni amenaza ni violencia. Solo hacen violencia quienes ahora salen a la calle. Ah, y también la OEA.
El pronunciamiento finaliza con una excitativa pastoral, no faltaba más: “Ex-hortamos al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz”. No precisan a quien se debe orar y cómo harán para “ayunar” aquellos que no tienen dinero para comprar comida. Cualquiera tiene un descuido.
Esto es básicamente lo que leyó por cadena nacional (y oficial, por aquello de la estricta censura) el cardenal Rodríguez. Los golpistas proveyeron y financiaron el espacio.
Conviene decir algo sobre este cardenal. En América Central (y en América La-tina) un cardenal católico es alguien con mucho prestigio por solo serlo. Una personali-dad a quien se respeta. Por eso los golpistas deciden que sea él quien lea el posiciona-miento de apoyo de los obispos. El cardenal Rodríguez, además del cargo, adquirió, hace algunos años, prestigio de intelectual y artista, un hombre sensible, alguien que entendía los sufrimientos que acarreaba el esquema neoliberal y que se pronunciaba a favor de los humildes.
Bueno este cardenal católico, casi casi intelectual, para que no quedara duda ninguna acerca de su posicionamiento, agregó a la declaración de los obispos, que desde luego suscribió, algo de su propia cosecha. La prensa transcribió así este aporte:
“El alto jerarca de la Iglesia Católica hondureña le recordó a Zelaya que cuando asumió el poder el 27 de enero de 2006, juró “No robar, no mentir, no matar”.
“Pensemos si una acción precipitada, un regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre, sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida, hasta el día de hoy no a (sic) muerto ni un solo hondureño, por favor medite porque después sería demasiado tarde”. Según la prensa, el cardenal pronuncia con algunos problemas ortográficos.
Aun así, se trata de un aporte especial a la situación. El cardenal, habla a Zelaya quien por supuesto no puede contestar: “Juraste no robar y has robado. Juraste no mentir y has mentido. Juraste no matar… y ahora con tu regreso desatarás un baño de sangre”. Dejemos de lado la perfidia con Rodríguez organiza el mensaje. ¿Será Zelaya el culpable de que los militares hondureños masacren a los opositores desarmados? ¿Será Zelaya culpable por su propia muerte? ¿Serían culpables los primeros seguidores de Jesús de que los soldados romanos los crucificaran? Al mismo Jesús de Nazaret, ¿no le ofreció la autoridad judía y más fuertemente todavía la romana la posibilidad de no ser sacrifica-do?
Las últimas preguntas no intentan equiparar a Zelaya con Jesús. Zelaya es un li-beral que quiso, sin hacer el trabajo político previo, transformar el statu quo, y, proba-blemente sacar ventaja para sí de ello. Lo que buscan enfatizar las preguntas es que el cardenal advierte y amenaza desde el poder oligárquico. Habla desde los poderes que, en su época, asesinaron a Jesús y a sus seguidores. Si el cardenal Rodríguez fuese cris-tiano acudiría al aeropuerto y se ofrecería como salvoconducto de Zelaya, aunque éste fuese culpable de crímenes, y pediría a todos los hondureños reunirse en paz y reconci-liación. Lo haría incluso a costa de humillaciones, ultrajes y hasta de su vida. No haría un discurso mezquino y pérfido, hipócrita. No lo haría ni aunque los militares lo obli-gasen.
Pero los militares y los empresarios y políticos golpistas no necesitan obligarlo. Él hace el discurso porque lo considera parte de sus funciones como sostenedor del statu quo. Infundir miedo, chantajear, fingir que no se tienen, desde hace más de quinientos años, las ‘cristianas’ manos llenas de sangre a veces enteramente inocente. En otras organizada y luchadora. Bueno, puesto que él no manifiesta piedad por su gente, ojalá su Dios le tenga a él piedad. Y Rodríguez, quizá convertido, se avergüence.
(Este excursus se terminó de escribir a las 10 horas del domingo 5 de julio. Insis-to en que lo que antes se redactó en este texto sobre el carácter clerical del golpe hondu-reño (y de otros golpes en América Latina) fue escrito también antes de conocer las declaraciones del cardenal y de los otros jefes católicos). Lamento el excursus. Y en especial lamento tener razón en este punto sobre los aparatos clericales.
