La cuarta consulta de constitucionalidad fue presentada por diputados y diputadas de las fracciones del Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y la Sala Constitucional les dio la razón también en relación con la ausencia de regulaciones en cuestiones migratorias, sanitarias y aduanales.
Estableció también la magistratura constitucional que, además, se violentaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad por las atribuciones encomendadas al Centro Interinstitucional de Atracaderos y Marinas Turísticas (CIMAT) y a las corporaciones municipales, que son de carácter exclusivo de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El Diputado José María Villalta considera que esta sentencia constituye “un entierro definitivo de esta iniciativa, de nefastas consecuencias ambientales y económicas, promovida por intereses puramente mercantiles, sin conciencia social”.
Explicó el Diputado Villalta “que las tres consultas anteriores, siempre impulsadas con respaldo del Frente Amplio, se fundamentaron en graves errores de procedimiento y en asuntos de contenido, pero ahora se hizo un análisis únicamente por el fondo, dando la razón, la mayoria de la Sala Constitucional, a quienes, han venido denunciando, una y otra vez, la violación del derecho al ambiente y los derechos fundamentales”.
Resaltó el legislador del Frente Amplio que, de acuerdo con la sentencia, el principio de progresividad de los derechos humanos, especialmente en materia ambiental, se ve lesionado por no incluir en la prohición de construir marinas donde existan reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales, reservas marinas y áreas marinas de manejo.
