El diputado José Merino del Río solicitó al TSE aplicar al referéndum el tipo penal contenido en los artículos 32 de la Ley 8492 y 152, inciso r), del Código Electoral, que establece sanción de 2 a 6 años de cárcel “a quién con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliere a otro a votar en determinado sentido o abstenerse de votar” durante “la realización de consultas populares bajo la modalidad de referéndum o con ocasión de éstas”.
Nuevamente el Presidente del Partido Frente Amplio recurre al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en relación con los abusos del Gobierno de la República en su campaña por lograr la aprobación del TLC, utilizando recursos del Estado para comprar votos para el referéndum.
El diputado Merino cuestiona la entrega o el ofrecimiento de entregar bonos de vivienda, becas o ayudas estudiantiles, pensiones, subsidios o cualquier otro tipo de ayuda social o comunal, financiada con fondos públicos, a cambio de que la persona vote a favor o se abstenga de votar en contra del TLC en el referéndum del 7 de octubre, lo cual en su opinión está incluido en las prácticas sancionadas por la Ley del Referéndum y el Código Electoral.
El Frente Amplio también considera que estarían cometiendo este delito electoral los patronos que le digan a sus trabajadores que si no se aprueba el TLC “al día siguiente perderán su empleo”, o les exijan votar a favor del TLC como condición para conservar su puesto de trabajo.
El diputado Merino lamentó la lentitud del Tribunal que, al no pronunciarse sobre estos aspectos, permite que continúen las prácticas corruptas del régimen de los Arias, y llamó a la ciudadanía a denunciar a todos los jerarcas de instituciones que actúen contra lo establecido en la Ley del Referéndum y el Código Electoral. A la par el Frente Amplio analiza la posibilidad de solicitar la intervención de la Defensoría de los Habitantes.