2.- El posicionamiento de la Organización de Estados Americanos
A diferencia de lo ocurrido en relación con el golpe de Estado en Venezuela (2002), en el cual la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo dudas iniciales, esta vez la movilización de la organización y sus pronunciamientos fueron rápidos y tajantes. A la inmediata condena del golpe hecha por su Secretario General (28/06/09), condena acompañada de un llamamiento al pueblo de Honduras y a las fuerzas a internacionales para exigir la restitución del presidente constitucional en su cargo, lo siguió una resolución de su Consejo Permanente (29/06/09) que en términos parecidos rechazó el golpe militar y exigió el retorno seguro, inmediato e incondicional del Presidente Zelaya a su cargo. Enfatizó que la organización no aceptaría otro gobierno en Honduras que no fuese el constitucionalmente instalado. Un día después su Asamblea General resolvió exigir la restitución de Zelaya a su cargo en un plazo de 72 horas (sábado, 4 de julio), vencido el cual la OEA, si no se ha efectuado la restitución, expul-sará a Honduras de su seno “por violar sus principios”.
Los ‘principios’ a que se hace referencia la OEA están plasmados principalmente en su Carta Democrática Interamericana del 2001. En ella, y en un marco de fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, se señala que ‘la ruptura del orden democrático o su alteración (…) constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de un Gobierno en las distintas instancias de la OEA’ (artículo 19). El apoyo a Zelaya contiene, entonces, además de la exigencia de su restitución el reconocimiento de que su mandato no había ni alterado ni roto el ‘orden democrático’ de Honduras, o al menos no de un modo que exigiera a la OEA pronunciarse. Visto así, se trata de un respaldo tanto a la gestión presidencial de Zelaya (en lo que respecta a su forma o procedimientos) como de un rechazo al golpe que lo secuestró y expulsó del país. En la tradición de ‘democracia formal’ la acción gubernamental se valora como democrática si se apega a la ley, con independencia de su contenido. Del mismo modo, la oposición y rechazo de estas acciones debe ceñirse a los procedimientos fijados por las mismas leyes. Los hechos muestran que los golpistas hondureños no observaron este criterio. De aquí que su alegato de que ahora se prepara una acusación ‘voluminosa’ contra Zelaya resulte extemporánea para legitimar el golpe, con entera independencia de su valor legal. Por ello mismo la línea de propaganda y agitación golpista se orienta principalmente por la senda de denunciar la injerencia chavista en el gobierno de Zelaya. Se trata de la carta ‘nacional’ con guiño a Estados Unidos a la que se agrega la asociación del “chavismo” con la violencia, la ruina y el caos. Desde este ángulo, estiman los golpistas, la acción político-militar sería un medio para ‘evitar’ la violencia y traer ‘la’ paz y devolver ‘la’ democracia a los hondureños. Los medios alineados con Micheletti exaltan el lema “No al chavismo, fuera Mel, queremos paz” que ‘espontáneamente’ corean y llevan en sus pancartas los manifestante que respaldan al ‘gobierno de facto’.
Lo central aquí es, sin embargo, preguntarse por qué el tajante y negativo posicionamiento de la OEA ante el golpe en Honduras. La respuesta, en principio obvia, ‘porque su Carta Democrática la obliga’, no sirve en América Latina. En la región, la letra jurídica vinculante se ha redactado para poder violarse. En términos de poder efectivo significa poco y, muchas veces, nada. En condiciones determinadas, esto vale para todo: Constituciones, Derechos Humanos, Derecho penal, etc. Son las situaciones de poder las que dan un determinado contenido a la letra. En términos analíticos, este no es un rasgo pintoresco de los latinoamericanos, sino que es una lectura asaz precisa de lo que significan los códigos legales en las formaciones sociales modernas y de su valor. Estos códigos no pueden sustituir ni constituir (como un encierro) las relaciones de fuerza que determinan y protagonizan la ‘existencia real’. Maquiavelo dixit.
Adjudicando entonces a la Carta Democrática un valor circunstancial, se debe retroceder al período que antecede a esta Carta del 2001 para entender lo que quiso significar. El factor más significativo es que América del Sur venía saliendo en la década de los noventa de las dictaduras antipopulares de Seguridad Nacional (Brasil, Argentina, Chile, etc.) que expresaron unilateralmente el dominio de grupos empresariales y militares, estos últimos a la cabeza de los gobiernos y practicando sistemáticamente el terror de Estado. El componente militar daba asimismo a las dictaduras un carácter anticivil que podía o no focalizarse contra los sectores populares, especialmente los organizados, o extenderse a la mayor parte de la población, exceptuando a los grupos opulentos y prestigiosos.
