Según el legislador del Frente Amplio esta acción presentada el 31 de octubre por el abogado Roberto Zamora Bolaños, tiene un propósito congruente con la sentencia unánime de la Sala que declaró recientemente inconstitucional el llamado decreto de armas número 3324-S, por la amenaza a la paz y el daño ambiental que podrían causar los desechos de materiales bélicos.
El diputado Merino dijo que respalda las peticiones de diversas organizaciones cívicas y ciudadanía en general, en el sentido de que la Sala Constitucional, admita y se pronuncie sobre esta acción, ya que el contenido del decreto anulado es similar al texto que persiste en el TLC, donde se incluyen armas de guerra.
El Diputado Merino considera que si persiste el texto agregado en el Anexo mencionado, el país podría ser utilizado para la fabricación e importación de armas, entrando en contradicción con la Constitución de la República.
Para Merino del Río la Sala debe ser consecuente, asegurando que el territorio nacional no sea utilizado para la fabricación de armas, permitiendo que Costa Rica sea consecuente con sus predicados de política exterior a favor de la paz y para la prevención de las guerras.
