Diversos sectores económicos, políticos, sociales, incluidos los académicos, haciendo uso de su derecho ciudadano a fijar posición respecto a este tema, han realizado jornadas de reflexión y análisis de los documentos oficiales del tratado y han difundido a través de diversos medios, su posición con respecto a este tema.
La Asamblea de la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica reunida el 26 de octubre del 2005, a propósito de la decisión del Presidente de la República de enviar el TLC a conocimiento de la Asamblea Legislativa, consciente de la importancia que reviste este tratado para el futuro del país, realizó un análisis de esta discusión y acordó por unanimidad, manifestar ante la comunidad universitaria y nacional la siguiente posición:
1. Reconocemos que el mundo, en general, atraviesa por un momento de grandes transformaciones en los planos económico, social, político y cultural.
2. Creemos indispensable que ante tan profundos cambios, nuestro país realice un análisis serio y profundo de su desarrollo pasado y reciente, sus fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades que en este nuevo contexto se le abren para enfrentar los principales desafíos actuales y futuros. Esa búsqueda y definición debe tomar en consideración, de manera especial, aspectos que le han permitido a nuestro país disfrutar de un mejor desempeño social, caracterizado por una mayor integración social y menor desigualdad que muchos países de la región centroamericana y del Caribe.
3. El TLC-EUCARD profundiza el estilo de desarrollo que ha seguido el país durante los últimos 25 años. Este desarrollo ha llevado a una gran diversificación de las exportaciones y aumento de la inversión extranjera. No obstante , no podemos afirmar que los agobiantes problemas sociales, como la pobreza y el desempleo, estén en vías de solución . Al respecto debemos señalar que existe una clara evidencia de que hoy somos un país con más pobres y desempleados/as que hace tres décadas.
4. El estilo de desarrollo que ha seguido el país en las últimas dos décadas y media ha debilitado de forma significativa los ingresos y las potestades del Estado Costarricense, que fue un elemento decisivo en los resultados sociales positivos de la segunda mitad del siglo XX.
5. Asimismo, expresamos nuestra preocupación, sobre los posibles roces constitucionales y legales que implicaría la aprobación del TLC, tal y como lo han venido haciendo notar y justificando diversos especialistas en derecho constitucional.
6. El TLC no constituye, ni sustituye a una agenda de desarrollo de Costa Rica. Tal agenda, cuya elaboración es urgente, debe elaborarse integrando en forma congruente los logros históricos de solidaridad y equidad social alcanzados por la democracia costarricense. Al respecto debe destacarse que el mismo informe de la comisión de notables dice: “el TLC no implica automáticamente una disminución de la pobreza o un incremento del empleo. Estos cambios van mucho más allá del TLC y dependen más bien del fortalecimiento de la institucionalidad y del desarrollo de mecanismos solidarios.” Asimismo este informe dice: “El país debe asumir un conjunto de decisiones cruciales para su futuro. Más allá de la aprobación o no del Tratado, estas decisiones deben tomarse de inmediato. La llamada Agenda Complementaria del TLC, tal y como fue remitida a la Asamblea Legislativa, es un conjunto de medidas que esta Comisión, si bien reconoce como importantes, considera insuficientes ante los retos del desarrollo nacional.”
7. Con base en las consideraciones anteriores es urgente que el país discuta y decida cuál debe ser el modelo de desarrollo que retome el camino de combinar el crecimiento económico con equidad y sostenibilidad.
Tomando en cuenta los aspectos mencionados, consideramos inconveniente que nuestro país ratifique la firma de este tratado, por las razones siguientes:
El TLC-EUCARD redefine y limita las potestades del Estado costarricense determinando su desarrollo. El tratado impone decisiones sobre aspectos que internamente la población costarricense ha rechazado, de manera sistemática, entre los que se puede señalar la apertura de algunos servicios públicos, como sucede con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros. Asimismo obliga a expandir la legislación en el campo de la propiedad intelectual a través del ingreso al Convenio de UPOV (que había sido archivado por la Asamblea Legislativa) y la expansión a la protección de las patentes para medicamentos. Finalmente, genera normas y procedimientos de protección para los inversionistas extranjeros en detrimento de las potestades del Estado.
Con el TLC, los pequeños y medianos productores nacionales quedan desprotegidos y en condiciones de gran vulnerabilidad económica y social. Con la apertura comercial que el tratado impulsa, esta Asamblea anticipa que esos sectores productivos quedarán librados a su propia suerte, lo que implicará su ruina económica. Lo que el país necesita son políticas específicamente orientadas a su promoción y fortalecimiento, tales como transferencia de tecnología, capacitación, acceso a crédito y apoyo en infraestructura y servicios, como lo señala el informe de la Comisión de Notables.
El TLC-EUCARD no es garantía de un incremento del empleo. Las inversiones que se ubiquen en nuestro país no necesariamente generarán suficientes puestos de trabajo, ni siquiera para compensar el desempleo que se derive del desplazamiento de mano de obra que se producirá, como resultado del cierre de cientos de empresas medianas y pequeñas que operan localmente y que sirven de sustento a miles de familias costarricenses. El tratado no ofrece ninguna garantía de que las ganancias de tales inversiones, se reinvertirán nuevamente en el país para ampliar la estructura del empleo, y que no sean repatriadas a su país de origen, como es la estrategia que muy a menudo siguen las empresas internacionales.
Con el TLC, podemos prever una mayor concentración del capital en manos de las empresas que actualmente exportan a los Estados Unidos, y que son mayormente grandes firmas de capital extranjero.
Finalmente, y resumiendo las inquietudes anteriores, es importante que nos hagamos la pregunta de si realmente el actual proceso de apertura comercial impulsado desde los años ochenta, promoviendo entre otras cosas la liberalización comercial y financiera, la atracción de inversiones extranjeras, la privatización y debilitamiento de algunas áreas de acción del Estado, está contribuyendo al desarrollo del país
Estos puntos, nos llevan a concluir que NO debe aprobarse el actual texto del TLC-EUCARD. La Asamblea de la Escuela de Antropología y Sociología hace un llamado a los diversos sectores para trabajar en la elaboración de un proyecto de desarrollo nacional que siente las bases para una Costa Rica más próspera y con mayor justicia social y equidad.
Tal y como lo manda el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, de contribuir siempre con un desarrollo económico y social, justo y equitativo, creemos que este acuerdo no le conviene al país y que, por el contrario, será causante de más desigualdades y tensiones sociales, y de mayores problemas para nuestra población.
Para su información:
M.Sc. Mayra Achío Tacsan, Directora,
Escuela de Antropología y Sociología
Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, Coordinador,
Programa de Investigación en Políticas de Salud, Escuela de Salud Pública,
lbvillal@cariari.ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
Noviembre de 2005.