La Carta expresa básicamente la voluntad de los civiles organizados en partidos de no permitir que los militares prolongaran su incidencia como fuerza política tras bastidores o directamente. La intención fue subordinarlos al mando político civil, impedir su chantaje y bloquear sus golpes militares. La pretensión civil no podía resolverse nacionalmente. Tenía que ser una declaratoria de la OEA porque ello, además de expresar un sentimiento hemisférico, comprometía a Estados Unidos o al menos lo llevaba a dar una señal (que, por supuesto, no tiene por qué cumplir como lo mostró el intento de golpe de Estado en Venezuela (2002)). Esta voluntad civil solo fue adversada por los sectores más conservadores de América Latina que siempre han visto a los aparatos militares como el ‘brazo armado’ que defiende ‘su’ orden. Pero, en el período, carecieron de fuerza para paralizar la Carta Democrática Interamericana. Ésta debe ser vista como una mezcla de temor y revancha. Como una especie de seguro incierto. Por supuesto la Carta no contiene ningún aspecto que favorezca directamente a los sectores populares.
Es bueno recordar aquí que el actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, debió permanecer 15 años en el exilio por su participación en el gobierno de Unidad Popular en Chile. No requiere de ningún estímulo ideológico particular, aunque puede tenerlos, para rechazar las acciones empresarial-militares que él debió padecer, y levantar con fuerza la bandera de la legitimidad perenne de los gobiernos encabezados por civiles y que son resultado del sufragio universal y periódico.
Pero la sensibilidad anterior inmediata a la proclamación de la Carta Democrática no solo se nutría de esta revancha civil contra las acciones militares, sino también del Consenso de Washington. Aunque se trata de una invención periodística, el denominado consenso era el enunciado de un programa de consolidación del esquema neoliberal al que adhirieron, durante los dos primeros tercios de la década de los noventa la mayor parte de los gobiernos civiles latinoamericanos. Básicamente los regímenes democráticos que acompañan este esquema servían para mejorar la imagen en Derechos Humanos (principalmente por el cese del terror de Estado) y para administrar internamente los desafíos de la globalización con esquema neoliberal. Los países que se señalaba como particularmente “éxitosos” dentro de esta fórmula eran los de Argentina (Menem), México (Salinas de Gortari) y Chile (Aylwin/Frei)). De estos “éxitos” solo ha sobrevivido el último. El Consenso de Washington centralmente contiene medidas de saneamiento de las finanzas públicas, combate a la inflación, desregulación, privatización y captación de inversión directa extranjera, todo ello para conseguir crecimiento económico. El gasto social queda supeditado al comportamiento de la economía, que, a su vez, es función de la acumulación global de capital. La lógica del modelo produce ganadores y perdedores tanto entre clases sociales como al interior de estas clases o sectores.
Este último factor hace que el régimen democrático (entendido restrictivamente como “ganar las elecciones”) pueda ser asumido subhemisféricamente como posicionarse ventajosamente en el Gobierno y en el Estado para obtener ventajas especiales en el sistema mundial de acumulación (“buenos negocios compartidos” y “alianzas estratégicas”). La lucha por estos posicionamientos que entregan ventajas especiales puede llegar hasta el gansterismo, como lo enseña la experiencia de Menem en Argentina. El Consenso de Washington no crea el patrimonialismo y clientelismo del Estado latinoamericano, pero los refuerza y les entrega nuevos caracteres: debido a la apetencia por los “buenos negocios”, ahora globales, se lucha por las reelecciones o continuidades con fiereza “democrática”. Desde luego se trata de un esquema corrupto y para nada democrático. Pero es la forma de régimen democrático que se ha dado, con las variantes propias de cada situación específica, América Latina.
Este segundo factor también exige la profesionalidad de los aparatos militares, o sea su subordinación a los “buenos negocios” pactados por los civiles. Su salida de los escenarios políticos es asimismo su expulsión de los espacios económicos. No es para nada extravagante que la declinación del prestigio del senador vitalicio chileno Augusto Pinochet se haya seguido no de sus violaciones brutales de derechos humanos (defendidas por muchos hasta hoy), sino del enriquecimiento personal y familiar ilícito por haber sido conseguido desde su posicionamiento como gobernante siendo militar (es decir un servidor, no alguien que se sirve. Esto último queda reservado en el modelo para los civiles).
El punto es particularmente intenso y conflictivo en la situación centroamericana. En la zona, en efecto, los militares de Guatemala, El Salvador y Honduras (y en menor medida en Nicaragua) transitaron desde su función de brazo armado de la oligarquía a constituirse como un sector relativamente autónomo de esta oligarquía. Esto quiere decir que competía y con éxito en los “buenos negocios” con la ventaja de poseer, además, el monopolio de los procedimientos e instrumentos de guerra. En la década de los noventa este posicionamiento militar fue erosionado y permanece fuerte solamente en Guatemala. Cuando Micheletti llama a los militares hondureños a “salvar a la patria” recuerda inmediatamente a los “políticos civiles” la historia del aprendiz de brujo que reabre el escenario político a fuerzas que podrían resultar incontrolables. El repudio es, entonces, fulminante. Y, como se ve, tiene poco de “democrático”. La OEA tiene perfectamente claro que en Honduras ningún bando disputa ‘la’ democracia. Lo que se juega son los “buenos negocios”. Y esto quiere decir, se juega en serio.
