El Decreto Ejecutivo No. 33713-MP-PLAN-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 73, del martes 17 de abril de 2007, establece amplia libertad para las reestructuraciones institucionales diseñadas internamente en cada entidad. De hecho, la primera entidad afectada es la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El pasado viernes 4 de mayo, concluyó en ANEP el análisis de esta peligrosa disposición del actual Gobierno de la República, que abre paso para una amplia arbitrariedad en materia de estabilidad laboral en el empleo y, por ende, abriendo camino a una ola de despidos en la Administración Pública. La ANEP estima que este decreto representa una muestra más de despotismo y autoritarismo por parte del régimen de los hermanos Arias Sánchez.
Según el citado decreto, “una vez aprobada la reorganización administrativa de una institución, el jerarca institucional enviará a MIDEPLAN una copia de la estructura aprobada y del estudio técnico que dio lugar a ella, a efecto de que este ministerio disponga de la información que le permita retroalimentar sus instrumentos de asesoría en esta materia”. MIDEPLAN quedará como un depósito de estudios de reestructuración para fines “bibliográficos”.
Los jerarcas podrán despedir personal si cuentan con los recursos para ello, pues quedan autorizados para disponer lo pertinente. La nueva disposición establece que:
“Para la ejecución de los procesos de organización, reorganización, transformación y fusión administrativa de órganos, entes y empresas públicas, los jerarcas institucionales deberán asegurarse de que disponen o dispondrán de los recursos, bienes y servicios que resulten indispensables para la ejecución de esos procesos, +especialmente aquellos recursos que representen medidas de indemnización+”. (subrayado de ANEP. Léase, pago de prestaciones).
Para nadie es un secreto que los cuestionamientos a la calidad y a la oportunidad de los servicios públicos, y los reclamos al deterioro de su eficiencia y eficacia, pasa por la circunstancia de que son los politiqueros de turno (con calificadas excepciones), los que dirigen las entidades de la Administración Pública; tomando decisiones subjetivas, ocurrentes e inapropiadas, en no pocos casos.
Estamos convencidos plenamente, debido a informaciones confidenciales de fuentes dignas de toda crédito y procedentes del seno del mismo gobierno, de que la emisión de este peligroso decreto contra la estabilidad laboral en el empleo público, en el marco de la grave polarización sociopolítica en torno al TLC, se convertirá en una sucia arma de chantaje político para forzar votos a favor del Sí al TLC, a cambio de quedar “fuera” de la reestructuración respectiva (despido).
También esta disposición puede servir para confeccionar “listas negras” de líderes laborales institucionales de abierta oposición al TLC, que podrían quedar “reestructurados” (despedidos), bajo falaces argumentos “técnicos” de fácil elaboración a partir de directrices político-jerárquicas antojadizas, como ya le consta a la ANEP en procesos de naturaleza parecida en administraciones anteriores.
La ANEP ha dispuesto una serie de medidas, en diversos planos, para combatir los efectos perniciosos que se derivan de semejante iniciativa ejecutiva. Entre las mismas están:
– Análisis jurídico de la misma y eventuales acciones en sede constitucional contra el decreto cuestionado.
– Amplia divulgación para la plena información de la población laboral potencialmente afectada.
– Promoción de una acción unitaria intergremial para crear un frente de lucha unificado.
– Fomentar más la organización sindical de base, local y regional, para la protección contra los abusos jerárquicos que se derivarán de una aplicación subjetiva de los alcances de esta normativa arbitraria.
– Fomento urgente de la suscripción de Convenciones Colectivas de Trabajo, mecanismo laboral que puede atenuar el impacto del autoritarismo institucional en materia de estabilidad laboral.
– Crear las condiciones para la movilización laboral en contra de la misma.
– Preparación de denuncias en el plano internacional en varias instancias competentes, entre ellas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
San José, 7 de mayo de 2007.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
_____________________________________________________________
En ARCHIVOS ADJUNTOS puedes ver el Decreto completo del “régimen de los Arias” (ver páginas 5 y 6)
