Una resolución de la Sala dada a conocer ayer jueves ordena a esas entidades “eliminar los residuos de agroquímicos que tiene el recurso hídrico que abastece las comunidades de El Cairo, Luisiana, La Francia y Milano en Siquirres”.
“La puesta en marcha de un plan único de acción por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) en este cantón, ante la contaminación que ha generado la actividad piñera”, es parte de lo que establece el fallo constitucional.
En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación de estas entidades públicas de atender la situación de contaminación hídrica en estas comunidades caribeñas.
Designa a Salud como ente responsable
“…Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua… Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. “, establecieron las resoluciones.
También designó al Ministerio de Salud como ente responsable del completo cumplimiento del plan único, el cual podrá ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua en el cantón caribeño y deberá informar a la Sala Constitucional en caso de que surja algún obstáculo dentro de su labor coordinadora, señaló un comunicado oficial.
En este sentido, el Ministerio de Salud podría ordenar a las empresas recurridas la prohibición absoluta del uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, en caso de que no cumplan con las órdenes e instrucciones que se le dieran.
Uno de los recursos lo interpuso un hombre de apellidos Calvo Francis a favor de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres contra las autoridades recurridas, precisó la Sala.
“Para estos vecinos la molestia radica en que la plantación piñera se ubica sobre el manto acuífero, cuya naciente nutre el acueducto de las zonas ya mencionadas. Alegaron que el uso de químicos y agrotóxicos han causado una seria afectación al recurso hídrico de la zona, utilizado para el consumo humano. Además que pese a las solicitudes que han realizado ante las instituciones públicas pertinentes, la solución no llega”, advirtió.
Una situación similar expusieron los vecinos de Milano, también de Siquirres. El amparo lo presentó un hombre de apellidos Fallas Rodríguez y otros, al argumentar que los permisos de funcionamiento se le extendieron a la empresa sin tomar en consideración aspectos técnicos, legales y de ubicación de las siembras, con el agravante que no ha tenido acceso de esta información en SETENA, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el AYA ni el MINAET.
Años con el mismo problema en las comunidades
En los últimos meses los vecinos de esa región se han lanzado a las calles en diversas ocasiones debido a la contaminación del agua para el consumo humano.
Los vecinos de El Cairo, La Francia y Luisiana han protagonizado protestas bloqueando la ruta que conduce a Limón, para protestar por la contaminación de sus fuentes de agua por agroquímicos utilizados por las piñeras.
La situación de contaminación del acueducto obligó al gobierno a suministrar agua potable en camiones cisterna hace dos años.
Los habitantes de estas comunidades aseguran que el consumo de agua con plaguicidas ha provocado serios problemas de salud en las comunidades como intoxicaciones, alergias, sarpullidos, gastritis, padecimientos respiratorios y gástricos, abortos, malformaciones e, incluso, cáncer.
Según los vecinos existen estudios que demuestran la existencia de plaguicidas en el agua de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana, pero el gobierno no ha tomado acciones concretas.
Para Mauricio Alvarez de la Federación Ecologista “El AyA no ha tenido voluntad para otorgarles a las comunidades una solución integral, dándole largas al asunto y obligando a la comunidad a pagar una parte de los platos rotos, sin cobrarle a la piñera los daños causados en los acueductos ni mucho menos el enorme gasto realizado por el Estado en la distribución de agua potable en cisterna”.
El comité de vecinos ha exigido “que la administración del acueducto de nuestros pueblos permanezca en manos de la comunidad, bajo la gestión de la ASADA y que AyA muestre voluntad para el seguimiento al proyecto del nuevo acueducto, realice una servidumbre forzosa de acueducto, establezca plazos concretos para el mismo y que asuma los pagos requeridos para comenzar lo antes posible la construcción del proyecto”.
Fuente: Informa-tico. com
Por Irene González Chen