Digamos, todavía, que la Carta Democrática Interamericana no contempla, además de la expulsión, ninguna otra sanción para una administración golpista. Cualquier otro castigo tendría que ser una acción unilateral de uno o varios Estados o seguirse de un pronunciamiento generalizado de la Asamblea General (lo que es poco probable). Este pronunciamiento crearía escisiones al interior de la OEA y enrarecería las relaciones internacionales hemisféricas y globales. Por supuesto, si Estados Unidos se opusiera (o incluso se abstuviese) el pronunciamiento resultaría no factible de cumplir.
Los golpistas hondureños tienen claro esta inanidad de la OEA y por esto insisten en denunciar la injerencia chavista en Honduras y, en las últimas horas (2 de julio) en señalar que podrían “adelantar” las elecciones. En el contexto descrito, acceder a las diversas posibilidades de esta propuesta sería para ellos un triunfo. Y ese triunfo está dentro de lo factible.
3.- El golpe es una acción (conspirativa) empresarial-militar-clerical Residir en Costa Rica, para efectos de una comprensión centroamericana, tiene sus ventajas. El país combina un carácter agresivamente conservador (cavernario muchas veces) con un cuasi monopolio de los medios masivos. Esto, y la ausencia de oposición social, hace que las voluntades políticas reaccionarias se puedan seguir fácilmente mediante la lectura de los titulares, gacetillas periodísticas y páginas de opinión tanto de los principales medios impresos como de las televisoras con mayor cobertura.
Por citar un ejemplo pertinente, el reciente golpe militar en Honduras fue anunciado en editorial del medio impreso de mayor circulación en el país dos días antes que se produjera. Es decir, la red de empresarios centroamericanos estaba en la jugada. Bajo el título de “Abismo en Honduras”, el editorial persigue concluir dos tesis y adelantar una situación hipotética: la situación hondureña “ (…) supera en riesgo y arbitrariedad hasta las peores tácticas de Hugo Chávez, de quien Zelaya pretende ser un discípulo” y “Si (…) se rompe el orden constitucional hondureño, no habrá duda de que el propio Presidente (Zelaya) ha sido el culpable”. La fracción de ‘conclusión’ hipotética consiste en indicarle, desde Costa Rica, a Zelaya lo que debe hacer: “ (…) si a Zelaya le quedara alguna dosis de sensatez y sensibilidad debería (…) dedicarse, en los meses que le restan como Presidente, a reparar algunos de los inmensos daños que le ha causado a Honduras.” (La Nación, 26/06/09). La amenaza es clara: retrocede, no hagas olas en tu favor, y quizás no te haremos daño. Tony Soprano no podría haberlo dicho más claro.
El editorial mismo se configura mediante semiverdades, exageraciones grotescas y un posicionamiento que evita referirse a lo que resultaba legal o ilegal, o sea democrático, en Honduras. De esta manera las iniciativas de Zelaya, su deseo de hacer una consulta no vinculante, son idénticas o simétricas a las acciones de los ya concertados golpistas, la oposición frontal del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, o los ‘temores’ de la Conferencia Episcopal. Ya señalamos que si esta voluntad de Zelaya resultaba ilegal, o se sospechaba de su legalidad, pues debía haberse seguido contra su acción, no contra él (o al menos no inmediatamente contra él) el recurso jurídico pertinente. Pero la legalidad, en un Estado de derecho, no es asunto de “declaraciones” o de presumir “intenciones” o “riesgos”.
En los días inmediatos posteriores al golpe de Estado, y como desde fuera de Honduras se percibe que la acción golpista tiene las características de un error político que puede debilitar el espacio de “los buenos” demócratas que desean devolverle la paz a los hondureños y asestarle una derrota a Chávez, un ‘analista’, exdirector del periódico y propagandista de la Sociedad Interamericana de Prensa (reúne a los propietarios de medios y a directores de confianza) hace una paráfrasis o refrito del editorial ya citado, pero agrega un nuevo elemento para la ‘simetría’ entre Zelaya y los golpistas: la impunidad para los últimos. La propuesta es, vuelve Zelaya (a no hacer nada, según se ha visto) pero no se castiga a los golpistas: “Su restitución (de Zelaya) debe darse, pero en el marco de un entendimiento aceptado por las partes y verificado por árbitros externos”. Establece además condiciones a Zelaya: “El mínimo necesario es que Zelaya deponga sus ímpetus de reelección, “refundación” o cualquier cosa que huela a Consti-tuyente, reconozca que carece de potestades para imponerla y acepte los ámbitos de competencia del Congreso, la Corte y el TSE” (LN: 30/06/09). Con los golpistas, excepto los militares, es más benévolo: Congreso, Corte y TSE (es decir las instituciones que avivaron el golpe) “deberían anular las decisiones golpistas y reconocer la arbitrariedad de sus actos; los militares, volver a sus cuarteles y exponerse a las sanciones que correspondan.” Es decir, borrón y cuenta nueva. Encierro e inanidad total para Zelaya e impunidad total para Micheletti y demás actores golpistas, incluyendo el Congreso, la Corte y el TSE. Castigo (‘sanciones’ escribe el melifluo analista) solo para los militares. Ya hemos explicado por qué. Solo que después de su protagonismo mesiánico en el golpe habría que consultarles si consienten en ser crucificados.
