El órgano director del procedimiento, que pareciera ni siquiera se tomó la molestia de realizar una investigación para determinar la verdad real de los hechos, dispuso el archivo del Informe de la Defensoría de los Habitantes, porque según él, no se puntualizaron las faltas cometidas por la señora Vargas Pagán durante su gestión.
Igual suerte corrieron varias denuncias presentadas por nuestra organización sindical: una para que se investigara la responsabilidad de la señora Vargas Pagán en la publicación del Calendario que supuestamente promovía el aborto, por haber ella autorizado su pago y distribución; otra por haber incurrido en el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al desacatar órdenes expresas de la Sala Constitucional; y una más por haber incurrido en prácticas laborales desleales contra dirigentes sindicales.
Pareciera que el hecho de que un funcionario público de alto nivel se burle de la institucionalidad costarricense, violente los derechos fundamentales de las personas y actúe de manera arbitraria, alejándose de la misión institucional, ni siquiera amerita una llamada de atención por parte del Presidente de la República.
Nuestra organización sindical lamenta profundamente la impunidad que permitió que la señora Vargas Pagán ejecutara daños de cuantía inestimable, muchos quizá de naturaleza irreparable, al mecanismo nacional para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.
Instamos al nuevo gobierno para que con su designación en el INAMU, promueva el rescate y fortalecimiento de esta institución que constituye la mayor conquista de las mujeres de nuestro país. Para que la nueva jerarca revise todo lo actuado, retome el rumbo institucional y restituya los derechos lesionados.
