Señora Yanancy Noguera, Directora
Señor Julio Rodríguez, Editor
DIARIO LA NACION
Presente
Estimada señora y estimado señor:
En primer término, reciban de nuestra parte la mayor consideración y respeto.
La Nación publicó dos editoriales en los cuales se alude, directamente, a la organización sindical que nos honramos en representar, misma que se llama “ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”, pues también y aunque con mucha dificultad, promovemos la organización sindical en el sector Privado de la economía y tenemos ya una buena cantidad de personas trabajadoras asalariadas y no asalariadas del mismo en las filas de la ANEP, que ya no es “Asociación Nacional de Empleados Públicos”, como lo indican ustedes en sus comentarios editoriales a los que nos hemos de referir.
Concretamente, nos referimos al del pasado viernes 31 de agosto de 2012, titulado “Equidad en el empleo”; y al de este sábado 1 de setiembre, “Incentivos salariales en el Estado”. Con ambas posiciones editoriales, La Nación se matricula con el proyecto del Gobierno “Ley para el ordenamiento de las retribuciones salariales adicionales al salario base del sector Público”.
Sin tener la menor certeza de que los comentarios que de seguido formulamos al respecto de los dos editoriales de La Nación, serán publicados en el medio bajo vuestra conducción; hacemos por este medio formal solicitud de Derecho de Respuesta, según nuestras leyes en la materia. Aquí va nuestro texto:
Una cortina de humo
La propuesta del Gobierno “Ley para el ordenamiento de las retribuciones salariales adicionales al salario base del sector Público”, dista muchísimo de su compromiso con los sindicatos suscribientes del acuerdo salarial de marzo pasado, firmado en Casa Presidencial, de que presentarían un proyecto de “Ley de Empleo Público”. Lo que nos presentaron fue una de las clásicas recetas neoliberales basadas en su fundamentalista obsesividad fiscalista: recortar salarios en la Administración Pública. Queda en evidencia que el Gobierno, por tanto, no actuó de buena fe.
Como una organización sindical estudiosa de los problemas nacionales y con una responsable actitud propositiva (que, por cierto, en La Nación lo saben pero siempre se nos ignora en este sentido); desde nuestra perspectiva sindical tal proyecto sigue la lógica global hegemónica dominante hoy día en el planeta: la del capitalismo bancario-financiero. Por un lado, este proyecto busca homologar hacia abajo la estructura salarial del sector Público (sin incluir a sus altos niveles tecnocrático-políticos) para llevarla a la del sector privado (sin incluir los mandos altos y gerenciales). Podemos decir, por tanto, que el objetivo estratégico neoliberal es una “centroamericanización” salarial de Costa Rica. Por otro, la lógica aperturista de los TLC’s (particularmente el que se nos impuso con el decadente Estados Unidos de América), ha generado una reducción arancelaria que ha golpeado, brutalmente, los ingresos tributarios vía aduanas; millones de millones de colones que no han sido repuestos en las cuentas del Gobierno.
Por otra parte, el proyecto es una cortina de humo que el Gobierno se saca de la manga para tratar de desviar el foco de atención que tiene sobre sí mismo y que tanto le agobia: la caída en picada de la popularidad y de la credibilidad de la Presidenta Chinchilla por una serie de problemas, dentro de los cuales destaca la corrupción (la “piñata regalona” de la trocha norte, por ejemplo); además del enojo de la gente por la estrechez económica que agobia a las mayorías trabajadoras.
Se nos dice que las variables macroeconómicas van bien (y “los de arriba” están contentos con el crecimiento económico que se observa); pero, “los de abajo”, no lo sienten en sus bolsillos porque sigue avanzando el proceso concentrador de la riqueza. Nada mejor en estos pésimos momentos para el Gobierno que la lente ciudadana mire hacia los empleados públicos y se lance en su contra para culpabilizarles de las “siete plagas de Egipto” que se manifiestan en Costa Rica.
El proyecto evade a entrarle a la verdadera naturaleza del problema de las finanzas públicas: la baja carga tributaria nacional, la ausencia de una Transformación Tributaria Estructural y la poca voluntad de la Presidenta Chinchilla y su Gobierno de escuchar con respeto y con consideración gran cantidad de propuestas civiles para resolver el déficit fiscal de una manera estructural y sin un solo impuesto nuevo. En ANEP, el tema de la Transformación Tributaria Estructural ha sido una prioridad de nuestra agenda de trabajo pero al Gobierno no le importa lo que pensamos al respecto.
El proyecto del Gobierno no incluye al todo el sector Público. Deja por fuera, por ejemplo, a las entidades bancarias del Estado con la poco sustentable tesis de que porque están en “régimen de competencia”. A la gente común no le suena eso de que un gerente bancario gane más de 20 millones de colones mensuales y de que, semestralmente, esa cifra puede duplicarse porque se le da un “bono”. Se debió empezar por impulsar una legislación que regulara los niveles salariales en toda, absolutamente toda, la cúpula político-tecnocrática del Estado, sin excepción alguna. Así se hubiera abierto un espacio de credibilidad y de negociación transparente.