Sin embargo el articulista agrega otra pieza a la incoherencia con que pretende “salvar” a los golpistas. Afirma que Honduras carece de una institucionalidad democrática, lo que es efectivo (pero tampoco la poseen ni Guatemala ni Costa Rica, por citar otros dos países centroamericanos): las ‘condiciones de solidez democrática, claridad sobre las funciones y límites de los poderes estatales y apego a la legalidad no existen en Honduras’. Aunque él no lo sepa, está diciendo que en Honduras no existe Estado de derecho, aunque se haya dado una letra constitucional, y no existe porque su institucionalidad política es oligárquica y aquí sí, en un marco oligárquico, Zelaya, delirante o no, los desaforados golpistas michelettianos y los militares represores y asesinos tienen sus ‘razones’. Pero la cereza del pastel es que el ‘analista’ que señala la inexistencia de un Estado de derecho en Honduras propone que el error golpista (por el rechazo internacional) lo resuelvan las instituciones que sirvieron como base y corazón de ese golpe: empresarios, medios, iglesias, Congreso (¡!), TSE (¡!) y Poder Judicial (¡!). Recordemos solo que Micheletti, la cabeza del golpe, es o era Presidente del Parlamento (así le llaman en Honduras).
Finalmente, el escribidor local de los grandes empresarios periodìsticos no puede dejar de tirar mandobles a quienes sus patrones odian: “La comunidad internacional, por su parte, debe hacer a un lado el ALBA e involucrarse mediante instancias legítimas y confiables, como la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Grupo de Río”. La idea es clara: dividir la OEA en ‘buenos’ y ‘malos’, como si el ALBA (a algunos de cuyos programas Costa Rica ha peleado por ingresar) fuese ilegítimo. Y en cuanto a confiabilidad, ningún extraterrestre democrático y decente confiaría en la OEA. Lo decente y lo obsceno, por el momento y quizás siempre, son cuestión de perspectiva.
Ahora, ¿quién concede la ‘legitimidad’ en América Latina? ¿La Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Alguna Conferencia Episcopal? ¿El Grupo de Río mencionado por el analista? De este último forman parte ‘legítimamente’ Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras (¿quién lo representará, Zelaya o Micheletti?), Nicaragua y ¡¡Cuba!! O sea todo el Eje del Mal. ¿Sabe de lo que habla esta intelectualmente paupérrima ficha de los empresarios adinerados? Por cierto en el Grupo de Río figuran asimismo Colombia (sin comentarios sobre su ‘legitimidad’), México (hoy llamado Estado frustrado o fallido), Paraguay (una mezcla de mafias y curas copuladores), Guatemala (que hace mucho debió ser expulsado de Naciones Unidas y bloqueado por genocida). Estos ‘demócratas’ tal vez son los que contrarrestarán al Eje del Mal en el Grupo de Río.
Solo como anécdota señalemos que el hombre de la SIP en Costa Rica no realiza ninguna mención, absolutamente ninguna, a la censura de los medios de comunicación (y hasta donde se puede a los corresponsales extranjeros) en Honduras. Ni tampoco a la autocensura (dicen ellos) que se imponen los medios que desean seguir circulando.
El ‘régimen de Micheletti’ intenta pacificar Honduras no solo mediante la represión militar (que los manifestantes opositores valoran sangrienta) sino evitando que la población acceda a cualquier información que no sea la del régimen golpista que busca prolongar, sin cambio ninguno, el régimen oligárquico salvadoreño. Ligeramente bizco, el man. Aunque en su bizqueo, no está solo.
Todavía falta aquí otro ‘detalle’ costarricense en este apartado para que se complete la caracterización ideológica elemental del golpe hondureño: los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en parte por la condena internacional y en parte por el temor a una guerra civil en Honduras con incidencia sobre sus territorios, decretaron un cierre comercial de 48 horas de sus fronteras con ese país. Los exportadores de Costa Rica protestaron de inmediato porque perjudicaba sus negocios (no dieron cifras por aquello de los impuestos). ¡48 horas en que sus mercancías no pudieron circular! Pero lo interesante son las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior costarricense: “(…) estoy asombrado de que se haya usado esta medida.
