La decisión del Gobierno del Presidente Arias Sánchez de presupuestar para el año entrante 2007, solamente un 4 % de incremento salarial para el Sector Público en cada semestre, representa un golpe durísimo al bolsillo de la clase trabajadora del Estado; la que, inmisericordemente, es sometida un proceso sistemático de empobrecimiento que, a no dudarlo, incrementará el repudio al gobierno y su política neoliberal, que solamente facilita la concentración de la riqueza en pocas manos.
Además, el mensaje enviado con tal decisión es que ya no se cree en los mecanismos del diálogo y de la negociación (típicos de las democracias verdaderas), para que el Estado discuta con las organizaciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, la política salarial en la Administración Pública; optándose, en consecuencia, por un esquema verticalista, de imposición y de exclusión que invita a la rebelión y a la movilización.
Las señoras que cuidan los niños en los CEN-CINAI, la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Tránsito, los obreros olvidados del MOPT, los educadores y las educadoras, las señoras de los comedores escolares, los técnicos y profesionales en distintos campos, los guardaparques, los choferes, oficinistas y secretarias, entre otros segmentos laborales del Sector Público; seguirán siendo víctimas de una política fiscal que prioriza en el éxito financiero de los detentadores de los bonos de la deuda interna; por lo general, grandes capitales muy bien representados, políticamente hablando, en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Costa Rica.
La ANEP incrementará su llamado a la lucha abierta contra el empobrecimiento salarial de estos y de otros segmentos laborales, en el marco de las protestas sociales de octubre próximo; a fin de lograr que en la Asamblea Legislativa se debata, con amplitud, el problema de la restricción y el empobrecimiento salarial que afecta a los sectores laborales del Estado, de ocupaciones altamente sensibles para el desarrollo productivo y social del país, lo que implica garantizar paz y estabilidad institucional.
San José, 4 de setiembre de 2006.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
