Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Lo que conocemos como “chorreo” de votos, es decir, juntas receptoras de votos en las que todos los ciudadanos inscritos en ella (o casi todos), aparecieron votando, “misteriosamente” por una misma papeleta, se presentó en una importante cantidad de mesas como para incidir en el resultado final del proceso electoral del año 2006. Gústenos o no, eso fue una realidad inobjetable. La prudencia del partido “perdedor”, evitó el desarrollo de acontecimientos que pudieron haber sido trágicos para la democracia costarricense.
Con ocasión del referéndum sobre el TLC previsto para el domingo 7 de octubre, en el Movimiento Patriótico NO al TLC, hay enorme preocupación acerca de que las “cochinadas” del proceso electoral del 2006, se manifiesten nuevamente, considerando la cadena de incidentes generados desde el mismo tribunal electoral y que han venido dañando la transparencia del proceso.
Veamos: rechazo al referéndum por iniciativa ciudadana; el voto con lapicero y no con la huella digital; la manipulación del texto a consulta; la intentona por silenciar a las universidades públicas; la política de permitir manos sueltas para que el gobierno reparta recursos públicos comprando votos por el sí; la displicencia en el tratamiento de las denuncias de parcialidad gubernamental y sobre la intervención del embajador gringo; la cómplice pasividad ante la agresión psicológica que se da al personal de las empresas privadas; complacencia ante la disparidad de recursos del NO con respecto al sí, sin que le importara un bledo el tema de la igualdad de acceso a la publicidad y a la información equilibrada para la ciudadanía; el espaldarazo al Estado de la Nación para que publique un texto favorable al sí, censurando el del NO; etc.
Tal sensación de parcialidad ha llevado al extremo de que una señora diputada, de manera oficial, le ha hecho un emplazamiento a ese tribunal para que certifique cuántas papeletas se han impreso para el referéndum sobre el 7 de octubre. Desde que tenemos uso de razón y acceso a nuestros derechos cívicos, jamás habíamos sido testigos de que tal pregunta, en medio de un proceso electoral, tuviera necesidad de hacerse.
Los tagarotes, buchones y codiciosos multimillonarios que defienden el sí al TLC, y que son los verdaderos beneficiados de los grandes negocios que tal tratado les trae a sus bolsillos, junto con su “personal” político servil, así han demostrado que están dispuestos a lo que sea para lograr su “triunfo”.
Es por ello que ha surgido un enorme compromiso cívico por garantizar una efectiva vigilancia ciudadana en cada una de las casi cinco mil urnas electorales habilitadas para recibir los votos de la gente en ese crucial día, especialmente en aquellas “mesas problemáticas” de las votaciones del 2006. Por ejemplo, y como una buena nueva, se nos ha informado que al día de hoy, el Movimiento Patriótico NO al TLC se acerca a los 15 mil fiscales, de gente totalmente voluntaria sin paga de por medio.
Así las cosas, es innegable que la democracia costarricense está en una dura encrucijada. La transparencia total, contundente, absoluta e incuestionable del referéndum del 7 de octubre, es una tarea cívica de primer orden. Quienes estamos trabajando, con notable resultado, por la victoria del NO, debemos cuidar los votos a cualquier precio y debemos evitar que la especie de totalitarismo institucional del pensamiento único también termine pervirtiendo, irreversiblemente, el sistema electoral costarricense, más allá de los daños que ya se le han causado.