Es una medida sin precedentes en Centroamérica (…) Tiene implicaciones legales, pero además éticas ¿Cómo va usted a dejar sin leche a los niños de ese país por un asunto político?” (LN, 03/07/09).
Se puede hacer retórica y demagogia invertida con esa declaración: “¿Cómo se va a dejar sin derechos humanos y sin Estado de derecho a los hondureños por vender y ganar dinero? El Ministro costarricense es obviamente un empresario. No le interesa que los niños hondureños beban leche, sino que la compren y a precios de oportunidad, por la crisis. Mejor si hay guerra civil, porque los precios se disparan. Con independencia de la demagogia, en Honduras el 38% de los niños sufre desnutrición con incidencia grave en su salud mental y en su crecimiento. Se lo deben no al descuido de sus padres humildes, sino al dominio oligárquico/empresarial/cristiano que determina quien come y quien no en ese país. El dominio oligárquico es un fenómeno político y económico.
El Ministro de los Empresarios Costarricenses podría preguntarse: ¿Cómo hemos permitido que una situación económico-política-cultural frustre la salud y existencia de los niños hondureños? Y habría podido terminar, con apesadumbrada coherencia: “Esto tiene implicaciones éticas”.
Pero el Ministro no repara en esto. Para él solo tiene implicaciones éticas el que los empresarios que él unilateralmente representa hagan circular sin trabas y vendan sus mercancías a quien pueda pagarlas. Lo ético se resuelve en tener dinero y, sobre todo, en acumularlo. Esta es la sensibilidad empresarial, desnuda. Como se advierte, tiene sus ventajas residir en Costa Rica. Desde aquí es fácil advertir lo que efectivamente pasa en el área. Pero el ‘área’ no es sino un lugar transparente, por ausencia de oposición, del continente. Y quizás del mundo.
Un alcance. En el adocenado imaginario del Ministro costarricense lo comercial (económico) no tiene nada que ver con lo político. Se trata de un grosero y codicioso imaginario escindido en estancos y desde el cual resulta posible invisibilizar culturalmente las necesidades humanas de la población más vulnerable. Población que, cuando se trata de Honduras, hemos mencionado, comprende a un 60% de su gente.
Creo que estas señales son suficientes para introducir al sentido de la expresión que caracteriza el golpe hondureño como oligárquico/empresarial-militar y clerical. Sería importante que quienes se oponen, desde el punto de vista popular, al golpe, lo asumieran.
Un énfasis en un detalle de este cuadro. En América Latina las rupturas institucionales cuentan con el respaldo de instituciones clericales. Así, por ejemplo, el golpe militar que expulsó a Perón o los que abrieron las dictaduras empresarial-militares de Seguridad Nacional. Fue el cardenal de Nicaragua quien lideró la oposición al gobierno sandinista cuando algunos de éstos intentaban hacer un gobierno para los sectores populares. El mismo factor clerical concurre hoy en Honduras. Las iglesias, en especial la católica que es la mayoritaria y la más internalizada por la población como referente cultural, deben ser indicadas claramente como factores golpistas y reaccionarios. Se debe señalar su responsabilidad, que es política, social y ética. Y cuando corresponda, por desgracia nunca o casi nunca, debe exponerse esta responsabilidad y sancionar a sus personeros involucrados y, si es del caso, a sus instituciones, no por ser iglesias sino por reaccionarias. El siglo XXI es ya suficientemente tarde como para seguir dejando en la invisibilidad que los principales factores culturales de la caverna latinoamericana son el temor y las iglesias.
4.- Globalización, acuerdos de paz y golpe militar en Honduras
Todavía resulta necesario enfatizar algunos aspectos políticos locales del entorno más amplio en el que se inscribe el golpe militar hondureño del 2009, la globalización. Cuando el proceso globalizador llega a América Latina, década de los ochenta, América Central era el escenario de una guerra de Baja Intensidad y de una guerra guatemalteca cuyo factor causal común más próximo era la apropiación oligárquica y extranjera de los beneficios del crecimiento económico. Más específicamente, el conflicto era atizado por la instalación de un gobierno sandinista en Nicaragua y la eventual extensión de este triunfo popular a El Salvador.
Por supuesto y en sus diversos frentes el choque se revestía con los motivos ideológicos de la Guerra Fría, todavía vigente en el período. Se enfrentaban, pues, ‘la’ democracia y ‘el’ comunismo. Y era una guerra total. Como corresponde, participaba en ella la superpotencia del hemisferio, Estados Unidos. Y como a esta guerra la administración Reagan le atribuía alcances geopolíticos estratégicos (quiere decir sobre su dominio en el planeta), pues los países centroamericanos fueron ‘aislados’ de los efectos de la globalización. Sus sectores oficiales recibieron ayuda militar y económica y el área no recibió frontalmente los golpes del “libre comercio” y las privatizaciones.