Si la preocupación del Gobierno y de La Nación es honesta a favor de quienes menos ganan, flaco favor le hace a la credibilidad de ambos en tal sentido, circunstancias como que el personal de base de la Fuerza Pública siga con salarios base de hambre e indignos, mientras que la cúpula dirigente de este importante cuerpo policial ya recibió su justicia salarial. El salario más bajo de un policía de a pie es más de diez veces inferior al que gana el Director General de la Fuerza Pública. Ni hablemos de cómo se les paga al Policía Penitenciario, al Policía de Migración al Policía de Tránsito; a quienes cuidan las instalaciones educativas de MEP y a quienes vigilan los parques nacionales. Y hablemos de las señoras que trabajan en los CEN-CINAI. Háganles un reportaje y verán si tienen “privilegios” salariales. ¿En verdad se tragan el cuento ustedes, los de La Nación, de que con una mejoría porcentual del 0.60% en la anualidades de todos estos grupos laborales, pasando del 1.94% actual al 2.54%, se hará justicia salarial? Que lo haga el Gobierno solito. No ocupa de una negociación con los sindicatos ni de ley alguna ¿Por qué no suben las anualidades que están en 1.94% al 5.5%?…
Ustedes piensan, de verdad, que si le quitamos la dedicación exclusiva a la hoy licenciada doña Cecilia Fernández Ramírez, profesional eficiente del Gobierno Central, quien con mucho sacrificio sacó una carrera universitaria y que como madre sola jefa de hogar que es, con tres personas jóvenes todavía a su cargo, ¿podrá ella hacerle frente al endeudamiento de vivienda una vez que ustedes, con su “sanbenito” del déficit fiscal, le quiten ese sobresueldo y la dejen prácticamente en la calle con una reducción salarial a la mitad porque el salario le va a quedar en 600 mil colones?
Si sumáramos todos los montos que por dedicación exclusiva recibe el sector profesional del Gobierno Central, ese que no forma parte de la tecnocracia política del sistema, la cantidad que nos da jamás será igual a toda la plata que al año el Estado deja de recibir por exenciones y exoneraciones abusivas y de privilegio que, según el propio Ministerio de Hacienda, ronda casi unos 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Qué es mejor para la democracia: empobrecer a los cientos de “Cecilias” que si ganan poco más de un millón de pesos al mes; o, por el contrario, seguir tolerando este robo o crimen social de la plata que el fisco deja de captar con su propia complicidad?…
¡Qué curioso! No vimos nada en el proyecto del Gobierno para eliminar la vinculación que se da cuando se aumentan, ya sea en forma general o en forma gremial, las bases salariales del sistema del Servicio Civil para el Gobierno Central; con el impacto que ello representa en las bases salariales médicas, mismas que deben aumentarse, automáticamente. Por ejemplo, si al personal raso de la de la Fuerza Pública se le aumentara tan solo mil pesos a la base, en la misma proporción hay que ajustar la base salarial de los médicos. Acabar con esta fórmula de vinculación, en nada perjudica los salarios base del honorable cuerpo médico nacional; pero mantenerla, es perjudicar a quienes menos ganan en el Gobierno Central, como los oficinistas, los choferes, las secretarias, los técnicos, los mensajeros, los vigilantes, las cocineras; y, por supuesto, los cuerpos policiales y de seguridad arriba mencionados.
En ANEP estamos de acuerdo en que la evaluación del desempeño es una imperiosa necesidad para elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia del servicio público. La medición al respecto, se confunde con la anualidad. Falta un sistema nuevo de evaluación del desempeño, basado en una metodología objetiva para medir la productividad, incentivándola de forma tal que sea la mediocridad la que quede en evidencia.
Es más, tenemos la primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT) del país y promovida por la ANEP que incluye una cláusula para instituir un incentivo por productividad, de manera tal que con las mismas reglas, se puede medir bien la eficiencia vs. la mediocridad en el ejercicio de la función pública. Se trata de la CCT de la Imprenta Nacional; sin embargo, pese a los esfuerzos sindicales de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, vamos ya hacia un tercer gobierno que tiene en sus manos el tema pero que no hace nada por la concreción de la propuesta sindical. ¿Entonces, en qué quedamos?…
Hay muchas cosas más que abarcar con base en lo que pretenden el Gobierno y La Nación: las cesantías, las convenciones colectivas de Trabajo, la jurisprudencia constitucional y legal, la precariedad de los salarios mínimos en el sector Privado, lo que significa la pertenencia del país a la OIT, etc. Pero el famoso problema de “espacio” nos lo impide. Es más, como dijimos al principio, ni siquiera sabemos si esta respetuosa petición de Derecho de Respuesta se ha de publicar, y si así sucede, si lo será completamente, sin corte alguno.
Anticipadas gracias.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
