Hoy hacemos pública nuestra felicitación a doña Laura Chinchilla Miranda, por su elección a la Presidencia de la República, según lo expresó la voluntad popular en comicios de este domingo 7 de febrero de 2010. Es más, tal felicitación es oficial de parte de la organización para la cual laboramos.
Habrá tiempo para cualquier cantidad de análisis y desde distintas perspectivas de lo que pasó en esta elecciones. Lo real es que doña Laura ya quedó registrada en los anales de la historia nacional, como la primera mujer en la Presidencia de la República de Costa Rica. Ahora bien, no menos real es que nunca antes en unas elecciones se había manifestado con tanta fuerza y contundencia, la hegemonía del capital, marcando la pauta en todo momento.
Ha quedado completamente al desnudo, la perversidad excluyente de las reformas electorales “estrenadas” en el recién concluido proceso electoral, al punto de que el propio tribunal electoral, pocos días antes del domingo de las votaciones, tuvo que reconocer las “inequidades” que se presentaron entre las candidaturas presidenciales que tuvieron la venia del capital y las que no recibieron el beneplácito del poder de la plata.
Solamente este indicador plantea cuál es la profunda y delicada naturaleza de la construcción social que tenemos que impulsar, a partir de ahora, para que a esa hegemonía del capital, se le oponga una hegemonía de la gente que, al menos, posibilite escenarios de equilibrio de fuerzas para una sociedad de mayor justicia, equidad, movilidad e integración sociales.
Doña Laura ha ofrecido diálogo y hay que tomarle la palabra. Un diálogo sin dobleces, de altura y con transparencia, de cara a la ciudadanía y en estricto apego a los principios de la promoción del bien común y, particularmente, los que tienen que ver con la maltrecha situación de la clase trabajadora, en su amplia acepción.
Hay varios importantes procesos de articulación desde los sectores sociales. Nosotros estamos inmersos en el que se llama_ “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”_, el cual salió a la luz pública el 24 de abril de 2009. Doña Laura presenció su lanzamiento y recibió el documento. Ella sabe de qué hablamos y esperamos que, en próximos días y cuando le toquemos la puerta al respecto, nos la abra, nos reciba y se empiece a dialogar productivamente. Adicionalmente y desde una perspectiva estrictamente sindical (que es nuestro ámbito de trabajo diario), creemos que tal diálogo es más que necesario e imprescindible en cuatro temas de urgente atención para la nueva gobernante.
Salarios mínimos: No solamente es necesario un nuevo sistema de fijación de los mismos, sino que hay que combatir la espantosa realidad, verdadero crimen social, de que a una de cada tres personas asalariadas ni siquiera se les paga el mínimo de ley, ya de por sí bastante bajo.
Política salarial: Urge estructurar una política de ampliación del poder adquisitivo de los salarios para aliviar la estrechez económica de miles de familias trabajadoras asalariadas, a la vez que se ayuda a dinamizar el mercado interno y, por ende, fortalecer el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa.
Justicia tributaria: Urgen acuerdos no solamente en el plano de incrementar el control de la evasión fiscal que presenta altísimo niveles según lo ha determinado la autorizada voz de la Contraloría General de la República; sino que, urgen cambios en la propia estructura impositiva que, al menos, atenúen la velocidad de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.
Libertades sindicales: Esperamos acuerdos para honrar los compromisos internacionales que Costa Rica tiene pendientes al respecto, de forma tal que se reduzcan los peligros de pérdida de beneficios arancelarios como podría derivarse de la demanda en curso ya presentada ante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus) de la Unión Europea (UE).
Finalmente, esperamos que la señora Presidenta Electa honre su compromiso de que no habrá despidos de empleados públicos ni de empleadas publicas, tal y como lo dejó constancia en carta dirigida a la organización sindical en la que trabajamos, fechada el día 1 de febrero de 2010, cuando ante respetuoso emplazamiento de la ANEP al respecto, indicó lo siguiente: “…, me permito señalarles que en nuestra propuesta de gobierno no estamos contemplando el cierre de plazas en forma masiva ni el consecuente despido de funcionarios públicos. Creemos que para mejorar la eficiencia del Estado no es necesario recurrir a dichas medidas”.