Las guerras (crueles, devastadoras) terminaron con acuerdos de “paz” político-militares, pero sin acuerdos sociales y culturales que favorecieran construir esa paz (a la que se valoró más bien como un descanso de la guerra). El área siguió en lo mismo, con alguna variante no puramente cosmética, que había hecho estallar los conflictos armados. Pero a la guerra social y espiritual, que era la tradición, se le había agregado ahora la violencia que trae consigo el libre comercio en sociedades con dramáticos principios de exclusión. Dicho escuetamente, la globalización actual disminuye todavía más la precariedad de la fuerza de trabajo (la fragmenta, desmoviliza, la torna trashumante, le quita horizonte de esperanza, etc.) y, con mayor vigor, la de los sectores excluidos de los mercados. Acentúa la vulnerabilidad de las poblaciones humildes y también el atractivo de los recursos naturales en que se asientan. Se crea un ethos de rapiña.
América Central se transforma así en un espacio privilegiado para la inversión directa extranjera (que gesta enclaves y acentúa la polarización) que aprovecha la cercanía del mercado estadounidense, la fuerza de trabajo numerosa y castigada, la legislación de papel y la desagregación interna del área. En el límite, cada país acuerda ‘como región’ un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos “negociado” a la carrera y, en la práctica, unilateral y oligárquicamente. Esto último significa aquí, husmeando solo los beneficios de corto plazo. Y para minorías. El Tratado tiene efectos estructurales. Se notarán a mediano plazo. Pero también genera efectos situacionales inmediatos.
De estos últimos, el que interesa destacar aquí es que la región se abre todavía más a los “buenos negocios compartidos” que obviamente, por aquello del ‘capital humano’ no se extienden para beneficiar a los sectores más desprotegidos. Es tiempo de mejores, aunque pocos, ‘buenos negocios’. No existe oportunidad ni voluntad para mejorar las condiciones sociales de una población que ni produce con eficiencia ni consume con la opulencia que requiere la acumulación global.
Mejores, aunque pocos, buenos negocios. Son las condiciones para otra guerra, además de las ya indicadas. Se trata de la disputa al interior de las oligarquías para situarse en posiciones que permitan estar a la cabeza cuando los buenos negocios aparezcan. Se intenta apartar a los militares. Pero después se entra en la pugna de grupos o sectores. Hay que correr y atropellar (o destruir) para ganar el gobierno. Hay que correr y atropellar para “modernizar” y jefear las negociaciones. Hay que estar necesariamente en la banca. Hay que situarse para recibir las coimas, chantajes, comisiones, para establecer alianzas. Es la guerra. Y se debe tornarla compatible con las instituciones democráticas. No es factible.
Junto a los buenos negocios ‘legales’, como las Zonas Francas, por ejemplo, o la agroindustria liquidadora de los suelos, o la maquila industrial, se instala asimismo en el área un gran/buen negocio ilegal: el narcotráfico con asiento colombiano y mexicano principalmente. Es una de las formas más duras y amplias del crimen organizado. Las sociedades centroamericanas, manejadas por oligarquías romas, avariciosas y enfrentadas, facilitan la penetración de las organizaciones mafiosas. No llegan aquí por gusto, sino porque después del 11 de septiembre del 2001 se ha dificultado el ingreso de sus productos al mercado estadounidense, el Gran Comprador. Hay que tornar compatible la penetración degradante del narco (y la costosísima simulación de que se lo combate con denuedo y eficacia) con las instituciones democráticas. No es factible. ¿Qué se hará entonces? ¿Cómo se procederá?
El golpe oligárquico/empresarial/militar/clerical de Honduras se inscribe también en este complejo proceso básico de corrupción, venalidad y degradación que ha llevado a la total descomposición de Guatemala y a llamar a México, el coloso extra-área, “Estado frustrado”. Peculiarmente, pero sin paradoja alguna, gran parte del ‘vigor’ de los actores locales en la pugna hondureña (Micheletti acaba de avisar (04/07/09) que retirará a Honduras de la OEA, lo que no es jurídicamente factible puesto que él no es reconocido como autoridad hondureña), se sigue de este proceso radical de descomposición.
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Para la elaboración de estas notas se utilizaron materiales de A. Borón (Alai), Carta Democrática Intermericana (OEA), Conferencia Episcopal de Honduras, W. Cruz (Vía Campesina, Honduras), Guía del Mundo, La Nación S.A. (periódico), J. Gutiérrez, J. Majfud (Alai), N. Moreno, I. Rauber (Alai), E. Ulibarri, Wikipedia.
