Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Durante ese tiempo, la trabajadora percibe el 100% de su salario, que es cancelado 50% por su patrono y 50% por la seguridad social. Además, continúa cotizando al Seguro de Enfermedad y Maternidad, al de Invalidez, Vejez y Muerte y sus derechos derivados del contrato de trabajo (aguinaldo por ejemplo) no se ven afectados.
El Poder Ejecutivo ha convocado en sesiones extraordinarias una iniciativa de ley promovida por el Movimiento Libertario que pretende exonerar a los patronos del pago del 50% por concepto de licencia por maternidad que les corresponde, trasladándole la carga a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Consideramos que esta iniciativa, además de constituir un nuevo golpe a la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, implica un claro retroceso en la legislación social de este país.
En primer lugar, porque un criterio que está claramente marcado en el proyecto, es el de bajar costos de producción para que los empresarios puedan competir. Parece que los libertarios, insisten en transitar por un camino equivocado: competir disminuyendo costos, considerando los derechos laborales como barreras al comercio y no como una inversión social. Transitar por ese camino nos conduce hacia el abismo sin fondo. ¿Por qué? Porque siempre en algún país se va a producir con costos inferiores a los nuestros. Siempre va a existir Ecuador, China y una serie de países, con los cuales es imposible competir a base de disminuir costos. Estos países han pagado un alto precio por esa política: precarización del empleo, flexibilidad laboral, trabajo en estado de esclavitud, una sociedad cada vez más asimétrica, más excluyente.
En segundo lugar, esta iniciativa legislativa no sólo promueve competir abaratando costos, sino que, dibuja una ruta a seguir: eliminar las cargas sociales a los patronos para que los derechos laborales a cargo de éste, sean asumidos por el Estado, es decir, por todas las personas que habitamos Costa Rica. ¿Será que de repente se le ocurrirá a los libertarios que las horas extraordinarias y el aguinaldo deben ser cancelados por el Estado y no por el patrono? Aprobar estos proyectos de ley implicaría sentar un nuevo precedente neoliberal, implicaría socializar los costos y privatizar la ganancia.
En tercer lugar, se parte de que la mano de obra femenina es más cara. Sin embargo, según el Estado de la Nación, el ingreso promedio de las mujeres es 21.8% menor que el de los hombres para la mayoría de ramas de actividad y ocupaciones. Esto quiere decir que el ahorro del sector patronal por la discriminación salarial en contra de las mujeres representa un alto valor, que compensa con creces el costo de la licencia por maternidad.
En cuarto lugar, no se ha demostrado con estudios actuariales que esta propuesta no ponga en peligro la sostenibilidad financiera de la Caja. Además, exonerar a los patronos y trasladar los costos de operación de éstos a todos y todas las que cotizamos a la seguridad social, sin procurarle recursos frescos, podría deteriorar aún más los servicios que la Caja le presta a todas las personas aseguradas.
En quinto lugar, según el nombre del proyecto, se pretende eliminar la discriminación hacia las mujeres. ¡Vaya manera de hacerlo!: legalizando la discriminación, aceptando que se discrimina a las mujeres en razón del embarazo, pero premiando a quienes discriminan. Si efectivamente se quisiera combatir la discriminación en contra de las mujeres, debería proponerse iniciativas que avancen hacia la efectividad del principio de igualdad que establece nuestra Constitución Política, promoviendo incentivos para las empresas que respetan los derechos laborales.
Para contrarrestar esta aberrante tesis neoliberal, nuestra organización sindical desde el año 2001, ha venido proponiendo alternativas inspiradas en los principios de solidaridad y universalidad que sustentan la seguridad social costarricense.
Proponemos, en redistribuir los costos de la licencia por maternidad entre todos los patronos, incrementando en un porcentaje la cuota patronal a la seguridad social. Con esta propuesta, habría solidaridad entre pequeñas, medianas y grandes empresas; y entre patronos que emplean hombres y mujeres.
Proponemos que con los recursos que la Caja destinaría a pagar el porcentaje que actualmente corresponde al patrono, se amplíe la cobertura de la licencia por maternidad, para que las trabajadoras independientes tengan derecho al 100% de la licencia, para que aquellas mujeres que trabajan en sus casas, atendiendo los oficios domésticos y las jóvenes madres también disfruten del beneficio de la licencia por maternidad. Con esto estaríamos dando pasos importantes hacia la universalización de los beneficios de la seguridad social.
Si el Movimiento Libertario y el Poder Ejecutivo están dispuestos a promover iniciativas de ley que permitan eliminar la discriminación en contra de las mujeres, deberían retirar este proyecto y promover la conformación de un grupo de trabajo en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a las que representan a las mujeres y a las personas trabajadoras, para proponer un texto sustitutivo que además de garantizar los derechos laborales de las mujeres, promuevan mayor justicia y equidad en el ámbito laboral.
