El texto sustitutivo aprobado el día de ayer al proyecto 17743, elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas que lesionen intereses difusos o de la colectividad, como la protección del ambiente y recursos naturales. De aprobarse la reforma, las y los ciudadanos no podrían impugnar directamente leyes que dañan el ambiente o el patrimonio nacional, como ha ocurrido en una innumerable cantidad de veces en los últimos años. Además, el proyecto limita la posibilidad de que la Sala IV suspenda los efectos de actos impugnados por acciones o recursos de amparo. Se cambia el sistema actual donde la presentación del recurso suspende automáticamente los actos. En su lugar, será opcional y excepcional la suspensión.
Para el diputado frenteamplista, José María Villalta, “esto debilita seriamente la protección de derechos como el ambiente, pues, en casos como la tala de un bosque o la contaminación de una naciente de agua, los daños pueden ser irreversibles. Si no se suspende inmediatamente el acto destructivo, después será demasiado tarde. También, la reforma limita seriamente la potestad de la Sala IV de ordenarle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones cuando se trata inconstitucionalidades por omisión”.
Asimismo, la Sala deberá limitarse a declarar la inconstitucionalidad, pero no podrá decirle a las instituciones públicas qué hacer para solucionar la omisión, ni como hacerlo, ni tampoco fijarles plazo para ello. Esto es particularmente delicado en materia ambiental, donde muchas de las violaciones se producen por omisión e inacción de las autoridades, pues a menudo, con el fin de evitar daños mayores al ambiente, la Sala ordena realizar acciones concretas en un plazo determinado, lo cual sería prohibido.
“Se trata de una reforma regresiva, que debilita y recorta los derechos que hoy tiene la población costarricense para exigir la defensa del ambiente y otros derechos fundamentales. Una reforma que busca fortalecer el poder de la Asamblea Legislativa y el Gobierno, reduciendo las opciones de las y los ciudadanos para acceder a la justicia constitucional”, dijo el Diputado Villalta.