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ANEXO
En su edición del 4 de julio, el diario La Nación, el más importante de Costa Rica, publicó en su página de opinión, el texto que aquí se reproduce. Su autor es un profesional médico que personifica adecuadamente la ‘transparencia’ de la sensibilidad de la dominante caverna costarricense. El texto “Notas…” fue escrito antes de que se publicara este artículo y se utilizó como contrapunto en la mañana de discusión universitaria sobre el golpe en Honduras.
HONDURAS
Jaime Góngora (Médico)
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Zelaya se declaró admirador de Chávez, el adalid de la “democracia participativa”. Hace saber que el también cree en “la democracia participativa”. Además, se une al ALBA, la punta de lanza del “socialismo del siglo XXI”. Por lo tanto, el socialismo que busca no ser podría interpretado como diferente al que se practica en Venezuela. Y el que practi-can allí es el marxismo leninismo que los demócratas latinoamericanos ignoran para no tener que actuar contra esa monstruosidad.
Chávez prostituyó la palabra democracia. Fidel Castro le aconsejó que no hiciera la idiotez del Che. Por lo tanto, utiliza la democracia para ir, poco a poco, solidificando su dictadura. Compra conciencias de la gente necesitada con los odiados dólares del petró-leo y progresivamente, pero inexorablemente, implanta en Venezuela la dictadura del proletariado. Así practica Chávez la “democracia participativa”. Chávez, el personaje que admira Zelaya.
Pero el uso de la democracia para implantar la dictadura del proletariado es un proceso que hace inevitable la necesidad de perpetuarse en el poder. En el caso de Zelaya, la necesidad era reelegirse. Lo quiso lograr subrepticiamente.
Historia conocida. Los hondureños sabían que Zelaya quería cambiar la Constitución, como Castro, Chávez, Ortega y colegas. Además, conocían la historia. Sabían que no existió un solo país en el campo soviético durante la Guerra Fría que no se empobreciera y no cercenara libertades. Los hondureños escogieron no dejarse engañar y actuaron con base en la realidad histórica que claramente percibieron. Vieron el espectro de la pobreza y la represión y no la aceptaron para su país y para su pueblo.
Pese a las advertencias que le lanzaron los militares y el Congreso en los últimos días, Zelaya mantuvo su decisión de realizar el domingo una consulta popular que le diera luz verde a su proyecto de convocar un referéndum el 29 de noviembre, con el fin de refor-mar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Esta iniciativa violaba artículos de la Constitución que la prohibían. Tanto la Corte Electoral, como la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía de la república, el Congreso y miembros de su propio partido, declararon que las aspiraciones de Zelaya eran ilegales y lo ponen en un avión y lo mandan para Costa Rica.
Lo recibe generosamente el presidente Arias, lo invita a viajar con él a Managua a la cita de SICA al día siguiente, y Chávez y Zelaya proceden, en 24 horas, a tratar de humillarlo, enviando Chávez un avión esa misma noche a recogerlo y recibirlo, él mismo, en Managua. Además, nuestro presidente fue prácticamente ignorado en Managua y, para remachar, con evidente notoriedad, el proyecto de resolución de apoyo a Zelaya fue presentado en la ONU por todos los países centroamericanos excepto Costa Rica. Zelaya mordió la mano que le dio de comer.
Acto heroico. Lo que sucedió en Honduras fue un acto heroico que el mismo pueblo hondureño está apoyando. Los actuales dirigentes están evitándole a su pueblo la repre-sión y la pobreza. Pero también le pueden estar haciendo un bien a los países del ALBA y a todos los pueblos latinoamericanos. Si los hondureños se plantan, van a demostrar a esos pueblos, a sus fuerzas cívicas y a sus militares, que los maleantes marxistas leninis-tas enmascarados no son invencibles ni son la ola del futuro tampoco.
Toda clase de acciones se pueden derivar de este hecho. Ninguna de las cabezas del ALBA dormirá tranquila y sus días pueden estar contados.
Pero quizá la más útil consecuencia de lograr mantener a Zelaya separado del poder es abrirle los ojos al presidente Obama. Si el resto de los países del ALBA siguen el ejem-plo de Honduras, ojalá se dé cuenta el Presidente estadounidense a lo que llegan los pueblos por mantener su libertad. Mostró debilidad ante el sacrificio del pueblo iraní con serias consecuencias para la paz en Oriente Medio. Ojalá comprenda que la civilización judeo-cristiana está en guerra contra el terrorismo y contra quienes pretenden reivindicar el marxismo leninismo.
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Julio, 1-5, 2009.
