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En ese contexto se sitúa el compromiso específico atinente a una tasa mínima garantizada de crecimiento del FEES en términos reales (o sea descontada la inflación). Esa tasa garantizada será del 7% en los primeros dos años (2011 y 2012) y 4,5% en los años siguientes hasta 2015.
Llevar, al final del período, la proporción FEES/PIB al 1,5% implica tasas de crecimiento del FEES que excederían ampliamente del crecimiento del PIB, o sea, del crecimiento de la economía en general y las cuales, además, seguramente superarían las mencionadas tasas mínimas garantizadas.
Si ese crecimiento económico nacional fuese muy bajo –un 3 o 4% anual, inferior, pues, a los estándares históricos- el crecimiento del FEES excedería en más del doble el de la economía nacional en su conjunto. Por ejemplo, si el PIB creciera 3% promedio anual durante el período 2011-2015, el FEES lo haría en 7% promedio anual. Si creciera 4% promedio, el Fondo lo haría a algo más del 8% promedio.
Si las tasas de aumento del PIB fuesen relativamente elevadas, la relación no sería de tan marcada desproporción, pero aún así el crecimiento del FEES seguiría siendo muy superior. Con un PIB creciendo al 6% promedio anual, tendríamos un FEES que lo haría a más del 10%. Si fuese 7%, el FEES aumentaría a más del 11% promedio anual.
Alcanzar la meta del 13% que algunos sectores dentro de las universidades consideran irrenunciable solo sería posible con un crecimiento promedio anual del PIB ligeramente mayor al 8,5% promedio anual, lo cual es –vista nuestra experiencia histórica- simplemente impensable.
Un elemento, sin embargo, introduce en todo esto un cierto grado de incertidumbre: el hecho de que ese aumento al 1,5% como proporción del PIB está condicionado al aumento de la recaudación tributaria, de forma que la carga tributaria (relación porcentual entre ingresos tributarios y PIB) aumente del 13,4% actual al 15,9% en 2015. En caso de que esta última meta no se cumpliera, ello daría razón para que el gobierno se niegue a satisfacer –al menos a satisfacer plenamente- el compromiso del 1,5% del PIB como monto asignado vía FEES.
De forma indirecta, esto nos convierte a las universidades en agentes militantes a favor de una reforma tributaria, aunque también en militantes a favor de un mayor y más eficaz control de la evasión tributaria. Siendo, además, que esto se da en los marcos de un compromiso gubernamental –que también es parte del acuerdo firmado- en el sentido de que se “…establecerá [por parte del gobierno] una estrategia de política fiscal que permita una mayor progresividad y justicia tributaria”.
Interpreto que esto último entraña tanto un desafío como una oportunidad para las universidades. Particularmente en el sentido de convertirse en activas impulsoras de una reforma tributaria que, efectivamente, eleve la carga tributaria –ojalá más allá de la meta fijada (al menos al 17%)- y la cual debe ser diseñada según contundentes criterios de justicia tributaria y equidad social. Parte de esa reforma debe ser, por supuesto, el control y drástica reducción de la evasión, especialmente en los rubros de impuesto sobre las ventas e impuestos sobre ganancias empresariales y altos ingresos.
Es, pues, el desafío de contribuir a que se cumplan las metas propuestas –tanto en relación con la carga tributaria como respecto del FEES- y lograrlo de forma tal que, en el proceso, se corrijan los rasgos de injusticia y regresividad que hoy día dominan el sistema tributario de Costa Rica. Ello también abre una oportunidad para que las universidades jueguen un papel progresista y de construcción democrática, como gestoras de propuestas, rigurosas y fundamentadas, que alimenten el debate sobre política fiscal y propicien una reforma tributaria realmente justa y progresiva. Ojalá los rectores y rectoras se tomen muy en serio este cometido.
Cierto que inicialmente CONARE solicitó un crecimiento del 13% en el FEES. Siempre supuse que ése era un punto de partida para entrar a negociar, y lo creí así sobre todo por una razón que siempre creí obvia: ese índice de crecimiento hasta en el mejor de los casos estaría situado muy por encima del desempeño general de la economía, por lo que resultaría difícilmente justificable ante el pueblo costarricense. Cuando luego CONARE redujo su propuesta al 11% de crecimiento, interpreté que ese era un gesto que invitaba a la negociación, en vista de la total intransigencia e inflexibilidad que manifestaba el bando gubernamental. Pero incluso ese 11% resultaba difícilmente sostenible ante las realidades sociales y políticas del país.
La posición dura que algunos sectores universitarios sostienen, en el sentido de no aceptar nada como no sea el 13% inicialmente propuesto, conduciría a las universidades a un callejón sin salida. Supondría un enfrentamiento con el gobierno, desgastante y prolongado, donde la guerra sicológica y de opinión pública conduciría a la derrota de las universidades. Es simplemente impensable que pudiera justificarse ante el pueblo costarricense, el privilegio de índices de crecimiento tan elevados, mucho menos en épocas de penuria e incertidumbre económica. A la larga, la pérdida de legitimidad y el deterioro de la imagen de las universidades ni siquiera sería compensado por el mágico 13%. Simplemente las universidades no podríamos haber sostenido políticamente una lucha que, no lo dudo, habría sido muy impopular.
