El 19 de junio, el Gobierno peruano retiró dos de los decretos que han provocado las más importantes movilizaciones indígenas en el país andino en muchos años. Se trata del Decreto para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario (DL 1064) y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090). El primero de ellos evitaba el requisito de consulta y acuerdo previo con los pobladores para emprender proyectos en las tierras comunales, subordinando, además, los derechos comunales a la propiedad individual y privada, dando la razón en cualquier conflicto a individuos o compañías.
El otro decreto, el DL 1090, permitía vender a empresas trasnacionales 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida su flora y fauna. Los dirigentes indígenas han desmovilizado a sus bases, pero han dejado claro que mientras no sean derogados los demás decretos que atentan contra sus derechos (el DL 1083, que favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras, y los DL 1081, 1079 y 1020, que liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos), seguirán en la lucha.
Los dos decretos gubernamentales retirados formaban parte, junto con otros siete, de un paquete legislativo que pretendía adecuar la legislación peruana a la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU, según el cual debían eliminarse todos los obstáculos posibles para el intercambio comercial y los flujos de inversiones. En 2007, antes de la firma del TLC, el presidente Alan García ya intentó facilitar la entrada del capital trasnacional en la Amazonía con un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la selva. En ese momento, el Congreso lo rechazó.
Ahora, con la excusa de poder aplicar el TLC, el Gobierno solicitó esta vez a los congresistas la potestad de legislar vía decreto, es decir, sin intervención del propio Parlamento, asuntos exclusivamente relacionados con la aplicación del TLC, de modo que así se agilizara la aprobación del tratado.
Esta licencia permitió al Ejecutivo elaborar una nueva legislación que, en la práctica, suponía lo que la dirigente indígena Daisy Zapata definió como “privatizar la selva para dar preferencia a las grandes transnacionales”, en el cuarto país del mundo con mayor biodiversidad.
Antes de estos decretos, ya el 70% del territorio nacional estaba sujeto a las prospecciones de la industria petrolera. Lo que permitirían estos decretos es saltarse ‘legalmente’ los derechos de los pueblos indígenas recogidos en los tratados internacionales suscritos por Perú (el Convenio n° 169 de la OIT exige la consulta previa a las comunidades indígenas sobre las actividades de manejo forestal que se realicen en sus jurisdicciones) y en su propia Constitución. De modo que, aunque hasta ahora en la práctica los derechos indígenas raramente se respetaban, pues las multinacionales han encontrado siempre resquicios en la ley para esquivar las normativas, con estos decretos sería legal no consultar a los pueblos que habitan la Amazonía antes de iniciar proyectos extractivos, sería legal no dar compensaciones económicas por contaminación y sería legal que sus habitantes no participen de los beneficios que se generen. En definitiva, se trata de eliminar cualquier traba legal protectora que impida nadar libremente a los inversores.
La modernidad no era esto
Las organizaciones indígenas creen que quizás no sea necesario esperar a la derogación del resto de decretos. Probablemente puedan echarse abajo por la vía judicial, sin necesidad de más movilizaciones, porque ya no sólo atentan contra los tratados internacionales y la Constitución peruana, sino que hay un importante defecto de forma, dado que el Congreso autorizó al Gobierno a legislar vía decreto con el único objetivo de facilitar la implementación del TLC, y sin embargo los decretos contemplan aspectos más generales que salen del propio ámbito del tratado.
El Gobierno insiste en que esos decretos iban a llevar la modernidad a la Amazonía. Roger Rumrrill, periodista y escritor especializado en temas amazónicos, afirma que “modernidad no es destruir la naturaleza, modernidad es lo que plantean los indígenas, que es un uso ambiental sostenible de sus recursos. El modelo capitalista de desarrollo implica el saqueo de los recursos naturales. Ese modelo es insostenible y de ninguna manera va a llevar desarrollo a la zona, a lo que va a llevar es a la destrucción de la Amazonía” y añade que “los indígenas quieren el progreso, pero no con el esquema de las multinacionales. Ellos quieren manejar sus bosques, hacer alianzas estratégicas. No están planteando quedarse en la etapa del buen salvaje”.
Fuente: Fernando Molina Cortés / Madrid
Martes 23 de junio de 2009. Número 105
Periódico Diagonal, España
